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Pasaron exactamente tres años para que la Procuraduría fallara, en primera instancia, en contra de Jorge Iván Ospina por la realización de la Feria de Cali en 2020 y sus elevados costos ($11.955 millones) para un evento que fue virtual en su totalidad. La sanción del ente de control llegó justo el 25 de diciembre pasado, en medio de la inauguración de la feria de este año y determinó que, a seis días de terminar su mandato, el alcalde sería suspendido por cuatro meses para ejercer cargos públicos.
En ese mismo fallo, la Procuraduría inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos a José Darwin Lenis, exsecretario de Cultura de la ciudad —cuando se ejecutó la feria virtual— y actual secretario de Educación del distrito.
Aunque de manera unánime la oposición asegura que la sanción llegó tarde, lo cierto es que la administración de Ospina termina con varias inconsistencias y graves denuncias de posibles hechos de corrupción, desde hechos relacionados con la feria, hasta el escándalo de Emcali. De hecho, solo en Procuraduría, Ospina tiene más de 10 investigaciones en curso a la espera de algún resultado.
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Si bien el mandatario aseguró que la decisión del ente de control pretendía “dañar el futuro y amargar el diciembre”, hasta lo relacionó con su supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro, lo cierto es que concejales del mismo partido de Gobierno han sido críticos con su administración y celebraron la decisión. Ana Erazo, concejal del Pacto Histórico, aseguró que la salida de Ospina del poder estuvo marcada por al menos cuatro hechos irregulares en su administración.
“Las irregularidades más importantes estuvieron sin duda en Emcali y los escándalos de adquisición de equipos que terminó con la salida del gerente Juan Diego Flórez. También en la secretaria de deporte, en la secretaria de movilidad con la Semaforización Inteligente y todo lo relacionado con los proyectos movilizadores del empréstito que presentaron sobrecostos y atrasos”, afirmó.
El primer caso al que se refiere fue el de sobrecostos en un contrato celebrado entre las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Unión Temporal AMI para la compra de dispositivos como televisores, sillas ergonómicas de oficina, estaciones de trabajo y otros elementos tecnológicos.
El dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, denunció en septiembre de 2022 que los televisores, por ejemplo, habían sido cobrados a más de $42 millones —mientras uno en el mercado no sobrepasaba los $6 millones—. La denuncia también incluía sobrecostos en sillas ergonómicas, pagadas por más de $17 millones cada una, pantallas led de $700 millones y teléfonos de oficina por más de $1,3 millones.
Esa denuncia, en su momento, terminó con la salida del entonces gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, quien renunció a su cargo pocos días después de las denuncias. Para esa época, varios senadores del Valle, incluso cercanos a la izquierda, le pidieron la renuncia a Jorge Iván Ospina. Uno de ellos fue Alexánder López, del Polo Democrático: “Ese alcalde ya no le da garantías a Cali ni a los cerca de dos millones y medio que están reclamando”, dijo en su momento. Por este caso, la Contraloría también abrió una indagación.
Ese ente de control también advirtió que hubo otras irregularidades en contratos del alumbrado público del 2020. Apenas en septiembre de este año, hizo dos hallazgos por “presunta incidencia disciplinaria y presunta incidencia penal” por la ejecución de un contrato de $24.000 millones, sobre el que se adicionaron $12.000 millones.
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La Fiscalía también tiene un expediente abierto por irregularidades en contratos hechos por Emcali —el que el alcalde es miembro de la junta directiva—. El próximo 29 de enero, tanto él como el exdirector, Juan Diego Flórez, están citados a una audiencia de imputación de cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Elmer Montaña, excandidato a la alcaldía y vocero del colectivo Control Ciudadano, en su momento aseguró que el contrato fue irregular, entre otras cosas, porque “luego subcontrataron con terceros y no cumplieron con los requisitos legales para la ejecución del alumbrado público en 2020″.
Los otros escándalos de Ospina
Apenas dos semanas antes de finalizar su administración, la Procuraduría también sancionó e inhabilitó por diez años a Luz Marina Cuéllar, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Cali y exjefe de prensa de la administración de Ospina en 2008.
