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Definido lo del contralor general, el jueves pasado, los partidos con asiento en el Congreso de la República enfilan ahora baterías para la que será la segunda medición de fuerzas: la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata del máximo tribunal electoral del país, al que mucho quieren reformar cambiándole su origen político, pero lo cierto es que, mientras no se cambien las normas, al menos por una vez más serán los senadores y representantes a la Cámara los que elegirán a sus nueve magistrados para un período de cuatro años, teniendo en cuenta la cifra repartidora de los comicios de marzo pasado. El cronograma establecido por las mesas directivas del Legislativo señala que hasta el pasado miércoles 17 de agosto había aplazo para postular candidatos y que la elección se hará este martes 23.
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Solo que, contrario a lo sucedido en años pasados, cuando los partidos tradicionales tenían las inmensas mayorías y ponían las fichas a su antojo, las llamadas fuerzas progresistas y de centro-izquierda podrán acceder a más cupos por el número de curules que hoy ostentan. De hecho, las cuentas que se hacen están así: el Pacto Histórico tiene 49 escaños entre Senado y Cámara; el partido Liberal, 46; los conservadores suman 40; el Centro Democrático, 28; Cambio Radical, 30, y el Partido de la U tiene 25 curules. Al aplicar la cifra repartidora, a los del Pacto y los liberales les alcanzaría para dos cupos en el CNE y los demás tendrían de a uno. Además, el Estatuto de Oposición estipula que quienes opten por esa posición tienen derecho a un puesto en el Tribunal Electoral, lo cual implica otro hecho a dirimir, pues en este caso sería para el Centro Democrático.
Un dato clave: existe la opción de hacer alianzas para presentar las planchas entre dos o más colectividades. Y hay que mencionar que el partido Comunes ya definió que Pablo Cruz seguirá siendo su magistrado en el CNE, con voz pero sin voto, gracias al cupo que le dio el Acuerdo de Paz. Así las cosas, el otro cálculo que se hace es que para acceder a una silla en el máximo tribunal electoral para el período 2022-2026 se requieren al menos 32 votos. Lo cierto es que desde hace varios días se vio un verdadero desfile en las sedes de los partidos de muchos de los que aspiran a llegar a esos puestos y ya hay una lista de 26 inscritos. Esta semana, por ejemplo, el partido Liberal definió que sus dos candidatos son Benjamín Ortiz Torres y Altus Baquero. El primero es el secretario general del registrador Alexánder Vega y el segundo es también el secretario de la Defensoría del Pueblo. Como segundas opciones, los rojos inscribieron a Harry Giovanni González y Ángel María Preciado.
El Polo Democrático, uno de los partidos pilares de la coalición del Pacto Histórico, apostó duro y tiene cinco personas postuladas: Alba Lucía Velásquez Hernández, exprecandidata a la Gobernación de Cundinamarca; Jairo Fabián Corzo, abogado santandereano y quien ha trabajado junto a David Racero, presidente de la Cámara; Xinia Rocío Navarro, exconcejal de Bogotá y exsecretaria de Integración Social del Distrito en la administración de Claudia López; Miguel Ángel Garcés Villamil, exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Villavicencio, y Junio Aurelio Fernández. Por este sector de los progresistas o alternativos también aparecen en la lista Álvaro Echeverry Londoño, exrepresentante legal del Partido de la U y muy cercano a Roy Barreras, presidente del Senado, y Fabiola Márquez Grisales, exasesora de la Alcaldía de Bogotá, los dos a nombre de los movimientos Mais, Unión Patriótica (UP), Alianza Democrática Amplia (ADA) y Colombia Humana.
El partido ASI tiene inscrito a Diego Angelillis Quiceno, abogado oriundo de Manizales, mientras que el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) postuló a Luis Carlos Erira, nacido en el departamento de Nariño y miembro de la comunidad indígena Gran Pueblo de los Pastos, resguardo de Aldana. Es abogado de la Universidad Nacional y especialista en derecho administrativo y derecho policivo. Por otra parte, Luz Mery Amparo Anzola González, quien ha sido funcionaria del Ministerio del Trabajo, aparece inscrita por el Comité Político Nacional Liberal y José Castro San Juan por el senador Gustavo Moreno Hurtado, de la Alianza Verde. Hablando de los verdes, sus dos candidatos son Cristian Ricardo Quiroz Romero, abogado santandereano y secretario jurídico de la colectividad, y Ana Carolina Osorio, abogada y asesora independiente de varias empresas privadas.
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En cuanto a los otros partidos tradicionales, además del Liberal, los conservadores tienen a Alfonso Campo Martínez, Esperanza Andrade Serrano y Ludy Mercedes Arenas Hernández. El primero es el saliente director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la segunda fue senadora y aunque intentó repetir curul, no lo logró. Y la tercera fue directora de Asuntos Religiosos en el pasado Ministerio del Interior y estuvo como aspirante a la Registraduría. Por Cambio Radical, sus cartas más duras para llegar al CNE son el exrepresentante a la Cámara César Lorduy Maldonado, otro de los “quemados” en las pasadas elecciones, y Luis Mario Hernández, quien ha estado vinculado a la Dirección Jurídica del partido. En la U, sus fichas son la exsenadora Maritza Martínez y Christian José Moreno Villamizar, exrepresentante a la Cámara por el Cesar. Por último, las cartas del Centro Democrático son los también exrepresentantes Álvaro Hernán Prada, del Huila, y Diego Javier Osorio, del Quindío.
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