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La última vez que Yahir Acuña fue noticia nacional sucedió hace exactamente ocho meses, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó que lo investiga por su presunta relación con uno de los grupos criminales más violentos de la costa norte del país: los Rastrojos.
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Así quedó consignado en un llamado a indagación de la Sala de Instrucción del alto tribunal, en el que se señaló un presunto apoyo de esa banda criminal para su aspiración a la Cámara de Representantes en 2010 y una posible financiación a esos delincuentes por parte de Acuña. Y ahora aparece como uno de los candidatos más opcionados, según la clase política de Sucre, para quedarse con la Alcaldía de Sincelejo.
Pese a estas controversias y a las polémicas que lo rodean, como la de octubre de 2015, cuando en medio de un retén le fueron hallados casi $500 millones en efectivo en su carro justo dos días antes de las elecciones de ese año, Acuña fue avalado por el Partido de la U.
Sobre el expediente que tiene abierto en la Corte, Acuña le dijo a este diario que las denuncias en su contra no son ciertas, pues se calificó como “el primero que se atrevió a citar un debate de parapolítica en Sucre”. Además, frente a los audios que se conocieron hace dos semanas, y en los que se le oye hablar de la entrega de $2.000 millones a diputados de su departamento, aseguró que se trata de “ataques” a su campaña.
A 470 kilómetros de Sincelejo, en Medellín, está una de las sedes de campaña de otra de las personas que ha tenido todo tipo de cuestionamientos, pero quien se dice inocente y por eso busca -nuevamente- la Gobernación de Antioquia. Se trata de Luis Pérez, también conocido como Lupe, quien esta vez aparece en el tarjetón con el apoyo de ASI, la Fuerza de la Paz, Colombia Renaciente, ADA, Gente en Movimiento y, además, recibió el apoyo de la bancada antioqueña de Cambio Radical.
Lupe, de amores y odios en la región, salió con varios señalamientos al culminar su período como gobernador en 2019, que incluso escalaron hasta la Procuraduría por posibles detrimentos por obras no culminadas.
Y a mediados de 2022 la Fiscalía le incautó cuatro propiedades, ubicadas en los municipios de Rionegro y El Retiro, presuntamente enredadas con el exjefe paramilitar Vicente Castaño. El mismo fiscal Francisco Barbosa indicó que le sorprendía que hubiera “funcionarios públicos o exfuncionarios con $73.000 millones en Colombia”, cifra en la que están avaluadas los seis terrenos que comprenden la hacienda Torrealta.
El ahora candidato, quien lucha para que le sean devueltos los predios, afirmó que la declaración de Barbosa “le daban ganas de llorar”, pues ponía en riesgo su seguridad: “Estamos a disposición de lo que necesite la honorable Fiscalía. Jamás he tenido relaciones con ilegales, ni paramilitares ni guerrilleros. Soy empresario”.
Pero estos no son los únicos casos que encontró El Espectador de candidatos controvertidos que buscan hacerse al poder regional el próximo 29 de octubre. Si bien hay más de 128.000 aspirantes para los cargos locales, los casos más notorios están en las carreras por algunas gobernaciones y alcaldías.
Otro es el de Yamil Arana. Aunque fue el tercer representante más votado en 2022 -logrando un poco más de 113.000 votos con el aval del Partido Conservador-, renunció a su curul para lanzarse a la Gobernación de Bolívar en medio de una investigación penal de la Corte Suprema que lo salpicó por posible corrupción con los dineros de los OCAD Paz.
El economista de 32 años, y quien fue la fórmula al Congreso de la senadora Nadya Blel, hija de Vicente Blel Saad -condenado por parapolítica-, fue implicado como uno de los posibles responsables en el cobro de coimas a gobernantes para la adjudicación de dineros de regalías para los proyectos previstos en los OCAD Paz. En julio del año pasado, con el Oficio 5318 de la Sala de Instrucción del alto tribunal, quedó consignada la indagación contra Arana y los congresistas Alfredo Ape Cuello y Wadith Manzur.
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En el departamento vecino, Cesar, la casa Gnecco le apostó a Elvia Milena Sanjuán para quedarse con la Gobernación, y aunque al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una solicitud firmada por el también candidato Antonio Sanguino para revocar su candidatura -argumentando que funge como acusada en un proceso penal-, los magistrados dejaron en firme esa aspiración.
