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La elecciones en el Meta están enmarcadas en dos contextos: el creciente liderazgo del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, que desde ya busca perfilarse como un presidenciable para 2026, y un incremento de la violencia que tiene a varios municipios del departamento en riesgo electoral. Precisamente, Zuluaga ha advertido sobre la situación de violencia y ha cuestionado la política de “paz total” del Gobierno, por lo que ha tenido varios encontronazos con el presidente Gustavo Petro.
De cara a las elecciones regionales de octubre, casi la mitad de los 29 municipios del Meta están en riesgo electoral por factores de violencia, mientras que otros 11 están en riesgo por trashumancia y posible fraude. La mayoría de ellos ubicados alrededor de la antigua zona de distensión con las extintas FARC-EP y en la subregión del Ariari. De acuerdo con el más reciente estudio realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE), los 13 municipios en riesgo en el Meta por violencia son Puerto Gaitán, Puerto Lleras, La Macarena, Villavicencio, Mapiripán, Puerto Concordia, Vista Hermosa, Mesetas, Lejanías, Uribe, San Juan de Arama, Granada y El Castillo.
En lo que tiene que ver con Villavicencio, capital del Meta, precisamente, la candidata a la Alcaldía, avalada por el Pacto Histórico, Irina Salas, dijo que ha sido víctima de hostigamientos para que renuncie a su candidatura. “Nos han seguido en nuestros recorridos, nos muestran armas y llamaron a mi mamá a decirle que debo retirarme de la contienda o que va a recibir un ramo de flores (…) Este proceso debe ser con garantías”, dijo.
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Por la Alcaldía de Villavicencio compiten 15 opciones, sin embargo, son tres los que están más cerca de ganar la contienda. Una de esas candidaturas es la de Salas, quien es percibida como la “candidata del alcalde” Felipe Harman, pues proviene de su mismo proyecto político, del Pacto Histórico, y porque fue su secretaria privada. “No soy la candidata de nadie, pero sí hago parte de un proyecto del que me siento muy orgullosa”, aseguró sobre los apoyos que provienen de ese sector.
Junto a ella, tienen posibilidades también el candidato avalado por el partido Alianza Verde, Juan Camilo Chávez, quien ha hecho una fuerte oposición a Harman y que, aunque se percibe como un candidato de centro, hace pocos días se adhirió a su campaña Oscar Alejo, de Cambio Radical. La campaña de Chávez es respaldada por el representante Juan Diego Muñoz, también del Verde, y quien fue secretario de Educación del Meta, durante la administración de Marcela Amaya (2015-2019).
Igualmente, tiene posibilidades la opción del Centro Democrático, Alexander Baquero, que el martes, 3 de octubre, recibió un nuevo impulso de su partido con la visita del expresidente Álvaro Uribe a Villavicencio. En el Meta, el Centro Democrático viene construyendo un renovado protagonismo, pues el accidente aéreo en Boyacá que terminó con la vida del aspirante a la gobernación del Meta, Felipe Carreño, y otros políticos del Centro Democrático, entre ellos la exsenadora, Nohora Tovar, impulsó la candidatura a la Gobernación de Rafaela Cortés, esposa del fallecido Carreño y quien por ahora, va adelante en la intención de voto.
Cortés también tendría el apoyo de Alan Jara, quien fue gobernador del Meta en tres ocasiones e investigado y absuelto por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en contratos durante su mandato. ”Le hemos que continúe con las banderas que traía Felipe Carreño. Le hemos pedido a la doctora Rafaela que asuma el liderazgo”, dijo Jara en un evento público organizado por sectores afines a la campaña de Cortés, lo que confirmó su apoyo a esa candidatura.
