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Sobre las 2 de la madrugada, el precandidato a la Alcaldía de San Jacinto Oswaldo Díaz Alfaro se despertó alarmado por el ruido. Alguien trataba de forzar el candado de la terraza para entrar a su apartamento, ubicado en ese municipio en el corazón de los Montes de María. Su escolta fue quien llamó a la Policía. Cuando llegó la ayuda, el también firmante de paz se dio cuenta de que su vehículo había sido vandalizado. “Muérete, guerrillero”, se leía en letras negras sobre uno de sus costados. Y en el frente, una firma: “AUC”.
Esa noche del 14 de junio pasado es una ventana a una situación que está lejos de ser atípica en época electoral en Colombia. El candidato a la Alcaldía de Cartagena por el partido Independientes, Jorge Luis Osorio, ha denunciado amenazas de muerte, al igual que otro miembro del Pacto Histórico en Magdalena. Aunque la firma en el carro de Díaz Alfaro hace alusión a las Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron en el proceso de Justicia y Paz, en los Montes de María sí hay una presencia consolidada de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, que actualmente se fortalecen en el territorio. Según la Defensoría, la expansión de este grupo ha traído registros de casos de violencia sexual y desaparición forzada, “conductas que llevaban más de una década sin presentarse en la subregión”.
Y como la de Díaz Alfaro, son muchas las historias sobre atentados y amenazas contra quienes aspiran a cargos de elección popular a lo largo y ancho del país. En Ricaurte, Nariño, tres precandidatos sufrieron atentados entre abril y junio de este año. El vehículo de Jaime Caicedo fue baleado mientras visitaba a unos familiares; a Abel Quiñones, quien ya había ocupado el cargo de alcalde en este municipio, le quemaron su motocicleta y le vandalizaron la casa; y un artefacto explotó en el hogar de Ricardo Benavides. Estos dos últimos se adjudican, presuntamente, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), como explicó la Defensoría en la alerta temprana que divulgó esta semana y en la que se identifican 113 municipios en riesgo extremo de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre.
Nariño, de hecho, fue establecida como una de las nueve zonas de alto riesgo en el país por la entidad. En el departamento hay 17 municipios en riesgo extremo, entre ellos Tumaco, Ipiales, Barbacoas, Roberto Payán y Ricaurte. Es decir, en estos territorios hay una muy alta probabilidad de que se perpetren más hechos violentos durante el proceso electoral, pues ya se han registrado acciones de grupos ilegales. En este departamento, el ELN ha fortalecido su presencia, pero también están la banda criminal Los Contadores, en Tumaco, y las disidencias de las FARC, con el Bloque Occidental Jacobo Arenas y la Segunda Marquetalia. Además, el último informe de la ONU en Colombia, de octubre de 2022, reveló que el 62 % de los cultivos de coca se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
Aunque difieren en el número de municipios que están en riesgo, la Defensoría y los ministerios de Defensa e Interior coinciden en poner su atención sobre Nariño. En el Mapa de Riesgos Electorales, hecho por la Policía junto a las entidades que hacen parte de la Comisión Nacional Electoral y en el cual se basan las carteras, se identificaron 10 municipios de especial riesgo electoral en todo el país, entre los cuales está Tumaco; y 63 de atención, entre ellos Barbacoas y Roberto Payán. Pero no todo el mapa, que está en su segunda versión, está disponible; la información está bajo reserva de la misma Policía.
Pero hay múltiples conductas que amenazan la participación democrática, como la trashumancia, la corrupción o el constreñimiento. Hace tres semanas, la Procuraduría alertó sobre 27.000 casos de inscripción irregular de cédulas. Y la Registraduría priorizó con biometría dactilar el municipio de Soledad, en Atlántico, por este riesgo. “Todas las mesas van a contar con biometría dactilar para evitar la suplantación, la venta de votos y la trashumancia que se han cometido históricamente y que el Consejo Nacional Electoral va a revisar”, anotó recientemente el registrador Alexánder Vega. En el municipio hay más de 24.000 cédulas inscritas, el segundo lugar en el departamento después de Barranquilla.
La violencia armada también impide que algunos de los actuales mandatarios despachen desde sus municipios. En Nariño, por ejemplo, cinco alcaldes trabajan de manera intermitente fuera de ellos, según la Defensoría. Es un fenómeno que se replica en varios puntos: sucede en Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán (Putumayo), Tibú (Norte de Santander) y en Sipí, Lloró, San José del Palmar, Bagadó, Río Iró (Chocó), entre otros. Esta semana, el alcalde de Nuquí, Yéfer Gamboa Palacios, contó que, al negarse a darle participación y recursos al Clan del Golfo, fue amenazado y tuvo que abandonar su región.
No obstante, el presidente Gustavo Petro no coincide con las cifras de la Defensoría. “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por ‘hacer trizas la paz’, pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará”, le replicó en sus redes.
