
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En carta enviada al ministro de las Tecnologías de la Información (TIC), David Luna, el senador Jorge Enrique Robledo rechazó la lentitud de dicha cartera en las gestiones para la reversión en favor de la Nación de los activos de las concesiones de celulares de Claro-Comcel y Telefónica, que según la Sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional “son propiedad del Estado desde 2014, una vez vencieron los contratos”.
El congresista se refirió a la columna de Felipe Zuleta en El Espectador, en la que se cuestiona “la parsimonia” del Ministerio en este caso, que incluso es señalando podría ser “el Reficar de las TIC”. “El caso reviste la mayor gravedad, pues, según los estados financieros de Claro-Comcel y de Telefónica, está en juego una suma del orden de $11 billones. Y agrava las cosas que el Ministerio de las TIC no haya actuado con la diligencia debida, en acatamiento de la Sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional, la cual estableció, fuera de toda duda, que dichos activos tienen que revertir a la a la Nación”, dice la misiva.
Y agrega Robledo: “Llama la atención el total desinterés por el caso del anterior ministro de las TIC, doctor Diego Molano, quien no hizo nada para que la reversión se diera, y que usted, señor ministro, solo actuara luego de las críticas del doctor Zuleta. Porque la Corte Constitucional emitió su fallo en 2013 y apenas ahora el Ministerio de las TIC convocó a un tribunal de arbitramento sobre este importante asunto. Y si los contratos terminaron en marzo de 2014, es inaceptable que estas multinacionales sigan explotando esos bienes sin pagarle nada a la Nación, cuando en los contratos de las concesiones suscritas en 1994 quedó clara la reversión de los bienes al patrimonio nacional”.
El senador del Polo Democrático también explicó que en el caso de Claro-Comcel esos activos fueron vendidos a un tercero, a pesar de no ser de su propiedad, y en el de Telefónica-Telecom, de la que la Nación es socia, no se sabe cómo se contabilizaron para definir la participación accionaria de la multinacional española y de la Nación.