El último aliento para Santos en el Congreso

Con varios temas de la implementación de los acuerdos de paz aún pendientes, otras iniciativas de carácter económico, jurídico y social en trámite, además de la llegada de una ardua discusión —la eliminación de los tres ceros en el peso colombiano—, el Congreso de la República comienza hoy el último período de sesiones correspondiente a la legislatura 2014-2018. Un período atípico, dicen los expertos, en el que la historia muestra que por lo general reinan la apatía y el ausentismo, pues varios de los actuales legisladores se “quemaron” en los comicios del 11 de marzo, algunos no se postularon a la reelección y la gran mayoría estará más pendiente de la campaña presidencial que de otra cosa.

Con un ingrediente adicional: son apenas tres meses de labores, hasta el 20 de junio. Un mes después se instalará el nuevo Congreso, 2018-2022. En estos momentos, con el 99 % de las mesas informadas por parte de la Registraduría, se observa que de los 102 senadores que actualmente tienen una curul, 27 la perdieron, 42 repiten y 33 no inscribieron su candidatura. 65 serán los nuevos. Opción Ciudadana, partido que hoy tiene cinco sillas, ya sabe que no tendrá representación en el Senado en el próximo cuatrienio. En la Cámara, de los 166 que componen hoy la corporación, solo 52 fueron reelegidos y serán 113 los nuevos representantes. La renovación será del 68 %.

Así las cosas, son tres meses para un trabajo contrarreloj, se podría decir, si nuestros congresistas quieren. El problema radica en que en el actual escenario electoral de la carrera por la primera magistratura del Estado, las fuerzas políticas se vienen reacomodando y eso, sin duda, tendrá influencia en la labor legislativa. Por ejemplo, la posibilidad de que se dé un alineamiento entre el Centro Democrático, principal partido de oposición al presidente Juan Manuel Santos, y el Partido Conservador o incluso el de la U, que han acompañado al Gobierno en estos ocho años de mandato, altera el equilibrio de los apoyos en el Capitolio. Ello, sumado a que Cambio Radical y hasta los liberales también han marcado distancia de la Casa de Nariño, mostrándose críticos frente a temas coyunturales.

Por eso, el futuro de los proyectos que se desprenden de los acuerdos firmados con las Farc y que siguen aplazados es incierto. En total, son ocho las iniciativas que quedaron pendientes hacia finales del año pasado, al término del fast track, el mecanismo establecido para agilizar su trámite. Cuatro de ellos tienen que ver con la implementación normativa del punto uno, el de la reforma rural integral, asunto fundamental para superar los más de 50 años de guerra, y que apunta a sentar las bases para la transformación estructural del campo. Los otros cuatro se refieren a la modificación de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la reforma a la Ley de Garantías, el tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores de plantas ilícitas y el fortalecimiento de la investigación, judicialización y sometimiento a la justicia de las llamadas bandas criminales (bacrim).

Las iniciativas relacionadas con la reforma rural son: regulación del servicio público de adecuación de tierras, creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, adjudicación de baldíos en reservas forestales y regulación del Sistema Nacional Catastral Multipropósito. De estas, las dos primeras ya fueron aprobadas en comisiones quintas conjuntas de Senado y Cámara. Pero completar su trámite no será un camino despejado, pues en lo que tiene que ver con la adecuación de tierras, proyecto que apunta a “mejorar la productividad del sector agropecuario, haciendo un uso eficiente y sostenible de los recursos suelo y agua”, la decisión del Gobierno de incluir el pago por las obras ejecutadas a los campesinos beneficiados genera rechazo hasta de los partidos que apoyan la paz.

