«El sistema de inteligencia está descuadernado»

C.O.T.- Se informó que el debate se suspendía por segunda vez. ¿Es cierto? 

J.L.- Sí. Recibimos excusas del almirante relacionadas con viajes al exterior, pero él ha dicho que irá el próximo martes. Ya no habrá disculpa satisfactoria para dejar de asistir. El debate exige respuestas sobre las políticas y el manejo que se les está dando a los documentos y a los aparatos de inteligencia y contrainteligencia, y, en general, a la forma como se ha organizado el sistema nacional que se ve descuadernado. Además, hay unas quejas puntuales sobre ‘chuzadas’ a periodistas que también hay que dilucidar.

C.O.T.- ¿Por qué cree que el sistema está “descuadernado”?  

J.L.- Eso es lo que se concluye de las respuestas que dieron los funcionarios de los diferentes organismos a los cuestionarios que les envié con preguntas sobre el tema. No encuentro una estrategia compartida entre las distintas instancias que tienen competencia en esas labores.

C.O.T.- ¿Usted espera que los organismos de inteligencia le revelen datos probablemente reservados? 

J.L.- Claro que no. Con el debate pretendemos que se haga, como sucede en todas las democracias, total claridad sobre la forma como opera el sistema y sobre los procedimientos que se utilizan para garantizar la seguridad nacional sin violar los derechos de las personas. No existe una coordinación real y eficaz de las entidades que trabajan en este campo, lo que es muy riesgoso para el país, para los ciudadanos y para el propio Gobierno.

C.O.T.- Usted, en particular, pero también los otros miembros de la Comisión Segunda parecen estar preocupados por la forma como se está adelantando la liquidación del DAS. ¿Cuáles inquietudes tienen? 

J.L.- Muchas. La Procuraduría ha iniciado una investigación sobre la guarda y custodia de los archivos del DAS, de los datos contenidos en esos archivos y de la integridad de la información. Lo que podría estar ocurriendo es grave porque, según se dijo en el debate, parte de esa documentación está extraviada. Resulta muy peligroso que de un DAS liquidado por sus escándalos, pasemos a más de media docena de entidades pretendiendo realizar labores de inteligencia e interceptando gente.

C.O.T.- Aunque sea sólo una posibilidad, eso que usted plantea es muy delicado. ¿Por qué cree que “media docena de entidades” podrían estar interceptando?

J.L.- Porque así nos lo han informado. En la Comisión Segunda se dijo que el DAS en liquidación había traspasado equipos de rastreo de comunicaciones a la nueva Dirección. Para mi sorpresa, también se nos informó que parte de esos aparatos, algunos de los cuales habían sido adquiridos por el DAS poco antes de que se supiera que iba a ser liquidado, fueron repartidos entre las divisiones de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea. Como le he dicho, no tengo evidencia de que se hayan estructurado procedimientos para verificar, en términos jurídicos, su uso adecuado ni para garantizar la compatibilidad tecnológica de las plataformas que cada organismo maneja. A todo esto súmele los rumores sobre equipos ‘fantasma’ que habrían llegado a Colombia en el pasado y de los cuales no habría registro alguno.

C.O.T.- ¿Cree que hay equipos de interceptación sin registro oficial?

J.L.- Deplorablemente sí y de eso se habla desde hace mucho tiempo.

C.O.T.- Aun reconociendo la gravedad de la decisión de repartir equipos de inteligencia sin ton ni son, eso no indica por sí mismo que haya interceptaciones ilegales. ¿Por qué lo supone?

J.L.- Porque hay denuncias públicas al respecto. La que hicieron los periodistas Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez fue concreta y se refería a la grabación de una llamada entre ellos y el procurador Ordóñez. Las respuestas de esos organismos, en este caso, no han sido satisfactorias. Ya la Fiscalía llamó a responder a un subdirector de la Dirección de Inteligencia.

C.O.T.- A propósito, la masiva operación ilegal de las ‘chuzadas’ del DAS en época de los dos gobiernos de Uribe fue lo que le dio el puntillazo final a esa entidad. ¿Por qué ni el Congreso ni usted se preocuparon entonces por el manejo de la inteligencia en el país?

