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La directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dio cifras para sustentar el repunte de los indicadores de violencia e invitó al gobierno del presidente Gustavo Petro aun diálogo no estigmatizante para que el acuerdo nacional se concrete. La excongresista también dio su visión sobre algunos procesos de la región como El Salvador, Venezuela y el Darién.
Desde la organización, ¿cómo ven el contexto en el que se desarrollarán los comicios del 29 de octubre en Colombia?
Hemos seguido con preocupación el incremento de algunos de los indicadores de inseguridad. Nos preocupa el reclutamiento forzado de menores, los secuestros, masacres, incluso extorsiones, que es típicamente un delito que luego genera distintas actividades relacionadas con violencia y potencialmente con comisión de violaciones de derechos humanos. En ese marco, uno de los temas a los que más le hacemos seguimiento es al homicidio de líderes sociales, que en 2023 viene con una ligera reducción, pero sigue en números muy altos. Algo similar pasa con la tasa de homicidios, no hemos logrado una reducción significativa, pues a partir de 2018 empieza un proceso de alza de los homicidios por la falta de una política de seguridad bajo el gobierno Duque y que desafortunadamente, bajo gobierno Petro, a pesar de expresiones de buena voluntad en favor de la implementación del Acuerdo de Paz a nivel territorial, no se ha traducido en una política de seguridad que permita avanzar. Ese es el contexto en el cual se dan estas elecciones.
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¿Este panorama amenaza las elecciones?
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha reiterado el aumento de los municipios bajo violencia extrema por violencia en el contexto electoral, que por supuesto nos preocupa de manera muy especial porque uno de los grandes triunfos del Acuerdo de Paz en Colombia había sido lograr un clima electoral que, independientemente de divisiones políticas e ideológicas, permitiera las elecciones más pacíficas que había tenido el país históricamente. Este repunte en los indicadores de violencia genera un clima adverso para poder tener elecciones pacíficas, insisto, donde cada uno pueda elegir libremente.
En general, ¿cómo ve la política de “paz total” del gobierno Petro?
Desde el punto de vista del mandato de Human Rights Watch, lo que nosotros hacemos es hacer un seguimiento sobre cómo esta política puede avanzar o no en la protección de los derechos humanos. Por supuesto que celebramos la voluntad del gobierno de tener una política que busque la pacificación, que le apunte a la construcción de paz en Colombia, pues sin construcción de paz es imposible lograr proteger los derechos humanos de la población colombiana. Esa es la razón por la cual entendemos que es importante que esta política exista.
¿Qué preocupaciones tiene frente a la iniciativa?
Desde comienzos de gobierno Petro le hicimos llegar una carta donde hacíamos referencia a tres factores de preocupación que hoy siguen vigentes. El primero es el hecho de que históricamente, aunque haya una política de conversaciones que celebramos, es necesaria una política de seguridad. El deber de protección y garantía del Estado colombiano existe, sigue vigente y no puede exonerarse al gobierno. Cada día que cualquiera de esos grupos incumple el cese, ataca a la población civil, es un día en que el Estado colombiano es corresponsable porque tenía el deber de protección y fue omisivo. Lo segundo ha sido una serie de recomendaciones en materia de método, por lo que hemos visto experiencias en el pasado en Colombia: la importancia de tener una agenda y negociadores claros, que haya una metodología y transparencia sobre el acceso a esta información. Y el tercero, implementar ese acuerdo de 2016 a nivel territorial es un elemento fundamental para el logro de la paz en Colombia.
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Sobre el tercer punto, ¿cómo va la implementación?
Hemos visto de manera desafortunada algunas de las declaraciones del presidente Petro, señalando que no hay recursos para la implementación y, después de algunas declaraciones del expresidente Santos, que iban a dividir dentro del alto comisionado para la paz quién se encargaría de la implementación y quién de las negociaciones. Toda esta disputa interna muy lamentable. Desafortunadamente, después de eso no se ha dado un nombramiento claro de una capacidad potente dentro del gobierno colombiano de estar encargado de la implementación del acuerdo 2016 y de avanzar de manera decidida en ello. Hubo la destinación de recursos adicionales, que es muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Presupuesto General de la Nación, pero los últimos datos muestran un rezago importante en ejecución.
En lo que va de la negociación con el Estado Mayor Central o las disidencias de Iván Mordisco y el ELN. ¿Qué lecciones aprendidas hay?
