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Cuando Jorge Rey sale a las calles, la gente lo recibe con los brazos abiertos. Toman su volante y aprovechan para hablarle de alguna necesidad, y no es para menos, pues como muchos candidatos a gobernaciones en el país ha salido a recorrer los 116 municipios que hay en Cundinamarca. Con esto podría concluirse que es como cualquier aspirante, pero no lo es. Desde el momento que se rumoró que buscaría su reelección, se ha dado casi por sentado de que volverá a gobernar y así se siente en las calles, no solo por como lo recibe la gente sino porque lo apoyan políticos de todas las orillas.
Fue gobernador entre el 2015 y 2019, tras obtener más de medio millón de votos, que representaron el 53 % del total de sufragios en una contienda muy similar a la que disputa ahora contra la exministra Nancy Patricia Gutiérrez (Centro Democrático). En su gobierno priorizó la construcción de vías regionales y fortaleció su fortín político con las Juntas de Administración Local, lo que llevó a su exsecretario de Gobierno, Nicolás García, a que se convirtiera en su sucesor bajo la promesa de continuar lo que se venía haciendo. Es el actual gobernador y sería quien le regrese a Rey el mandato, si nada cambia de aquí al 29 de octubre.
“A García no le ha ido muy bien, pero tampoco mal. Se considera que estuvo ahí para continuar lo que se venía haciendo y que se puede seguir ejecutando como la construcción de placas huella y de acueductos”, indicó Juan Alejandro Pérez, investigador de Pares.
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Pero no todo es impoluto alrededor de Rey, pues de su pasado político sobreviven las acusaciones por el “volteo de tierras” en algunos de los municipios de la Sabana, por los que terminaron investigados a políticos cercanos al ahora candidato a la gobernación de Cundinamarca. Por su parte, Transparencia por Colombia llegó a alertar que era “necesario estar atentos a que los intereses de estos electores y el peso de sus aportes no incidan directamente en la toma de decisiones de estos mandatarios, principalmente cuando los planes de desarrollo de Bogotá y Cundinamarca tienen énfasis en desarrollo urbano e infraestructura”.
Esto lo señaló la organización en su balance sobre lo reportado en Cuentas Claras para las elecciones de 2015, ante la concentración de aportes de algunos sectores en ciertas partes del país. En esa ocasión los constructores dieron grandes donaciones y créditos al entonces elegido alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y a Rey. Si se revisan las cifras, se evidencia que Jorge Rey, para las elecciones de 2015, reportó 31 aportes a su campaña, que sumaron $1.597 millones. De estos, nueve son de personas naturales o empresas relacionadas con la construcción, que en total le dieron $534 millones.
Pero, las acusaciones comenzaron en 2017, luego del que el entonces senador Carlos Fernando Galán (hoy candidato a la alcaldía de Bogotá) denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría un posible cartel de volteo de tierras en Cundinamarca, que estaría sobornando a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y concejales municipales para cambiar la categoría de los suelos y con ello aprobar nuevos planes parciales con los que los constructores podrían hacer más viviendas en los municipios.
En específico podemos hablar de dos acusaciones contra Rey. La primera se remonta al penúltimo día de su alcaldía en Funza (2008-2011), cuando firmó el decreto con el que se establecían los montos por plusvalías que deberían pagar algunos de los propietarios de predios del municipio, por el aumento en el valor del suelo generado por las acciones urbanísticas. Es un término complejo, pero se presenta cuando, por ejemplo, un lote cambia la categoría del suelo de rural a urbano o la ley le permite a un predio pasar de un permiso de construcción de dos pisos a uno diez. Este cambio, que aumenta el valor de la posesión, se termina pagando cuando se vende el predio o cuando el propietario adquiere el licenciamiento para hacer uso de aquella modificación.
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Lo que cuestionó en su momento Galán es que el sucesor de Rey, Jorge Machuca, hoy gerente de la Licorera de Cundinamarca, expidió una resolución que daba una licencia urbanística, de la que se desprenden tres actos administrativos con el mismo número y fecha, que permite construir el Parque Industrial San Pedro. Lo que se cuestiona es que el espacio a intervenir cambia en dichos actos, en uno es de 168.950 metros cuadrados y en otro de 176.234 m². Pese a esto, en los documentos no varía el valor de lo que deben pagar por las plusvalías. Por esto, terminó condenada Adriana Orozco Quecano, jefe de planeación de Funza de Machuca, por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
De aquí se puede desprender la segunda acusación contra Rey y es la relación política que ha tenido con algunos de los acusados. Por ejemplo, Orozco Quecano es esposa de Giovanni Villarraga, exdirector de Función Pública de la gobernación de Rey. Otros como el exalcalde de Ganchancipá José Nicolás Gómez Medina, quien fue gerente del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca durante la administración de Rey; la Procuraduría le formuló pliego de cargos por el presunto sobreprecio y cambio de uso de suelo en el avalúo de unos predios.
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En respuesta, Rey llamó las acusaciones de Galán como “irresponsables y perversas”. Más adelante, cuando ha sido cuestionado por el tema, ha señalado que ni la Procuraduría ni la Fiscalía lo han investigado y, en cambio, los procesos se han ido archivando.
“Se ha querido engañar denominando las necesarias modificaciones del Ordenamiento Territorial con el volteo de tierras. Para que haya volteo de tierras debió haber existido ajuste o modificaciones de los usos del suelo. Durante mi período de gobierno no cambié uso del suelo, no modifiqué ni un metro cuadrado de tierra, no presenté ningún proyecto de acuerdo ante el Concejo municipal para modificar el ordenamiento del territorio”señaló Rey en el 2020, luego de que Galán revivió las denuncias.
Para el investigador de Paz y Reconciliación, Juan Alejandro Pérez, si bien esta es una controversia que se dio en el primer paso por la gobernación de Rey, esto no le impediría obtener un importante apoyo en estas elecciones: “La gente de Cundinamarca no se acuerda de nada de eso. Tampoco se acuerdan de las conexiones con el exgobernador Álvaro Cruz. Muchos de esos casos estaban en el escritorio del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y terminaron prescritos o archivados. Se llenaron de polvo y no van a avanzar”.
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En estas elecciones, Rey recibió el aval del Partido Colombia Renaciente y conformó la coalición “Caminando, Escuchando, Gobernando”, en la que agrupo a 17 partidos y movimientos, entre los que se destacan Cambio Radical, el Partido Liberal y los conservadores, que han aportado $284 millones a la campaña. Los restantes $1.500 reportados por Rey en Cuentas Claras hasta ahora provienen de un préstamo con Bancolombia.
Pero, ¿qué viene si Jorge Rey gana la gobernación y Carlos Fernando Galán queda como alcalde de Bogotá? Pérez cree que puede haber tensiones, pero se verán obligados a crear canales de comunicación, pues serán las administraciones que lleguen las que van a tener que sacar adelante la Región Metropolitana, que también está llamada a establecer un plan de ordenamiento regional, y para ello se requerirá de unión entre los gobiernos de la capital y el departamento.
Por Mónica Rivera Rueda
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