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Por la falta de una regulación clara, y los huecos legales que impiden el rastreo de cierto tipo de financiación, no son pocas las campañas que aprovechan el ciberespacio —y la vitrina de las redes sociales— para impulsar aspirantes con la inyección de dinero.
Algunos de los esguinces, como lo documentó El Espectador en su edición dominical, se dan porque la norma actual —emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE)— establece que los candidatos pueden pautar en redes dos meses antes de la fecha de las elecciones y, por supuesto, están obligados a reportar esos gastos.
Pero no hay nada en la ley colombiana que establezca un control sobre publicidad digital de un tercero a favor de un aspirante, ni desde cuándo se podría hacer este tipo de campaña, por lo que no hay un registro transparente que dé cuenta de este tipo de inversiones electorales. Además, como los pagos en internet son digitales, si ese tipo de financiación llega desde el exterior no hay cómo rastrearla ni forma de endilgársela al candidato.
Y, para ponerle rostro a la problemática, se ven casos como el de Natalia López Fuentes, quien aspira a llegar la Alcaldía de Montería. Según la biblioteca de datos abiertos de Meta —servicio que no ofrece X—, en los últimos tres meses, del 7 de julio al 3 de octubre de 2023, ha pagado cerca de $198,2 millones en 176 publicaciones. No obstante, al momento de publicación de esta nota, la candidata aún no había subido el reporte de gastos de campaña a Cuentas Claras.
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Además, de acuerdo con el CNE, la publicidad electoral en redes es válida 60 días antes de la cita a urnas, prevista para este año el 29 de octubre próximo, por lo que no deja de llamar la atención que tenga registros de inversión de dinero en Meta desde hace tres meses cuando, en teoría, solo podía hacerlo desde hace dos.
Otro caso similar es el de Juan Carlos Upegui, candidato de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, quien figura como el segundo con más inversión en Meta, con un gasto de $180,3 millones en pauta electoral en esa red. Pero en su más reciente reporte en Cuentas Claras informó sobre un gasto de $68 millones en esta área. ¿Y el resto del dinero?
En Estados Unidos, Brasil y Francia —además de otros países de la Unión Europea—, estos debates ya se han dado y, con matices entre cada Estado, se han logrado caminos legales que permiten subsanar estos huecos legales. En algunos de estos lugares se firmaron acuerdos de buena conducta y transparencia con las mismas redes sociales, con el fin de que la propaganda electoral en canales digitales tenga controles.
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El abogado Alfonso Portela, especialista en asuntos electorales, advirtió que en Colombia “sí hay regulación, lo que pasa es que el Consejo Electoral considera que la publicidad que se hace a través de las redes y se contrata directamente con el operador es la que debe reportarse, pero la de los simpatizantes no porque, además, es casi que imposible detectarla o poderla consolidar”.
En un sentido similar se expresó Renato Cabrales, exmagistrado del CNE, quien planteó que se deberían vigilar cosas como las pautas que se les pagan a los influenciadores con fines políticos, porque al ser terceros pues no se ven como una deducción directa de una campaña. “A mi modo de ver, al menos, esto tendría que reportarse como una donación”, enfatizó.
Las organizaciones que hacen veeduría a los procesos electorales, como Transparencia por Colombia, también alertaron que es necesario actualizar, a la luz de las nuevas realidades políticas, la directriz que el CNE emitió en 2020, que estableció el reporte obligatorio de los gastos de campaña en redes y el aval para hacerlo 60 días antes de las votaciones.
Sandra Ximena Martínez, directora de programas para Estado y Sistema Político de esa oenegé, afirmó que de lo que allí se habla es de la pauta “más asociada a los mensajes, tiempos y las vedas que hay para la propaganda electoral, y en todo esto prima el derecho a la libertad de expresión y de información, pero, por ejemplo, se podría detectar y así establecer una eventual regulación con inteligencia de datos para empezar a hacer un seguimiento”.
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En todo esto el Congreso es clave, pues si se quiere hace una regulación de fondo, que tenga peso legal más allá de las resoluciones del CNE, el escenario natural para el debate y el trámite es el Legislativo. Por eso, el senador Humberto de la Calle, quien impulsa una reforma política que en parte toca con el sistema electoral, planteó la necesidad de abrir la discusión de inmediato.
“Hay que establecer regulaciones con el volumen y presencia en las redes de las distintas candidaturas, porque, entre otras cosas, en el pasado muchas veces se trataba de cuentas en el exterior que eran incontrolables acá. Además, particularmente en relación con la red X, me parece que la existencia de cuentas anónimas es una de las fuentes de desbordamiento y fanatismo que aparecen en esa red. Debería regularse, por ejemplo, en el sentido de que solo cuentas con nombre conocido puedan intervenir en esa red”, precisó De la Calle.
En todo caso, para las regionales que se definen el 29 de octubre ya no hay nada que hacer, pero es necesario que el país dé esta discusión y determine si, al menos, ya hay reglas claras para las presidenciales y legislativas de 2026.
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