Baldíos

Un proyecto que también levanta ampolla es el de la adjudicación de baldíos en reservas forestales. El objetivo, según ha dicho el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, es impulsar la conservación y la restauración de los bosques a través del desarrollo de iniciativas asociadas al manejo forestal sostenible, a través de prácticas forestales, agroforestales, silvopastoriles. “Se espera generar cerca de dos millones de hectáreas que están en zona de frontera agrícola y que nos van permitir cerrar esa frontera para garantizar acceso a la tierra, pero también impulsar actividades productivas en manejo forestal sostenible, en producción de los bosques, en generación de parcelas agroforestales y silvopastoriles”, explicó. Los críticos dicen que lo que se hará será legalizar la ocupación ilícita de esas zonas de reserva y, para el uribismo, lo que se quiere es consolidar uno de los objetivos de las Farc: ocupar el territorio.

Temas prioritarios para el Gobierno, al que en su recta final le apremia dejar unas bases sólidas de implementación de los acuerdos de La Habana ante la eventualidad de que quien lo suceda en el poder sea contrario a estas políticas y busque hacerlos trizas o reformarlos en su esencia, así se hable de que son pactos de Estado de obligatorio cumplimiento. En este sentido, la modificación de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se hace prioritaria, pues es lo que debe permitir la inclusión en el ordenamiento jurídico de los dispositivos de planeación territorial contemplados en el Acuerdo Final y su articulación con los mecanismos existentes, incluyendo las formas de financiamiento.

Es decir, se trata de permitir que el Plan Marco de Implementación de lo pactado, construido por la Comisión de Seguimiento e Implementación (Csivi), se convierta en un documento Conpes y sea incorporado a los planes nacionales de desarrollo hasta 2026. Es, ni más ni menos, la norma que asegura la financiación y priorización de los programas y proyectos de la implementación, y que desarrolla además el mandato de avanzar en la construcción de herramientas que permitan profundizar la participación ciudadana en la planeación de los territorios, incluyendo la igualdad de género en lo local.

Representación de las víctimas

A estos espinosos temas toca sumarle uno más: el de darles representación a las víctimas en el Congreso tras el hundimiento de la reforma que buscaba crear 16 circunscripciones especiales para las regiones más afectadas por el conflicto. Ya hay una comisión trabajando en un acto legislativo que deberá ser tramitado de aquí a octubre y que propone que, una vez sea aprobado y el presidente de la República lo sancione, serán las organizaciones de víctimas y sociales las que a través de una plancha —así como se hace en la escogencia de las directivas sindicales y otras organizaciones de afiliados— definan en consenso a esos 16 representantes a la Cámara para que tomen posesión inmediata. Teniendo en cuenta que esas curules están propuestas para ocho años, en 2022 sí tendrían que ir a votación.

Pero en este último aliento del Congreso 2014-2018 no solo se tendrán que abordar estos temas relacionados con la paz. El Gobierno ya anunció que entre hoy y mañana radicará el proyecto que busca eliminar los tres ceros al peso, que según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pretende “ahorrar en términos de costos de transacción, simplificar la vida de las personas, facilitar el intercambio, también la conversión de monedas e impulsar sectores como el turismo”. Y de acuerdo con los datos que registra la página web del Congreso, del período pasado quedaron 103 proyectos pendientes, como el régimen de seguridad social para los educadores, la ley del vigilante, la ley de fomento a la lectura, una nueva reglamentación de venta y uso adecuado de antibióticos, tratados económicos con otros países, acuerdos de medio ambiente, regulación para explotación minera y el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida del adulto mayor, entre otros.

La agenda es numerosa y apretada. Y la verdad es que para el gobierno Santos el panorama no se ve fácil en estos escasos tres meses de trabajo legislativo. Ya con el sol a sus espaldas, arrastrando una desaprobación de su gestión cercana al 80 %, el poder de negociación y de disuasión es mínimo, más aún con un ambiente de polarización política atizado por la campaña presidencial, donde lo que haga o deje de hacer podrá servir para alimentar las críticas de una oposición uribista envalentonada tras los buenos resultados en la elección del nuevo Congreso y la consulta. Eso sí, en la Casa de Nariño saben que aún queda trabajo por hacer y que se debe tratar de cerrar el ciclo de la mejor manera posible. Solo que lo más seguro es que en el Congreso no haya mucho ánimo de co