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Solo entre el 13 y 14 de septiembre, cuando las páginas del Estado sufrieron un ataque cibernético que dejó varios procesos paralizados y datos refundidos, la Registraduría también recibió más de 100.000 ataques en 24 horas. No fue la primera vez que la entidad se enfrentó a tal riesgo, pues en las pasadas elecciones legislativas, el 13 de marzo de 2022, fueron hackeados los sitios oficiales de la organización electoral y el aplicativo InfoVotantes, que permite conocer los resultados del preconteo en tiempo real, se cayó.
Por eso, la seguridad informática para las elecciones regionales del 29 de octubre es uno de los asuntos que mantiene en alerta a la Registraduría, la cual busca blindar los softwares que ha contratado para el preconteo y el escrutinio. El escudo digital lo controla un equipo dedicado exclusivamente a identificar y prevenir riesgos informáticos.
Precisamente, la Registraduría ya contrató el software para el escrutinio con la Unión Temporal Disproel, integrada por Thomas Greg & Sons (en un 64,6 %) y otras empresas con participaciones mínimas. Como lo contó El Espectador, detrás del escrutinio también habría otro contrato con otra firma, Indra Colombia, vigente hasta 2025 y pagado inicialmente para las legislativas y presidenciales, pero que no sería utilizado para las regionales.
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Fuentes de la Registraduría le aseguraron a este diario que han identificado riesgos de ciberseguridad que se relacionan con dos eventos: el ataque cibernético que ocurrió en septiembre a varias entidades del Estado, que provocó fallas para acceder a los portales oficiales, así como el primer ataque a la página web de la Registraduría el 13 de marzo de 2022, día de las legislativas: “Cuando atacaron las páginas del Estado, la Registraduría recibió más de 100.000 ataques (…). También identificamos riesgos de elecciones anteriores”.
De hecho, aseguraron que a raíz del hackeo a InfoVotantes, el mismo día de las elecciones, “se vio la necesidad de tomar acciones”. El registrador Alexánder Vega dijo que, para eso, se desarrolló un simulacro nacional sobre el preconteo el pasado 7 de octubre, en el que se revisó la transmisión de datos.
El Espectador conoció que en las próximas semanas la Registraduría daría a conocer el sistema de ciberseguridad creado solo con el objetivo de proteger el software de escrutinio y preconteo, que ya está andando y para el que hay un equipo conformado desde la entidad. Esa nueva área se llama Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Registraduría. Esas medidas serían independientes a las que decida adelantar el Gobierno.
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Por su parte, el viceministro del Interior, Gustavo García, le aseguró a este diario que desde el Gobierno las medidas de ciberseguridad serán brindadas por el Ministerio de las TIC, “pero también por las direcciones especializadas de la Policía y del Ejército. No obstante, instó a la Registraduría a proteger los software para el proceso electoral. La organización electoral debe disponer, en lo que les corresponde a ellos, la garantía de los software de escrutinios”.
Máximo riesgo en 143 municipios
El registrador Vega anunció que se ha incrementado el riesgo electoral en 143 municipios, especialmente en los ubicados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Meta. No obstante, nuevas condiciones, como el anuncio del cese al fuego con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, condujeron a la Registraduría a reevaluar algunas medidas para garantizar las elecciones.
Por eso, la entidad convocó al comisionado de Paz, Danilo Rueda, para que especifique si también habrá “cese de hostilidades”. Además, Vega dijo que espera que el Gobierno pueda explicar los compromisos que adquirió la organización armada frente a lo que tiene que ver con el proceso electoral. Así pues, este 10 de octubre, en una nueva sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento, Rueda haría su intervención.
Precisamente, mandatarios regionales manifestaron que esperan que el cese al fuego con las disidencias sea el momento para prevenir la injerencia de grupos armados en las elecciones. “Esperamos que el cese al fuego, anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, sea una gran oportunidad para que vivamos un proceso electoral en paz en las regiones, sin hostigamiento ni constreñimiento en zonas rurales y urbanas”, aseguró Clara Luz Roldan, gobernadora del Valle del Cauca.
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Sobre la alteración en el orden público, desde el Gobierno anunciaron que se busca una conjunción de fuerzas, militares y de policía, así como de órganos de control. Igualmente, el viceministro del Interior dijo que serán claves decretos para garantizar el desarrollo de las elecciones: el del eventual cese al fuego, que está preparando la oficina del Alto Comisionado de Paz, y el tradicional decreto de orden público, que se dará a conocer en los próximos días.
Igualmente, el Gobierno no descartó tener que trasladar puestos de votación. “Si hay condiciones que permitan el mejoramiento de la presentación de la ciudadanía en las urnas, se hará el traslado. Claro, con la presencia de la Registraduría, para evaluar la eventualidad”, afirmó García. Cuando se le preguntó al viceministro por el número de uniformados destinados a la protección de las elecciones, señaló que “más allá del número, hay que destacar que los 12.000 puestos disponibles tendrán presencia de la Fuerza Pública”. El Ejército habló de 120.193 uniformados que se desplegarán para custodiar los puntos de votación.
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Por Laura Duarte Sandoval
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