Yo diría dos cosas. Lo primero, en términos de lecciones aprendidas, los procesos que han funcionado en Colombia son procesos que empiezan por los temas sustantivos y en donde los ceses al fuego se dan luego de que hay unos avances sobre cómo ponerle fin a la guerra. Dicho eso, un proceso serio de cese al fuego requiere de unas reglas específicas, de qué se puede y qué no se puede hacer, unos mecanismos de monitoreo, no solo que generen confianza, sino que sean transparentes. Desafortunadamente, la complejidad de actores a nivel territorial ha sido usada para decir que en realidad no se está incumpliendo el cese, eso para la población civil no genera confianza. Ahí no hay un sentimiento de que se esté respetando y avanzando de buena fe hacia el logro de un acuerdo. En ese sentido, insisto, tener mecanismos muy claros de monitoreo, transparencia del cese, órganos verificadores que generen confianza es fundamental para el avance de un proceso de paz exitoso.
¿Cuál es la viabilidad del acceso a los derechos políticos de quienes se desmovilizaron, incumplieron el acuerdo y ahora están de nuevo en la mesa de negociación?
Yo fui miembro del grupo asesor de gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana como parte en su momento del proceso con las extintas FARC y participé justamente en la discusión del punto 5 sobre víctimas y justicia transicional. El acuerdo, pero además la Constitución a través del marco jurídico para la paz, son bien claros. Las personas que vuelven a delinquir con posterioridad al logro de un acuerdo y la terminación del conflicto armado no pueden tener acceso a beneficios en el marco de los mecanismos de justicia transicional. Yo tuve la posibilidad de participar en la audiencia pública que convocó la Corte Constitucional en el marco del proceso de revisión de la Ley de paz total y creo que allí hubo una serie de análisis jurídicos importantes.
Desde HRW fueron críticos con la terna que se presentó para magistrado de la Corte Constitucional. ¿Por qué hacer pronunciamientos sobre este tipo de procesos?
Este es un tema que trabajamos mucho, desde Venezuela hasta El Salvador, pasando por Bolivia. Hacemos constante referencia a la garantía de la independencia del poder judicial como el bastión fundamental de la separación de poderes en un Estado de derecho que permita realmente el ejercicio del poder con controles, con garantías para la oposición, para quienes no están en el poder, para el disenso, para la posibilidad de las organizaciones de sociedad civil de existir, de disentir. Es la razón por la cual nos pronunciamos.
¿Cómo ve el nombramiento de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional y las otras ternas que se han presentado, por ejemplo, para la Fiscalía?
Nos habíamos pronunciado en primer lugar frente a la terna presentada para fiscal. Celebramos públicamente por varias razones. Primero, por ser una terna de solo mujeres. Segundo, por ser mujeres fiscales que venían de haber tenido en distintos momentos de su carrera profesional experiencia directa, desde la Fiscalía, en capacidad de tener una política criminal de persecución penal estratégica, pero además por su independencia. De ahí que teníamos una expectativa de que la terna de la Corte no siguiera lo que históricamente había pasado. Cuando salimos a criticar la terna por falta de imparcialidad y por falta de idoneidad, una de las respuestas que recibimos de distintos sectores de la coalición de gobierno es que esto siempre había pasado.
¿Qué tipo de mensaje envía esa respuesta?
Es una triste respuesta porque es un poco “mal de muchos, consuelo de tontos”, pero además porque es un gobierno, no solo que nos había acostumbrado a algo distinto con la terna para fiscal, sino que se había hecho elegir bajo la bandera de la crítica, pues históricamente otros gobiernos usaban postulaciones para poner a sus sectores más leales y no a las personas idóneas. En este escenario, creemos que se perdió una oportunidad importante de haber mandado una señal objetiva, de que la persona que llegue a ocupar este cargo lo hace con total imparcialidad, no para velar por los intereses del gobierno, sino para velar realmente por los principios de la Constitución contra mayoritarios de protección de poblaciones, de defensa de la legalidad, de control frente al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Este ya es un hecho cumplido. Ojalá más adelante esta discusión sirva para tener procesos más transparentes que permitan la elección de magistrados y magistradas más idóneos y más imparciales.
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Estamos en un contexto de polarización grande que se exacerba por el periodo electoral, pero una de las grandes propuestas que ha dado el presidente es el acuerdo nacional. ¿Qué tan viable es esta propuesta?
En términos generales, creo que es una idea muy importante, no es una idea nueva, por supuesto ha existido en Colombia desde hace muchísimo tiempo, se retomó en el acuerdo de paz la búsqueda de un acuerdo entre distintos sectores. Yo personalmente soy una convencida, así ejercí mi trabajo en el Congreso de la República antes de estar en Human Rights Watch, de que lograr acuerdos entre sectores que piensan diferente permite políticas públicas más sostenibles, más inclusivas, que a la larga puedan tener más capacidad de transformar la realidad, porque no están sometidas al vaivén de uno u otro sector político. Logran encontrar ciertos puntos, que es en últimas son los derechos humanos, esos mínimos sobre los cuales nos ponemos de acuerdo independientemente de la vertiente política.