J.L.- En ese momento yo no era senador. Era ministro de Ambiente. Pero cualquiera que sea el cargo que ocupe, siempre rechazaré el método de ‘chuzar’ ilegalmente y pediré que se apliquen las sanciones más severas a los responsables, sean ellos quienes sean. Mi opinión es que, descubiertas las irregularidades, el presidente Uribe ha debido, él mismo, tomar la decisión de liquidar el DAS. Como todos sabemos, parte de esos hechos están todavía haciendo tránsito judicial. Esperamos que se fallen con prontitud.

C.O.T.- Con todo el desorden que usted y otros senadores de la Comisión Segunda denuncian, ¿cree que el remedio de cerrar el DAS terminó siendo peor que la enfermedad de tenerlo abierto?

J.L.- Esa preocupación existe y es, precisamente, la que debe despejar el almirante Echandía. Soy sincero: hasta el momento no veo un liderazgo que pueda garantizar la coherencia del trabajo y la transparencia que requieren los procesos de seguridad del Estado. Hay que decir, también, que es muy poco lo que se ha reportado públicamente sobre la Dirección Nacional de Inteligencia desde su creación. En cambio sí ha habido denuncias y señalamientos que involucran, como sostuve, la intervención de la Fiscalía y la apertura de una investigación en la Procuraduría.

C.O.T.- ¿Qué sabe usted y cuánta importancia tendrá en la citación del próximo martes la creación de un sistema que se conocerá con el nombre de Puma y que será manejado exclusivamente por la Policía de manera paralela al de la Fiscalía General?

J.L.- La única plataforma de interceptaciones en Colombia autorizada por la ley, hasta el momento, se llama ‘Esperanza’ y está bajo el control de la Fiscalía. Lo que me han dicho es que como ‘Esperanza’ copó su capacidad, se requería un nuevo sistema. Creo que si es necesario ampliar la capacidad del sistema, el Estado lo debe permitir, pero de manera coordinada y legal. Eso significa que la Fiscalía General de la Nación se mantenga como autoridad única para ordenar las interceptaciones dentro de los procesos judiciales. 

C.O.T.- Usted cree que las respuestas a los interrogantes que les ha formulado a varios entes oficiales no son totalmente claras. ¿Encuentra contradicciones entre unas y otras?  

J.L.- Creo que hay contradicciones, falta de información precisa y ausencia de consistencia en las repuestas. Aunque en un principio me habían dado a entender que el montaje del sistema Puma estaba muy avanzado, recientemente contestaron que apenas se estaba contratando su tecnología. Ese proceso debe ser transparente tanto en la selección de los equipos como en la de los proveedores.  

C.O.T.- Pese a lo que le han dicho a usted, se sabe en algunos círculos que Puma está avanzado y que ese proyecto no contó con el acuerdo previo ni con el conocimiento del fiscal Montealegre. Si le hubieran mentido a usted u ocultado información, y a través suyo al Senado, ¿qué repercusiones tendría ese hecho? 

J. L.- Sería muy grave e implicaría enormes responsabilidades de los funcionarios que firman las respuestas. Habría que entrar a establecerlas con la Fiscalía y con la Procuraduría. Además, se trataría de un caso inaceptable de burla al ejercicio del control político que le corresponde al Congreso frente a las entidades del Gobierno.  

C.O.T.- la UIAF, agencia especializada de inteligencia del Estado para asuntos financieros y lucha contra el lavado de activos, ha sostenido un intenso debate con la Contraloría General porque ésta le exige que le entregue datos que tiene sobre ciertos funcionarios. Por su parte, el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, se ha negado argumentando que es información reservada. ¿Quién tiene la razón, a su juicio? 

J.L.- Este es otro capítulo derivado de la falta de claridad en el manejo de la política de Estado sobre los asuntos de inteligencia. Hay una gran confusión sobre el tema a pesar de que dos decisiones judiciales hasta ahora le han dado la razón a la Contraloría. El director de la UIAF ha dicho que su temor proviene de lo que sucedió con su antecesor, Mario Aranguren, quien ha estado preso y se encuentra envuelto en un proceso penal, precisamente por entregar información de esa entidad. Los jueces deben resolver definitivamente el caso y aclarar, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Inteligencia, cuáles datos se pueden entregar sólo con orden de juez y cuáles pueden circular en los organismos con funciones judiciales y de control.  

C.O.T.- Seriamente, ¿ve en peligro algunos derechos fundamentales de los colombianos por la falta de criterios jurídicos y de unidad de procedimientos de las agencias estatales de seguridad?

J.L.- Sin duda. Este galimatías pone en peligro la seguridad nacional de un lado y la intimidad de las personas, del otro.