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Zozobra por grupos ilegales
“Hace mucho rato nosotros no hemos incidido ni afectado los procesos eleccionarios en el país. Si el pueblo —así sea dentro de una democracia que no compartimos— quiere participar de ese proceso, que lo hagan libremente, por parte del ELN no va a haber ninguna actitud que afecte el libre desarrollo de las elecciones”, dijo un vocero de esa guerrilla en una entrevista de febrero de 2022. Sus palabras, más de un año y medio después, aún son relevantes por las elecciones de octubre. De acuerdo con la Defensoría, en el Catatumbo, por ejemplo, habría una intención de ese grupo ilegal, al igual que de las disidencias de las FARC, de incidir en los comicios en los que se elegirá un total de 20.137 cargos, entre alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y juntas locales.
Sin embargo, en julio de este año circuló un comunicado similar del ELN en Casanare, en el que se leía: “Nuestra postura como organización es no inmiscuirnos de ninguna manera en la voluntad de la gente y en sus preferencias por uno o por otro candidato”. Y en junio de este año, el Estado Mayor de las AGC había hecho algo similar. Dijeron que garantizarían la movilidad de los aspirantes en los territorios en los que está presente el grupo. Pero, según la Defensoría, otros grupos, como las disidencias de Iván Mordisco, amenazaron “con no permitir la participación electoral de candidatos que no sean de su simpatía”.
Más allá de la voluntad expresa o no de estos grupos de interferir en el proceso democrático, muchas veces es el fuego cruzado entre ellos el que dificulta el buen desarrollo electoral. El paro armado del ELN, que tuvo lugar en las primeras semanas de julio de este año, impidió la instalación de 52 puestos de votación en Chocó. La Defensoría también contó en su alerta temprana que se presume que el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla “les estaría realizando exigencias económicas a precandidatos a las alcaldías de Quibdó, Lloró, Bagadó, Carmen de Atrato, Tadó, Alto Baudó y Río Iró, para permitirles realizar proselitismo político”.
El ruido político
Toda esta violencia que amenaza las elecciones ha llegado a generar roces entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional. Los gobernadores le expresaron su preocupación sobre el tema al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien respondió que no le parecía prudente que “en periodo electoral quieran convertir ese tema nacional en un tema electoral”. Añadió: “Yo les pido que el tema de la seguridad sea un tema de debate pausado (…), no seamos hipócritas”.
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La respuesta de la Federación Nacional de Gobernadores no se hizo esperar: “Hipócrita es considerar la inseguridad, el terrorismo y la violencia asuntos que deben atenderse de manera pausada”. Además, se le pidió al presidente que sacara a Velasco. “Esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones y sus autoridades”.
Velasco, en diálogo con El Espectador, respondió que no quiso molestar a los gobernadores y que conocía de primera mano lo que sucedía en las regiones. Contó que en 2007, antes de las regionales de ese año, sufrió un atentado en Caquetá: “Estallaron nueve bombas a mi paso, me dispararon durante 20 segundos, dos soldados que venían atrás dándonos seguridad fueron heridos, y un civil fue gravemente herido”. Para el ministro, lo ideal es tener un frente unido de las autoridades para enfrentar este tipo de violencia. Esta semana el defensor Carlos Camargo invitó a los mandatarios a dejar las “discusiones intrascendentes” y a concentrarse en mejorar la articulación entre las autoridades.
En medio de esa controversia, Petro defendió a su ministro. En Twitter respondió las declaraciones de Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien llamó a Velasco “incompetente”. “Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”, dijo el presidente.
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En todo caso, el Ministerio del Interior aseguró que se han cumplido 45 acciones de las 90 del Plan Nacional de Garantías Electorales. Entre ellas, expedir el acto administrativo para la creación del Plan Democracia, que según confirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tendrá un despliegue de 70.000 uniformados en todo el territorio nacional; la asignación de recursos para la Unidad Nacional de Protección (UNP), con una cifra 93 % mayor a la de las regionales pasadas (2019); y la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), que permite que los candidatos que se sientan en riesgo soliciten protección.
De acuerdo con la información de la cartera, en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral se han recibido 487 quejas a nivel nacional y ha habido miles de consultas sobre los antecedentes de los aspirantes en la Ventanilla Única Electoral Permanente, que administra el Ministerio. En total, son 128.101 candidatos de 35 de los 36 partidos reconocidos en el país los que se medirán en estas elecciones.
La Defensoría fue enfática en su informe. Si bien hay muchos factores de amenaza y vulnerabilidad, como la entidad los califica, también hay “importantes factores de capacidad institucional y social”, que se representan en políticas públicas y posibilitan el ejercicio electoral. Sin embargo, para prevenir más violaciones de derechos, deben ser fortalecidos. El reto está en que todas estas alertas, emitidas por diferentes entidades gubernamentales, y sus respectivas recomendaciones, que surgen a 63 días de las elecciones, sean atendidas antes de que la violencia se desborde.
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Por Daniela Cristancho
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