¿Cómo se podría lograr?
Para lograrlo hay que tener un discurso incluyente, un discurso que no estigmatice a la prensa, que no estigmatice a sectores políticos, hay que estar dispuestos a encontrar puntos en los cuales hay que ceder, es decir, hay que lograr reconocer que no se es presidente de un sector que le eligió, sino que se es presidente de una ciudadanía, incluso quienes no votaron por esa persona, por lo cual implica estar dispuesto a ceder, a llegar a acuerdos, a hacer procesos de reformas incrementales que no siempre parten de la posición inicial que podría tener un gobernante. Esa disposición a la participación ciudadana, a oír las distintas visiones, hace parte de un mandato, incluso desde un punto de vista de derechos humanos, de derecho a la participación ciudadana, a la transparencia, a la toma de decisiones, y que, insisto, yo creo que en el largo plazo permite una agenda reformista y de protección de derechos humanos más sostenible y más exitosa en el largo plazo. Creo que un acuerdo nacional debería pasar por esas premisas.
El Darien sigue batiendo récords, ¿cómo has visto la respuesta regional a esta problemática migratoria?
Es una respuesta muy desafortunada. Estamos viviendo la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina nunca antes. Y lo que estamos viendo de parte de Estados Unidos es, por un lado, esta visión de tercerizar el control de la migración, en donde logra acuerdos bilaterales para que los países frenen la llegada a la migración. Lo vimos con México, lo vimos con Guatemala, lo estamos viendo más recientemente con el resto de Centroamérica, incluso Colombia, en donde la idea es evitar que lleguen más personas a la frontera estadounidense. La justificación positiva de esto es, si ponemos unos mecanismos, en principio, de ciertas vías con ciertos requisitos, en donde la gente pueda postular a la posibilidad de tener un refugio, un asilo de manera segura, van a evitar el tránsito por el Darien. La vida real es que la gente que está huyendo de contextos supremamente violentos, incluso de persecución autoritaria o de contextos muy graves de insatisfacción absoluta a derechos económicos y sociales por carencias humanitarias dramáticas, como lo que hemos visto en Venezuela, Haití, Ecuador. Pensar que es imposible evitar ese flujo no solo es irreal, sino que sigue poniendo en riesgo a las personas.
¿Qué alternativas hay?
Una política migratoria exitosa en América Latina debería reconocer que la migración ha existido, que va a seguir existiendo, que en la medida en que no hacemos procesos para transformar de fondo las razones por las cuales los migrantes están huyendo de muchos de sus países, esa migración va a seguir existiendo y que el peor escenario es tratar de generar más obstáculos por el camino que hacen que los migrantes terminen sometidos a condiciones absolutamente inhumanas como las que estamos viendo en el Darén. Caminos legales, seguros y con el realismo de que la migración va a existir es lo que deberíamos promover de manera regional en América Latina y para eso por supuesto necesitamos una conversación constructiva y honesta con Estados Unidos.
¿Cómo ve hoy la situación en Venezuela, próxima a las elecciones?
Venezuela es hoy claramente una dictadura, es un régimen que reprime la oposición, que ha inhabilitado a los candidatos que se han opuesto al régimen, que ha encarcelado como presos políticos a quienes se oponen al régimen, que ha reprimido de manera completamente violenta la protesta pero que además ha renunciado prácticamente a la posibilidad de satisfacer los derechos económicos y sociales de su población generando a una de las crisis humanitarias más graves como lo ha reportado un Venezuela en términos de crecimiento de pobreza y de falta de acceso absoluto a cualquier posibilidad de tener acceso a alimentos, agua potable, en muchos escenarios incluso energía.
¿Cuál es el mejor camino para lograr una transición hacia la democracia que permita la protección de derechos humanos?
Sin duda la visión de este cerco diplomático y de que pretender aislar al régimen venezolano iba a lograr el colapso del régimen, fracasó de manera estruendosa. Esta idea de que todas las alternativas estaban sobre la mesa no ahuyentó al gobierno de Nicolás Maduro, muy por el contrario, lo empoderó y lo fortaleció. La idea de que es a través de las relaciones diplomáticas, de conversaciones negociadas que se puede lograr una transición a la democracia, es sin duda la correcta, es la que nosotros creemos que es el camino deseable. Para lograrlo hay que poner sobre la mesa los temas espinosos. Celebramos los acuerdos logrados, creemos que el acuerdo publicado recientemente tanto en materia de participación política como la noticia desde Naciones Unidas, desde poder activar este fondo de un fideicomiso para poder desembolsar recursos de ayuda humanitaria, son noticias muy positivas.
