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Comenzó el conteo regresivo para las elecciones regionales del 29 de octubre y la Registraduría ha dedicado, buena parte de su tiempo, a resolver detalles cruciales como quiénes serán los responsables del escrutinio electoral. Ese no es un asunto menor, en parte, porque cumplir el eslogan de ser la “Registraduría del Siglo XXI”, como lo determinó Alexander Vega desde que llegó a la cabeza de la entidad, implica el uso de nuevas tecnologías.
Por ejemplo, para estas elecciones, la Registraduría contrató a la Unión Temporal Disproel para que, entre otras cosas, se encargara de alquilarle al Estado un software para el escrutinio de las territoriales, así como de transportar y custodiar los votos. Lo curioso es que, a pesar de que el contrato se adjudicó por más de $1,3 billones, fue firmado como “de menor cuantía”.
Esa Unión Temporal, que ganó el billonario contrato, está integrada por Thomas Greg and Sons (en un 64,6 %) y otras empresas con participaciones mínimas como Seguridad Móvil de Colombia, Transportadora de Valores Prosegur de Colombia, Colombia Telecomunicaciones (Movistar), Opesa, entre otras. Estas firmas están encargadas de la operación logística y tecnológica este año.
Lo que llama la atención es que apenas en 2022, la Registraduría ya había pagado a Indra Colombia, otra empresa, para que desarrollara un software que permitiera hacer el escrutinio para las elecciones legislativas y presidenciales que costó poco más de $27.000 millones y que, además, tiene pagos los mantenimientos hasta 2025; es decir, el software sigue vigente, pero para estas elecciones no se utilizaría.
Esta denuncia llegó justo el día en que esa entidad tuvo que dar explicaciones sobre por qué se había retrasado por una semana el proceso de sorteo de jurados de votación, que estaba previsto para que comenzara el 28 de septiembre —y durara cuatro días—, pero que se ultimó este 4 y 5 de octubre.
El Espectador conoció un documento de la Registraduría en el que le responden a la Fundación Karisma, el pasado 14 de septiembre, que el software pagado en 2022 “estuvo enfocado como una herramienta tecnológica para el escrutinio de las elecciones de carácter nacional (Congreso y Presidencia)”. Según ese documento, los comicios territoriales requieren una “plataforma distinta”.
Lo que no la Registraduría no ha resuelto es por qué el software que contrataron en 2022 tiene una vigencia de mantenimientos por tres años (hasta 2025), si solo se iba a utilizar una única vez. De hecho, este diario pudo confirmar que, dentro del contrato de los $27 mil millones, la empresa discriminó los costos de acuerdo con el número de años que fuera a estar vigente la plataforma. Es decir, si apenas se hubiese contratado por uno o dos años, seguramente el contrato habría costado menos.
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Este diario consultó a la Registraduría para conocer por qué, en menos de un año, se contrataron dos empresas distintas para el manejo de escrutinio en elecciones, pero hasta el cierre de esta edición no habían emitido una respuesta. Sin embargo, de manera extraoficial, fuentes de la entidad aseguraron que las plataformas tecnológicas no cumplirían la misma función y que, aunque la respuesta al derecho de petición diga lo contrario, sí utilizarán la plataforma que compraron hace un año.
Lo cierto es que sí hay una diferencia sustancial entre ambos contratos. Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad de la Fundación Karisma, explicó que, mientras el contrato con la empresa Indra, que se firmó en 2022, lo que hizo fue desarrollar un software y venderlo al Estado: “En este momento la tenencia de ese sistema lo tiene la Registraduría y el manejo lo tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
Mientras que con la empresa Disproel (en el contrato de este año), “ellos proveen todo, pero el manejo no es del Estado, es como un arrendamiento del software, pero las condiciones las ponen los privados y la plataforma no va a ser de propiedad de la Registraduría”, señaló Sáenz.
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Incluso, dentro del contrato de la empresa Indra quedó estipulado que, por tres años, contados a partir del 20 de julio de 2022, el Estado asumirá los costos de mantenimiento. Para la coordinadora de Seguridad Digital, lo cuestionable está en que “decidan firmar un nuevo contrato para utilizar un software (alquilado) que cumplirá la misma finalidad del que ya es de propiedad de la Registraduría y por el que se pagó $27 mil millones, justamente, para no tener que volver a contratarlo”.
En el contrato con Disproel, que se firmó en mayo de este año, quedó estipulado, entre sus muchas funciones, que deberán proveer: “Solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general”.
Es decir, confirmaría que la Registraduría contrató (y pagó) por un software que ya existía. No obstante, fuentes de esa entidad aseguraron que puede deberse a un problema de tecnicismos: “Es posible que se le haya llamado escrutinio al preconteo, que son dos procesos distintos porque uno le compete al CNE y otro a la Registraduría”.
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Lo cierto es que en el contrato quedó escrito que esa empresa asumirá la plataforma tecnológica y el procesamiento de datos de ambos procesos: del preconteo (que es el conteo de votos que hacen los jurados de votación y que solo es de propósito informativo, pero no legal) y del escrutinio (que es una especie de confirmación del conteo que hicieron los jurados y que está a cargo de jueces de la República). Este último se conoce días o hasta meses después de la elección y es el que define, con certeza, los ganadores.
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Por Valentina Parada Lugo
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