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En las dos últimas semanas, el Departamento Administrativo de Función Pública comenzó a bajar las copias de las declaraciones de renta de altos funcionarios del Gobierno. Como El Espectador había revelado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les ordenó “encriptar o anonimizar” la información financiera de los empleados públicos, a pesar de que desde 2019 esos datos son de acceso y consulta libre por la Ley 2013 (Ley de Bienes y Rentas) que se sancionó en el Congreso después de la fallida consulta anticorrupción.
En otras palabras, desde 2019 los colombianos podían consultar, a través de internet, cuál era el patrimonio de los dirigentes año a año, conocer sus ingresos y deudas, como acto de transparencia. Uno de los arquitectos de esa ley fue el politólogo Fernando Segura, exdirector de Participación y Transparencia de Función Pública, quien aseguró que la decisión de la SIC va en contravía de un mandato del Congreso.
En diálogo con este diario, el politólogo explicó las implicaciones que tiene no poder conocer la información de renta de los dirigentes, a un mes de las elecciones regionales y cuando muchos de los candidatos han ocupado cargos directivos en el Gobierno. Según él, la decisión representa un retroceso a las acciones de transparencia en el país.
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Hay una resolución de la Superintendencia que contradice una ley. ¿Eso qué significa para ustedes, que impulsaron esa iniciativa en el Congreso?
Es muy grave lo que está pasando. Aquí lo importante es entender que la información que estaba publicada, que eran los documentos de declaración de renta y complementarios de la DIAN, es la que desapareció, a pesar de que la Ley de Bienes y Rentas dice que se debe cargar una copia digital de ese documento para que sea de acceso público. Hay que tener en cuenta que un mandato de una ley solo puede ser derogada por otra ley o por la Corte Constitucional, no por una resolución. Y en este caso no hay ninguna de las dos figuras.
La SIC dice que la información de renta es privada, ¿por qué ustedes lograron probar que era de interés público?
Si bien la Superintendencia tiene autoridad en materia de protección de datos y puede emitir recomendaciones a las autoridades, esta información solo es privada para personas naturales. Pero en el caso de directivos o de altos servidores públicos, como lo son los congresistas, los ministros, directores de entidades o el mismo presidente, la información pierde la naturaleza de privada y pasa a ser publicable y de divulgación.
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Esa ley, de hecho, surgió de la consulta anticorrupción que no alcanzó su umbral en 2018, y que busca que esta información sea pública, porque es importante para la ciudadanía saber cuáles son los recursos que tiene un gobernante, cuál es su patrimonio y el de sus servidores. Además, es posible hacer comparaciones que permitan identificar cambios injustificables en su patrimonio desde que llegó a un cargo, si han tenido cuentas o no en el exterior, saber cuáles son sus conflictos de intereses, etc. Es una herramienta de control ciudadano.
¿Y usted cree que es riesgoso que esa información esté pública, como lo argumenta la SIC?
No, porque allí no se publican datos más sensibles como direcciones personales o datos de las propiedades de los funcionarios. Esa información no es pública y es la que podría generar un riesgo. En este caso las autoridades deben revisar que hay una ley que, de forma particular, exceptúa una información para un grupo de servidores públicos.
¿Qué repercusiones tiene esta resolución en medio de elecciones?
Eso sirve para hacer veeduría para gobernantes, diputados, concejales y alcaldes que están entregando sus cargos. La ley justamente comenzó a surgir pocas semanas antes de la posesión de mandatarios regionales, entonces un ciudadano puede tener un panorama del patrimonio de sus gobernantes. Pero no se va a poder hacer ese ejercicio de veeduría para este final de mandato y que los colombianos sepan si sus gobernantes mantuvieron sus ingresos, beneficiaron a alguien de forma particular y tomaron decisiones objetivas. El costo más alto es no poder tener la fotografía del patrimonio de los políticos y no poder hacer veeduría para estas elecciones.
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¿Y a quién le podría incomodar esta información?
No es fácil afirmar a quién le incomoda algo. Esto más bien responde muchas veces a que, tradicionalmente, en Colombia esta información antes no era pública y hay gente que le parece que no debería publicarse por protección de datos, pero no significa un riesgo real.
Uno de los puntos de la discusión es si la Superintendencia tiene competencia para emitir esa orden…
Exacto. Lo que debería hacer la Superintendencia, si considera que el mandato del Congreso es inconstitucional, es acudir a una demanda de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Por ahora la Procuraduría debe investigar por qué una entidad le ordenó a otra dejar de publicar información que, por mandato, es pública. Eso es lo que debe pasar.
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