¿Esto cómo se relaciona con el contexto electoral?
Para que eso se traduzca en realidades, lo primero y más importante es asegurar que independientemente de quién sea elegido o elegida en las primarias de la oposición, esa persona va a estar habilitada para competir. Nada sería peor para el proceso de conversaciones que la decisión del régimen de inhabilitar a quien sea elegido. Eso le quitaría todo peso de legitimidad, desafortunadamente, a la negociación y alejaría de manera muy seria la posibilidad de una transición a la democracia. Si ese fuera el escenario, nosotros creemos que Estados Unidos tendría que echarse para atrás en los avances que ha dado de otorgamiento de licencias, de levantamiento de sanciones, que son mecanismos que se han puesto sobre la mesa como incentivos en la negociación, que son legítimos si de algún modo contribuyen a la satisfacción de derechos humanos hacia el avance de la transición hacia la democracia. Pero que, insisto, en este escenario en particular, en esta primaria, como haces referencia, tienen una prueba básica, que es la habilitación del candidato o candidata que sea elegido o elegida en esa primaria.
Ya van 18 meses del estado de excepción en El Salvador. Desde Human Rights Watch, ¿cómo ven esta situación?
Nosotros hemos venido documentando la situación en El Salvador bajo el estado de emergencia de manera muy detallada, publicamos en noviembre del año pasado un informe, ya van, en estos casi dos años, más de 73 mil personas encarceladas con violaciones al debido proceso, que incluyen sin presencia de abogados, audiencias de más de 500 personas colectivas, capturas sin orden de captura previamente dictada por un juez, detención de menores de edad, por fuera de los procedimientos, hay que recordar que Bukele cambió las reglas para reducir la edad, la edad de punibilidad penal a los 12 años, es decir, muchachitos de 12, 13 años, están siendo perseguidos penalmente como si fueran adultos, tenemos información de por lo menos 1.600 menores de edad que habrían sido capturados en el marco de estado de emergencia, más de 170 personas que habrían muerto en cautiverio sin ninguna explicación por parte del gobierno de Bukele.
En Latinoamérica Bukele tiene una resonancia con varios líderes…
Sí, todo esto se da además en un marco de inmenso crecimiento de su popularidad y quizás lo que menos se escucha en el caso de El Salvador es que esto ha ido de la mano de un deterioro también del estado de derecho. Al mismo tiempo que se daba este estado de emergencia y estas violaciones a derechos humanos, en paralelo cambia la composición de la Corte Suprema de Justicia, reinterpreta la Constitución para poder hacerse reelegir, a pesar de que la Constitución es explícita en la prohibición de la reelección presidencial inmediata, hace todo un proceso para rediseñar los distritos electorales de tal forma que controla de mayor manera las distintas personas que serán elegidas a nivel territorial y genera un proceso de cooptación de los distintos poderes públicos, incluyendo fiscales, jueces, cualquier fiscal o juez que toma una decisión en contra de lo que él cree es la política de lucha contra las pandillas es inmediatamente estigmatizado. Eso va de la mano de cierre del espacio cívico, estamos viendo medidas en contra de varias organizaciones de sociedad civil con procesos absolutamente espurios, supuestamente por obligaciones tributarias o de registros, haciéndole muy complejo la posibilidad a la sociedad civil de hacer control de existir, muy parecido a lo que pasó en Nicaragua con la inhabilitación de más de 3.500 personerías jurídicas de organizaciones de sociedad civil bajo esos requisitos, pero que en la práctica era una manera de quitarse encima ese control. Esa discusión por la narrativa que planteas, que no solamente el caso colombiano, hemos visto candidatos que aluden al bukelismo en Perú, en Ecuador, en Argentina, como si fuese el modelo exitoso de seguridad, creo que nos llama una reflexión muy importante, que es la garantía de que es posible en América Latina tener políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y respetuosas de derechos humanos. Bukele lo que quiere hacernos creer es que para lograr la protección de la ciudadanía, para lograr contener el crimen organizado, hay que violar derechos humanos, que ese es el costo, y ese es un costo que mérica Latina no debería estar dispuesta a pagar. Es posible tener políticas de seguridad efectivas y protectoras de derechos humanos.
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Por Daniela Cristancho
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