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La elección del contralor general, encargado de vigilar los recursos públicos, se ha convertido en una puja política. No solo se trata de cuál es el candidato que logra más apoyos en el Congreso, sino también de cómo los mismos congresistas deciden la manera correcta de llevar a cabo el proceso de convocatoria y selección.
Así quedó evidenciado con la polémica que desató el fallo del Consejo de Estado que sacó del cargo a Carlos Hernán Rodríguez. En su momento, varios congresistas se opusieron al proceso, argumentando que la dinámica no garantizaba la independencia de uno de los funcionarios más relevantes del país. Esto además de las críticas por los posibles vicios de trámite, que al final terminaron anulando la elección.
“Es menester, para el siguiente período, quitarle la facultad al Congreso, para garantizar la meritocracia en la elección de quien vigila el erario”, dijo el senador Alexánder López. A él se sumaron congresistas de varios partidos, algunos que votaron en blanco y otros que pidieron cambiar el mecanismo, al considerarlo poco transparente.
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El sistema que cuestionan los congresistas es el que se aprobó en 2018 con la Ley 1904. Dicha norma establece que el contralor es elegido por el Congreso en pleno, en el primer mes de sesiones y para un período igual al del presidente. Según esto, el presidente del Congreso es quien abre la convocatoria pública, para que luego una comisión accidental elija a una universidad acreditada que evalúe las hojas de vida y aplique un examen. La universidad entrega los resultados y la misma comisión se encarga de elegir a 10 finalistas.
Con esta ley se le quitó a las altas cortes el poder de ternar a los aspirantes, todo porque los magistrados estaban siendo acusados de ser juez y parte en sus casos. Además, en ese momento, la justicia padecía una crisis de legitimidad debido a escándalos como el del “cartel de la toga”.
Así las cosas, en búsqueda de equilibrio e independencia, el cambio sacó del proceso a la rama judicial, pero terminó otorgándole más peso al poder Legislativo. Por otra parte, como no es un concurso de méritos, quien obtenga la mejor calificación no tiene asegurado el cargo, pues la ventaja la tiene el que logre más apoyo entre los partidos.
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Este debate, que se esperaba para la próxima elección, ahora se adelanta con el fallo inédito del Consejo de Estado. Aunque en el nuevo proceso que ordenó el tribunal se aplicará el sistema actual, desde diferentes orillas políticas ya hay propuestas para modificar la elección.
Una de estas es la del representante Cristian Avendaño, uno de los demandantes de la elección de Rodríguez, quien asegura que la falla está en los mismos problemas que tiene la separación de poderes en Colombia. “No puede ser que los políticos elijan a quien va a vigilar los recursos que ejecutan otros políticos”, dice. Además, considera que la responsabilidad jerárquica del control fiscal no debe ser uninominal, por lo que propone crear un organismo plural y darle más protagonismo a la rama Judicial.
Habla de crear un tribunal de cuentas, cuyos integrantes sean postulados por una alta corte y elegidos por otra. En este escenario, el Congreso solo tendría un papel de control durante el proceso de selección. También plantea eliminar las contralorías territoriales, pues asegura que son costosas y padecen el mismo problema de la Contraloría General, con la única diferencia de que la elección de contralores se lleva a cabo en asambleas y concejos.
Avendaño espera presentar esta propuesta a través de un proyecto de acto legislativo; sin embargo, reconoce que tendrá muchos opositores que intentarán hundirlo, argumentando que es una idea costosa. Por esta razón, dice que estudia un plan b: fortalecer la Auditoría General mediante un tribunal interno, lo que implicaría crear un régimen de transición hasta que desaparezca la Contraloría.
Para el excontralor Felipe Córdoba, la clave de una buena elección está en la claridad de los procesos. Asegura que está de acuerdo en que el Congreso mantenga la última palabra, pero que se debería estudiar volver al modelo anterior, en el que cada corte presentaba un candidato para conformar la terna final. “Así se ahorran todo el tema de la convocatoria pública. Con el modelo anterior no habíamos tenido ningún problema, es la primera vez que se presenta un caso de esta índole”.
Córdoba está en contra de crear un tribunal de cuentas, pues asegura que en el mundo hay más de 40 y son ineficientes para hacer seguimiento y vigilancia de los recursos públicos en tiempo real. “Es muy importante mirar las bondades que tenemos con el sistema colombiano y desde ese punto de vista buscar que se haga una elección con criterios más técnicos. Sin embargo, no creo que el Congreso de la República vaya a cercenar su función de elegir al contralor general”, le dijo Córdoba a El Espectador.
