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Un mes antes del inicio de inscripción de candidatos a las elecciones locales y regionales, que será el 29 de junio, el Gobierno Nacional se enteró de que en el país no había una ley que definiera cuántos diputados puede haber por departamento. Con carácter de urgencia, el Ministerio del Interior llamó al Congreso de la República a corregir este error, que venía desde el año pasado, pero apenas había sido advertido.
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El vacío jurídico se presentó luego de que el anterior Legislativo aprobara la Ley 2200 de 2022, que derogó las reglas que determinaban el número de diputados en las asambleas departamentales. Y aunque el artículo pasó por los ojos de los entonces congresistas en varios debates, solo ahora, ad portas de las elecciones, se solucionó el error en sesiones extraordinarias.
“No fue algo de mala voluntad; fue un error que puede cometer un órgano colegiado en cualquier lugar del mundo. Cuando se arranca la preparación de las elecciones regionales encontramos el error y dijimos hay que corregirlo inmediatamente, porque si no tenemos esa norma no podemos expedir el decreto que dice el número de diputados de cada departamento”, señaló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Aunque es ahora cuento pasado y se logró que el número de diputados continúe siendo el mismo para el próximo período: 11 para los departamentos que no lleguen a 300.000 habitantes y uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 31; para algunos, esto fue un hecho criticable, que deja en entredicho la poca relevancia que se les da a las asambleas departamentales en los 32 departamentos de Colombia.
Griselda Janeth Restrepo, diputada por el Valle del Cauca, es una de esas voces: “Que no definieran el número de diputados y que casi que llegaran las elecciones no es gratuito, es porque el Gobierno Nacional y los locales no le han dado mínima importancia a esta corporación. Estamos invisibilizados, la cobertura es chiquita y nos toca estar contando qué estamos diciendo”.
De acuerdo con la Constitución Política, los diputados tienen bajo su responsabilidad funciones como expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos; crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales y hacer control político a las gobernaciones a través de mociones de censura. Y aunque su gestión dura cuatro años, poco se escucha hablar de estos funcionarios.
Mucho tendría que ver la centralización de la política y el concepto de Colombia como un Estado unitario, país donde lo que más despierta interés es la política nacional. No es extraño, por ejemplo, que los concejales obtengan una votación más alta y que cuenten con mayor reconocimiento que los mismos diputados, a sabiendas de que en teoría contarían con un electorado mayor, pues todo un departamento los elige.
Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, aunque los colombianos tienen vacíos con respecto a las funciones y atribuciones de los mandatarios que eligen, “las asambleas departamentales son probablemente las instituciones electivas cuyo papel es menos conocido; de ahí la cantidad elevada de voto nulo, blanco y no marcado, particularmente en el ámbito urbano”. El politólogo Manuel Guevara está de acuerdo, pues considera que históricamente la agenda pública se ha concentrado en qué piden el Ejecutivo y el Legislativo, pero “cuando pensamos desde los municipios, los diputados cobran más fuerza y sentido”.
De igual forma, las dinámicas políticas regionales y la dominancia de algunos clanes o partidos políticos en ciertas regiones terminarían siendo responsables del silencio de estas corporaciones y de la dificulta que tienen los opositores de la gestión de la Gobernación para realizar control político, función que se les atribuyó a los diputados en 2007, cuando se les dio potestad de utilizar la figura de moción de censura y las citaciones a secretarios del despacho y funcionarios. Antes, las asambleas eran consideradas solo corporaciones administrativas.
“Las asambleas, que tienen un poder político extraordinario en el territorio, no tienen los suficientes dientes y parecen que están hechas para las mayorías. Se necesitan más herramientas para quienes no forman parte de los grupos gobiernistas. Es necesario que los entes revisen con garantías electorales y democráticas a quienes somos oposición”, agrega la diputada Restrepo.
A pesar de que las asambleas departamentales parecen estar aún en su proceso de fortalecer su gestión y articulación con las demás entidades gubernamentales, son espacios que muchas veces terminan abogando por los pequeños municipios.
“Las asambleas sí tienen que existir, teniendo en cuenta que la mayoría de los municipios no tienen las capacidades para asumir temas solos. Los diputados fueron elegidos popularmente y es importante que se empoderen y asuman todas sus competencias, que salgan de esa zona gris en la que se mueven”, explica Luis Cubillos, profesor universitario.
Así, resignificar el rol de los diputados no será solo tarea de los mismos funcionarios, sino también del Gobierno Nacional con su promesa de darles mayor reconocimiento a las regiones y sus dinámicas.
Por Laura C. Peralta Giraldo
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