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La declaración como objetivo militar de Ider Humberto Álvarez García, exalcalde de La Playa de Belén, quien recientemente tuvo que dejar su cargo y emigrar a Alemania, es una muestra del riesgo extremo de violencia en 113 municipios del país. Así lo alertó este miércoles el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar una alerta temprana de cara a las elecciones de octubre.
Álvarez contó que las amenazas comenzaron cuando se negó a darles recursos a los grupos armados de esta zona de Norte de Santander, en la que hacen presencia disidencias de las FARC, el ELN y el EPL. Despachó desde Cúcuta y Ocaña durante sus primeros años, regresó el pasado 4 de junio a La Playa de Belén, donde fue recibido por ráfagas de fusiles y decidió renunciar. Su caso no es único. Nelson Leal, alcalde de Tibú, donde también hay presencia de las AGC, gobierna desde la capital del departamento. Y cinco alcaldes en Chocó (Sipí, Lloró, San José del Palmar, Bagadó, Río Iró) hacen lo propio por la presencia del Frente de Guerra Occidental del ELN y el Clan del Golfo.
Cásares, en bajo Cauca, es uno de los municipios que se encuentran en nivel de riesgo extremo, según la Defensoría. Ahí hacen presencia el ELN, las AGC y disidencias de las FARC. El jefe de la entidad contó que por más de 60 días hubo un bloqueo de las vías de acceso y de salida y que los miembros de la comunidad están constantemente en medio de un fuego cruzado entre actores armados. La Registraduría, por su parte, también alertó sobre posible trashumancia electoral en el municipio.
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Las cifras que se divulgaron este miércoles, 68 días antes de las elecciones, ya las conocía el presidente. La semana pasada, Camargo se reunió con el primer mandatario para compartir los números de conductas amenazantes y el mapa de afectaciones. El defensor afirmó que Petro expresó la mejor disposición para tomar cartas en el asunto. Aunque confirmó que habrá presencia de la institucionalidad en los municipios en riesgo, el presidente afirmó que no había 300 municipios en riesgo, sino 17. “Y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por ‘hacer trizas la paz’, pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará”, anotó en su cuenta de Twitter. De acuerdo con la Defensoría, además de los 113 municipios en riesgo extremo, hay 286 en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo.
Por “riesgo extremo” la Defensoría entiende aquellos municipios en los que hay una muy alta probabilidad de que ocurran hechos violentos en el proceso electoral y en los que ya hay registros de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley. Los números varían entre las entidades del Estado, dependiendo de los estudios propios de cada una.
Así, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó sus propias cifras en el debate de control político en el Congreso el pasado 16 de agosto. “En la segunda versión del Mapa de Prevención y Seguridad para las elecciones regionales 2023 se definieron 10 municipios en nivel prioritario, 63 de atención, 316 en moderado, 713 en bajo y uno sin afectación”, se lee en el documento de respuesta del funcionario.
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La segunda entrega del mencionado mapa tuvo lugar en mayo de este año y como resultado se definieron cinco zonas de prioridad: Caribe y Catatumbo; Urabá, Bajo Cauca, Córdoba y Magdalena Medio; Litoral Pacífico; noroeste amazónico; Llanos Orientales. La Defensoría, por su parte, de forma más desagregada pero similar, delimitó nueve zonas de alto riesgo: Arauca, Catatumbo, Sur de Bolívar y Magdalena, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, Nariño, Orinoquía, y el “Eje Caquetá” (Huila, Putumayo y Caquetá).
En los municipios priorizados hay una primera diferencia entre entidades. El Bagre, Argelia, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Tumaco, Cúcuta, Tibú, Buenaventura y Jamundí fueron los 10 municipios clasificados en nivel prioritario por la cartera de Defensa, mientras que para la Defensoría, según su alerta temprana, Argelia tiene un riesgo medio; Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, alto; y los demás, extremo.
Durante la presentación de la alerta, Camargo fue enfático en que lo importante es anticiparse y lograr visibilizar todos los municipios advertidos para prevenir y adoptar medidas. Recalcó en varios momentos la importancia de la presencia institucional en los territorios, más allá del pie de fuerza, e invitó a las instituciones de nivel municipal, departamental y nacional a trabajar de manera articulada. “Somos conscientes de que los grupos armados ilegales nos están ganando la batalla, están ganando terreno y control territorial sobre las poblaciones y estas están reclamando del Estado una presencia urgente”, profundizó el defensor, quien aprovechó el espacio para referirse al desencuentro que tuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con los gobernadores hace unos días. La semana pasada, los mandatarios departamentales le pidieron al presidente que retirara al jefe de la cartera a su cargo luego de que él los llamara “hipócritas”.
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“Dejemos de un lado cualquier discusión intrascendente. El llamado es a que nos concentremos en mejorar la articulación entre los distintos niveles de la administración. Aquí los alcaldes y los gobernadores juegan un papel fundamental y por eso quiero ser reiterativo en que haya articulación”, dijo el defensor. En diálogo con El Espectador, Velasco aseguró que no quiso molestar a los gobernadores con sus declaraciones y coincidió con el llamado que hizo Camargo este miércoles: “La sociedad, en momentos de dificultades, de amenazas de seguridad, tiene que ver a sus dirigentes integrados. Hay problemas de seguridad en algunas zonas y este Gobierno lo reconoce, pero se está trabajando”.
No es la primera vez que Colombia se aproxima a unos comicios con amenazas violentas como telón de fondo, como ya lo había dicho la Misión de Observación Electoral (MOE) en julio de este año. Para Camargo, las elecciones suponen una prueba, pero hizo énfasis en la importancia de ser conscientes del reto que va más allá del 29 de octubre: fortalecer el aparato institucional.
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Por Daniela Cristancho
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