C.O.T.- ¿En el debate del martes, ¿se restringirá el acceso de los medios y periodistas como están solicitándolo los funcionarios que ustedes interrogarán? 

J.L.- Me opuse a que ese debate sea reservado. Los colombianos tienen derecho a conocer lo que discutiremos sobre esta materia tan delicada. En las ocasiones anteriores sólo aceptamos, de manera excepcional, la reserva que pidió el ministro Pinzón (de Defensa) cuando tocamos el tema de los misiles que tienen las Farc.

¿Puma, el sistema de interceptaciones sin control?

Sin mucho debate jurídico ni público, la Policía está construyendo un nuevo sistema de interceptaciones al que denominó Puma (Plataforma Única de Monitoreo y Análisis). Su implementación se adelanta pese a que la Constitución, varias sentencias de la Corte y la propia ley ordenan que las labores de inteligencia que impliquen interrupción de derechos civiles, como el de intimidad, protección de comunicaciones y reserva de datos, sean realizadas bajo el control exclusivo de la Fiscalía General y sólo mediante orden de juez. Precisamente para garantizar la legalidad de esas operaciones, el único sistema establecido hasta el momento en el país funciona en el ente investigador y es conocido como Esperanza. Sin embargo, Puma se inició sin conocimiento ni consentimiento del fiscal Eduardo Montealegre. Ante preguntas del senador Lozano, la Policía respondió que dicho proyecto requiere “una infraestructura tecnológica y física para un data center de 400 metros cuadrados… un módulo de interfaz gráfica para la visualización de los medios interceptados, un módulo para interceptación de voz y datos móviles, otro para interceptar datos de los proveedores de servicios de internet (ISP), módulos de localización, 300 estaciones de trabajo distribuidas en Bogotá y 400 en el resto del territorio nacional”.

UIAF vs. Contraloría, por supuestos datos de reserva

La  polémica que ha sostenido la contralora Morelli con Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde cuando funcionarios de la primera le pidieron al segundo entregarles datos recopilados por su entidad, no es ajena a la discusión sobre cómo se maneja en Colombia el sistema de inteligencia e interceptaciones. Morelli insiste, y ha ganado en dos instancias judiciales, que la UIAF debe darle los documentos que solicite porque su organismo ejerce labores de fiscalización. Suárez se ha negado y espera la decisión de última instancia en el Consejo de Estado, porque según él, esos datos son reservados y sólo pueden ser cedidos previa orden de un juez. El antecesor de Suárez, Mario Aranguren, estuvo preso y todavía tiene proceso abierto por haberle cedido al DAS información sobre unos magistrados de la Corte Suprema. Paradójicamente, cuando surgió el escándalo del carrusel de las pensiones, la Contraloría le pidió a la UIAF los reportes bancarios, registros de notarías, relación de vehículos y divisas de varios togados titulares y auxiliares del Consejo de la Judicatura, y de unas de sus esposas e hijos. Entre otros, Julia Emma Garzón, José Ovidio Claros, Henry Villarraga y Temístocles Ortega (actual gobernador del Cauca).

¿Puma, el sistema de interceptaciones sin control?

Sin mucho debate jurídico ni público, la Policía está construyendo un nuevo sistema de interceptaciones al que denominó Puma (Plataforma Única de Monitoreo y Análisis). Su implementación se adelanta pese a que la Constitución, varias sentencias de la Corte y la propia ley ordenan que las labores de inteligencia que impliquen interrupción de derechos civiles, como el de intimidad, protección de comunicaciones y reserva de datos, sean realizadas bajo el control exclusivo de la Fiscalía General y sólo mediante orden de juez. Precisamente para garantizar la legalidad de esas operaciones, el único sistema establecido hasta el momento en el país funciona en el ente investigador y es conocido como Esperanza. Sin embargo, Puma se inició sin conocimiento ni consentimiento del fiscal Eduardo Montealegre. Ante preguntas del senador Lozano, la Policía respondió que dicho proyecto requiere “una infraestructura tecnológica y física para un data center de 400 metros cuadrados… un módulo de interfaz gráfica para la visualización de los medios interceptados, un módulo para interceptación de voz y datos móviles, otro para interceptar datos de los proveedores de servicios de internet (ISP), módulos de localización, 300 estaciones de trabajo distribuidas en Bogotá y 400 en el resto del territorio nacional”.