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Para estas elecciones regionales se duplicó el número de partidos políticos participantes: de 16 que había en 2019, ahora hay 35 que tienen candidatos avalados para las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales. Las colectividades no solo esperan que sus representes sean elegidos por los colombianos, sino también, que se les reconozca parte del dinero que ya empezaron a gastar en la campaña a través de la reposición de votos.
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Este boom de las personerías jurídicas que ha venido entregando el Consejo Nacional Electoral (CNE) (la última de estas a Poder Popular, el partido del expresidente Ernesto Samper) ha despertado dudas sobre los costos que deberá asumir el Estado en la reposición de votos y si un mayor número de movimientos supone más gasto de recursos y un desgaste para las organizaciones electorales.
Para este año se fijó que por voto válido obtenido a la gobernación y asamblea se pagará $4.590, mientras que por sufragio válido a la alcaldía y el concejo $2.766.
Hace cuatro años, en las elecciones regionales de 2019, la reposición de voto estaba en $3.649 y $2.195 respectivamente. Solo por los candidatos a las gobernaciones y alcaldías que lograron superar los umbrales requeridos por la ley se giró aproximadamente $68.000 millones.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los gobernadores del Valle, Clara Luz Roldán; de Antioquia, Aníbal Gaviria; de Atlántico, Elsa Noguera; de Cundinamarca, Nicolás García, fueron los cinco candidatos elegidos, a quienes más se les pagó dinero tras haber obtenido el mayor número de votos a nivel nacional.
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El precio que se paga por voto válido se ajusta anualmente después de estudios que realizan el CNE, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tienen en cuenta aspectos como el gasto de las campañas anteriores y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Solo por el alza del precio del voto se puede esperar que lo que gaste el Estado colombiano sea más con respecto a hace cuatro años.
Pero este no es el único punto que podría influir en la cifra de la reposición del voto, también el número de colombianos que salgan a votar el próximo 29 de octubre, que se espera, sean más que los 22.189.063 sufragantes de 2019. En los últimos comicios se ha evidenciado una tendencia de aumento de votantes y censo electoral.
El número de candidaturas es otro factor a influir: “Como este año hay más candidatos participando (128.101, casi once mil más que en 2019) puede incrementarse el costo de la reposición de los votos siempre y cuando alcancen el umbral requerido: 50 % para corporaciones públicas y 4 % del total de votos válidos para los cargos uninominales”, dijo el exmagistrado del CNE Armando Novoa.
No obstante, la feria de partidos políticos podría terminar por dividir y atomizar el voto, que antes solo se concentraba en el voto en blanco, el nulo y las 16 colectividades con personería jurídica vigente. Es decir, en este 2023, al haber más aspirantes y más partidos, hay más opciones para el electorado que podría traducirse en menos sufragios consolidados para las colectividades.
Está por verse si la entrada en el ruedo político de nuevos movimientos puede reducir el caudal electoral de los partidos tradiciones, que son los que más han concentrado el voto en el histórico de los últimos años: Partido Liberal, de la U, Conservador y Cambio Radical. Ya el dinero dispuesto para financiar las colectividades (tema aparte de la reposición) está siendo dividido entre más, suponiendo menores ingresos para los “viejos” partidos.
Lo que sí está claro, y lo menciona el docente Yann Basset de la Universidad del Rosario, es que el “boom” de los partidos generará un desgaste para la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, entidades que tendrán que hacer un mayor despliegue de personal y esfuerzo para vigilar y blindar las elecciones que tiene hoy más actores protagónicos.
Así, el gasto estatal para este año en curso superaría el de las regionales pasadas, pero será la campaña política, el reconocimiento que logren los nuevos movimientos avalados y los electores los que terminen por definir cuánto se le pagará a los candidatos y partidos políticos.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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