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En vísperas de la elección del nuevo magistrado de Corte Constitucional, varios partidos están tratando de cerrar filas para respaldar a un candidato de la terna presentada por la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos, Cambio Radical, que anunció que su bancada en el Senado votará por el exdefensor Carlos Camargo.
Precisamente con esa intención es que volvió a surgir otro hecho ocurrido tan solo días antes de que iniciara esta legislatura: una sanción a dos senadores de esa colectividad. Temístocles Ortega y Ana María Castañeda fueron “castigados” por haberse ausentado en la votación de la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
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La medida fue tomada por el Consejo de Control Ético de Cambio Radical y dejó, por un año, sin voz ni voto a ambos congresistas. Ahora, con la elección de magistrado, el partido dejó claro, en una carta enviada a la mesa directiva del Senado que su participación traería “consecuencias legales”.
De acuerdo con la misiva, firmada por Germán Córdoba, el presidente de la colectividad, la mesa directiva “mal haría” en “contradecir la doctrina vigente del Consejo Nacional Electoral con relación que en caso de una impugnación la garantía del efecto suspensivo está dada solo para directivos y no para corporados, como en este caso, pues sería deslegitimar las competencias de los órganos internos partidistas”.
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Entre las posibles consecuencias de permitir su participación en cualquier tipo de sesiones de comisión, plenarias o elección de cargos, se señala que “se encontrarían viciados todos los proyectos de ley” en los que cualquiera de los dos “hubiera ejercido la voz o el voto estando sancionado”. De igual forma, para ejercer el voto en la elección de cargos, por lo que estas serían “susceptibles de nulidad electoral ante el Consejo de Estado”.
“La Comisión de Ética del Senado de la República y la Procuraduría General de la Nación tendrían competencia para investigar no solo a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega Narváez, sino a la mesa directiva del Senado de la República”, se lee en la carta.
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El partido, además, advierte que se podría dar trámite ante la Corte Suprema de Justicia denuncias “por la comisión de los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal por parte de la mesa directiva”. Para los senadores sería “prevaricato por acción”.
La decisión sobre el nuevo magistrado de la Constitucional está moviendo fichas de todos los sectores políticos. Por ahora, quienes están en la delantera son el exdefensor y la jurista María Patricia Balanta, a quien ven con buenos ojos desde la Casa de Nariño y contaría con su respaldo.
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