El exsenador Rodrigo Lara, quien en 2018 lideró el trámite de la ley que hoy rige la elección del contralor, asegura que todo el enredo nació del afán del Congreso anterior por intentar “dejar amarrada” la elección. Según él, en la convocatoria que terminó con la designación de Rodríguez, los congresistas cambiaron los criterios de evaluación, lo que benefició a unos candidatos y perjudicó a otros.
Sobre la elección de la terna, Lara coincide con el excontralor Córdoba y asegura que se trata de una facultad que debe volver a las cortes. Sin embargo, opina distinto frente a la creación de un tribunal de cuentas. Dice que lleva varios años planteando una reforma que incluya ese punto, pero que los contralores en ejercicio siempre se oponen.
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“Por ahora, la solución está en la ley, que es clara; lo que pasa es que la aplican con trampa. Ahí están los criterios de ponderación y evaluación de la hoja de vida, el peso del examen y la entrevista. Comparto la tesis de un tribunal de cuentas, pero para eso se necesita mucha voluntad por parte del Gobierno”, aseguró Lara a este diario.
La representante Jennifer Pedraza, quien también participó en la demanda contra la elección, insiste en que el proceso se debe reformar. “Ese mecanismo está envenenado, porque es el Congreso el que elige a quien debe hacerles control a los alcaldes y gobernadores, cuando sabemos que ellos son amigos de los congresistas”. Sin embargo, ante la imposibilidad de cambiar las reglas para este proceso, asegura que lo que corresponde es acatar al pie de la letra las garantías que ofrece la ley en materia de meritocracia. Además, pide que se respeten los criterios de edad, experiencia y paridad de género.
Defiende la propuesta del tribunal de cuentas y responde, ante los cuestionamientos por la eventual carga económica, que en este momento la Contraloría maneja muchos cargos burocráticos y que la inversión se recupera con la eliminación de las contralorías departamentales y municipales. Para ella, también es importante realizar una reforma estructural a la Contraloría, en la que se analice la eliminación de las facultades de control previo, que le otorgan más poder y relevancia a la entidad.
El caso del contralor también abre la discusión por la elección de otros importantes cargos que hoy están en manos del Congreso, entre estos el de procurador y defensor del Pueblo. La bancada del Pacto Histórico presentó un proyecto al respecto, para implementar un proceso de selección de méritos, que incluía prueba de conocimientos, entrevista en audiencia pública y valoración de la trayectoria profesional por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado. Sin embargo, la iniciativa no tuvo el respaldo necesario y fue archivada.
La resistencia del Congreso a perder estas facultades también se ha visto en casos como el de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hoy son designados y votados por los partidos políticos en el Congreso. El senador Humberto de la Calle planteó modificar totalmente el organismo electoral, eliminando el CNE y la Registraduría, para darles paso a una Corte Electoral y a un Consejo Electoral Colombiano, que serían conformados por funcionarios elegidos a través de ternas de las cortes y concursos de mérito. Según él, su intención es despolitizar el sistema; no obstante, la propuesta también se hundió en el Legislativo.
¿Qué pasará con la elección del contralor?
El Congreso tendrá que lanzar una nueva convocatoria para la elección del contralor general. En este punto será fundamental la decisión de la plenaria del Senado sobre el nuevo presidente de la corporación. Cabe recordar que tras la salida de Roy Barreras, también por una decisión del Consejo de Estado, el liberal Miguel Ángel Pinto asumió sus funciones temporalmente. Según los acuerdos políticos, le corresponde al Pacto Histórico culminar el período. Esta bancada designó al senador Alexánder López, pero aún no hay fecha para su ratificación.
Aunque Carlos Hernán Rodríguez pidió una aclaración del fallo del Consejo de Estado, los congresistas demandantes aseguran que el sentido de la decisión se mantendrá. Rodríguez podrá volver a competir, pero tendrá que iniciar el proceso de nuevo, lo que implica presentar exámenes, entrevistas y, especialmente, volver a convencer a senadores y representantes a la Cámara de su regreso a la Contraloría. No se descarta que el Gobierno busque impulsar un candidato más cercano a la agenda del presidente Gustavo Petro, para lo cual también será clave el estado de su relación con los demás partidos políticos.
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Por David Efrén Ortega
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