El caso citado se remite a 2022, cuando la candidata fue imputada por la Fiscalía por presuntamente haber celebrado de manera irregular un contrato de compraventa de un lote de 12 hectáreas durante su período como alcaldesa de San Diego, Cesar. Pese a que tiene pendiente una audiencia preliminar, esta viene siendo aplazada desde septiembre del año pasado. Sanjuán, quien trabajó en el despacho del exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco, imputado por posibles irregularidades de contratación durante la emergencia por la pandemia del covid-19, parece ser la ficha más fuerte para tomar las riendas del departamento. Ella se declaró inocente.
¿Condenados con candidato?
En julio pasado, el condenado por parapolítica y homicidio Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de la capital de Norte de Santander, fue trasladado a un hospital de Cúcuta por quebrantos de salud. Pero desde su habitación, según denuncias, habría atendido a líderes políticos y candidatos para consolidar las aspiraciones de William Villamizar a la Gobernación de dicho departamento, y de Leonardo Jácome a la Alcaldía de Cúcuta. Aunque ambos fueron consultados, no se recibió respuesta frente a este punto.
Villamizar, dos veces gobernador de Norte de Santander y dos veces suspendido antes de finalizar su mandato por órganos de control -debido a presuntas irregularidades en contratación pública-, indicó que no hará pronunciamientos, pues se encuentra “concentrado 100 % en la campaña”.
En todo caso es un “zar” de la política en el nororiente del país, también cercano al congresista Wilmer Carrillo, de la U, e intenta regresar por tercera vez al cargo a pesar de contar con investigaciones en la Corte Suprema y en entes de control por presuntas irregularidades que lo persiguen hace años.
Otros casos que documentó este diario son los de Juana Gómez, hija del condenado a 55 años de cárcel por homicidio Kiko Gómez, quien busca el puesto ocupado en dos oportunidades por su padre: la Alcaldía de Barrancas, La Guajira, y el de Roberto Jiménez, hermano de Carlos Mario Jiménez, exjefe paramilitar conocido como Macaco, en la Alcaldía de Dosquebradas, Risaralda.
Y el exnarco Samuel Santander Lopesierra “Hombre Malrboro”, a quien el CNE le tumbó el pasado miércoles la candidatura, informó que será reemplazado en esta aspiración por la Alcaldía de Maicao, La Guajira, por su hijo.
Otras figuras controvertidas, que estaban en el ruedo político, pero que se apartaron del camino, son Nebio de Jesús Echeverry, quien buscaba nuevamente la Gobernación del Guaviare, y se le había cuestionado por presuntos nexos con organizaciones criminales, y Rodolfo Hernández, quien buscaba la Gobernación de Santander, pese a las tres sanciones disciplinarias de la Procuraduría por maltrato físico a un funcionario, verbal a un veedor e irregularidades en un millonario contrato de Bucaramanga. Por un fallo del CNE, al también excandidato presidencial se le revocó su aspiración política.
Precisamente, varios de los mencionados tuvieron su candidatura en vilo durante la semana, pues los magistrados del CNE estuvieron evaluando más de 3.500 solicitudes de revocatorias y otros eran parte de los más de 600 candidatos que la Procuraduría advirtió tenían presuntas inhabilidades.
Aunque ninguno de los casos actuales ha llegado a etapa de condena, el hecho de que sean aspiraciones controvertidas por las investigaciones abiertas que cursan en los tribunales, los apoyos opacos que han recibido y los señalamientos por presunta corrupción que rodean a algunos, ponen en riesgo el escenario electoral y la democracia para las elecciones regionales.
De acuerdo con la Fundación Pares, en la democracia de Colombia habría un error de diseño institucional y órganos de control y judiciales que, según Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de esa organización, “son ineficaces y negligentes respecto a las investigaciones que se adelantan contra estos personajes, lo que lleva a que prácticamente se puedan lanzar por los principios del debido proceso y de inocencia que siempre priman”.
Será el electorado el que en 28 días exactos tenga la última decisión de si apoya o no estas y otras controvertidas aspiraciones.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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