El documento con el que se le formuló pliego de cargos a Cuéllar determinó que hubo irregularidades en la celebración de contratos directos en medio de la pandemia. De acuerdo con la Personería, “presuntamente se certificó los requisitos de idoneidad y experiencia de influenciadores con los que se suscribió un contrato para la difusión de contenido a través de redes sociales”.
El Ministerio Público señaló que Cuéllar “habría celebrado negocios jurídicos para la prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con personas que no acreditaron un saber determinado ni la culminación de un programa en una institución de educación superior”.
Durante su Gobierno, otra de las políticas que le hizo oposición fue Diana Rojas, exconcejal y excandidata a la Alcaldía, quien dice que el alcalde “se va por la puerta de atrás” por los procesos disciplinarios y penales en su contra. “Jorge Iván Ospina termina su mandato suspendido, su secretario de Educación está inhabilitado, su exjefe de Comunicaciones, inhabilitada. Y su secretario de Cultura denunciado por abuso sexual”.
Otro de los escándalos que reventó en su último año de Gobierno fueron las denuncias por la contratación con personas que serían cercanas o familiares al alcalde. La Procuraduría tiene otro proceso en su contra porque su exesposa, Marcela Patiño, es asesora del proyecto Cali Inteligente. La misma funcionaria dirige varias obras en la administración como el icónico proyecto de la restauración de Cristo Rey y el Bulevar del Oriente, que hace poco inauguró Ospina junto al presidente Gustavo Petro en el Distrito de Aguablanca y que costó casi $30.000 millones.
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Varios de esos procesos de licitación, de hecho, pasan por la secretaría de Vivienda, que actualmente está bajo el mandato de Martha Liliana Hernández, exesposa de Mauricio Ospina, hermano del alcalde, exjefe de la campaña de su hermano y de quien han recaído varias denuncias de los sindicatos de Emcali por su supuesta injerencia en la entidad.
El diario El País de Cali reveló que el primo del mandatario, Christian Moreno, es propietario de la empresa Esdras MD Ingeniería SAS, desde la que se ha licitado con el municipio en contratos que sobrepasan los $63.000 millones a través de once contratos en varias secretarías.
En respuesta a este diario, el alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que “servidor público que en Colombia, que no sea investigado, no está en Colombia (…) Desafortunadamente se ha orientado a que los órganos de control son una herramienta para construir falsas apreciaciones sobre los gobernantes, matrices de daño reputacional y acoso”. Ante la pregunta de si creía que la Procuraduría, Fiscalía o Contraloría estaban politizadas, contestó que “quisiera no pensarlo”.
Para Ospina, “ser seguidor y amigo de Petro no puede ser un delito (…) Sospecho que después de que viene el presidente a la inauguración de obras en Cali es cuando viene una seguidilla de asuntos ridículos”. El alcalde saliente rechazó que su administración haya estado inmersa en actos de corrupción. Y dijo que hay funcionarios en esas instituciones que “se prestan para la práctica manipulada y politizada”.
Aunque hace varios días se viene rumorando de su posible salida del país una vez termine su mandato, contestó que “no tengo la idea de irme, pero sí creo que hay una seguidilla del daño reputacional a partir de la construcción mediática, de investigaciones anunciadas que luego salen a nuestro favor y que podrían significar una construcción violenta para mí y mi familia”.
Pero las denuncias en su contra no fueron únicamente cifras o datos, sino que le costaron la reputación. Se reflejó en las encuestas de desaprobación de su gestión que hizo Invamer en el último semestre del año. En la más reciente, revelada el pasado 13 de diciembre, Ospina tenía una desaprobación del 73 %, el segundo alcalde con mayor descontento sobre su gestión del país, apenas después de Daniel Quintero (74 %).
Entre junio y agosto, Ospina llegó a un 77 % de rechazo entre los ciudadanos. Aunque el alcalde considera que todo fue una estrategia y dice que fue “una seguidilla de daño reputacional a partir de la construcción mediática”, lo cierto es que sale su Gobierno como uno de los alcaldes más desaprobados del país. Y a pesar del fallo de la Procuraduría en primera instancia, terminará su mandato el próximo domingo, 31 de diciembre. “Terminaremos gobierno, lo que seguramente los constructores de maldad pretendían dañar hace mucho tiempo”, enfatizó.
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