Rafaela Cortés se enfrenta a dos fuerzas: primero, la de Darío Vásquez, quien ya fue gobernador del Meta en una ocasión y que también fue investigado por la Corte por irregularidades en un contrato; aunque fue absuelto. Vásquez es apoyado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural del partido Cambio Radical. En el Meta se rumoró que se uniría a Marcela Amaya, otra de las fuerzas, que es la candidata del Partido Liberal, y quien también busca ser gobernadora en una segunda ocasión. No obstante, esa alianza no se definió, aunque se dice que todavía la estarían estudiando.
La candidata del liberalismo ha construido un importante poder político en esa región, pues no solo fue gobernadora ya en una ocasión, sino que su esposo, Jorge Carmelo Pérez Alvarado, también fue representante a la Cámara y ha sido cuestionado por supuestas irregularidades en contratos que habrían sido otorgados a su primo, Iván Alberto Pérez Gómez, durante la administración de Alan Jara. Y es que el nombre del exgobernador del Meta aparece en varias de las campañas y no solo en la de Rafael Cortes. Por otro lado, Amaya es apoyada también por el senador liberal Alejandro Vega, quien además es sobrino de Carmelo Pérez, por lo que ese grupo político ha sido fuertemente cuestionado por supuesto nepotismo.
El Meta en riesgo electoral
Al departamento del Meta lo atraviesa uno de los corredores claves en la zona sur oriental del país, en los que organizaciones armadas han desplegado sus operaciones militares y asentado sus economías ilegales. Sobre eso, la zona de La Macarena, que colinda con San Vicente del Caguán (Caquetá) está en riesgo extremo, al igual que Puerto Gaitán y Puerto Lleras (en el Ariari). Puerto Gaitán es quizá el municipio más afectado en el Meta, pues no solo está en condición de riesgo extremo por violencia, sino también por trashumancia y fraude electoral, que incluye compra de votos, constreñimiento, participación de funcionarios públicos en política, entre otros.
De acuerdo con Yesid Ruiz Rojas, asistente de la Pastoral Social y de la MOE en el suroriente colombiano, esto se debe a la fuerte violencia en el territorio, pero también a las actividades económicas propias de la zona. Pues, hay dinámicas de violencia y desplazamientos (no necesariamente forzosos) que naturalmente incrementan la inscripción de cédulas.
Y es que Puerto Gaitán es tradicionalmente un territorio petrolero, con presencia de empresas dedicadas a la industria de los hidrocarburos. “La migración de trabajadores por las petroleras, sumado a las situaciones de violencia por el dominio de grupos armados ilegales, han provocado desplazamientos. Eso explica el fenómeno de la trashumancia”, dijo Ruiz. Incluso, señaló que ese municipio recibe a diario a indígenas que intentando escapar de la guerra se resguardan en el asentamiento Unuma, en el casco urbano de Puerto Gaitán.
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En riesgo extremo por violencia también están municipios que colindan con el departamento del Meta como San José del Guaviare, Calamar, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, entre otros. El delegado de la MOE explicó el fenómeno de la trashumancia de la siguiente manera: “El Meta es una esponja en el suroriente, pues llega gente de Caquetá, Guaviare, Vichada y Vaupés”, señaló.
Los grupos que operan en la zona son las disidencias de las FARC, algunos emergentes de la reagrupación de grupos paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y pequeños ejércitos de grupos narcotraficantes. De acuerdo con el comandante de la Policía del Meta, Jeison Freddy Sora, están adelantando operaciones en todo el territorio junto a las Fuerzas Militares y direccionados por la Gobernación.
“Hemos tenido dificultades en los municipios del Ariari, en donde hay situaciones de constreñimiento en contra de ciudadanos y violencia contra candidatos por parte de estructuras criminales, especialmente la estructura Jorge Briceño y el Estado Mayor Central, que incluso han hecho videos con amenazas directas en contra de candidatos y alcaldes en ejercicio”, agregó. Y dejó claro que, en trabajo con la Gobernación, no han pensado en aplazar elecciones y lo principal es dar las garantías para los comicios de octubre.
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Por Laura Duarte Sandoval
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