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La Registraduría Nacional cerró este año lanzando un plan que pondrá en marcha en los próximos meses para blindar los procesos electorales en los que va a entrar el país en 2026, no solamente para escoger al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño sino para la conformación del siguiente Congreso. Ante los múltiples fantasmas que hay alrededor de los próximos comicios, por temas como la seguridad y la teoría de la oposición de que el primer mandatario pueda interferir en las mismas para que el progresismo se mantenga el poder, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad que dirige “tiene pleno control del proceso electoral”.
Con una carrera presidencial que arrancó de manera anticipada, desde el Capitolio hasta los órganos electorales se han visto forzados a empezar a tomar medidas para definir las reglas de juego. Mientras que la reforma política se hundió en la plenaria del Senado, este lunes, desde el auditorio principal de la Registraduría, en el corazón del CAN (Centro Administrativo Nacional), Penagos expresó su inconformidad con quienes critican al organismo electoral, que cumplió 76 años, sin conocimiento de causa. La entidad, que dirige desde hace un año, ha estado en el centro de varias polémicas durante 2024, particularmente por el enfrentamiento del presidente con la firma Thomas Greg and Sons. Incluso, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, interpuso una denuncia penal en contra de Penagos relacionada con este tema.
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Además, hace un mes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), liderada por Cielo Rusinque -una mujer del corazón del petrismo-, imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría por presuntamente obstaculizar la entrega de información durante inspecciones realizadas en marzo. En esas visitas administrativas que generaron polémica hace nueve meses, la SIC buscaba determinar si hubo violaciones a la libre competencia económica en la contratación estatal con Thomas, que ha estado a cargo de la logística de los certámenes electorales en los últimos años. Si se les encuentra culpables, las sanciones podrían alcanzar hasta 2,600 millones de pesos.
El registrador espera que este tipo de acciones no sean el comienzo de una batalla política y jurídica que socave la confianza en las instituciones e impacte en las elecciones de 2026 y ha esquivado comprar pelea con el Palacio de Nariño. Dice que sus esfuerzos y el de sus funcionarios están concentrados en el buen desarrollo de los certámenes. El plan que busca desplegar tiene varios factores. Uno de ellos es la aplicación de biometría facial para combatir la suplantación, un método que resulta ser más económico que la biometría dactilar porque se puede instalar en la mayoría de dispositivos celulares, como una suerte de aplicación.
El aplicativo fue desarrollado para la Registraduría por Idemia, una firma francesa que lleva más de 20 años trabajando con la entidad y que también proporciona el soporte tecnológico para los datos de identidad en Colombia. En este contexto, una frase impresa en los muros de la Registraduría parece responder indirectamente a los cuestionamientos del presidente Petro sobre el riesgo de que empresas privadas accedan a esta información: “La Registraduría Nacional es la única entidad constitucionalmente autorizada para custodiar las bases de datos de identificación de los colombianos”.
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Las controvertidas elecciones que tuvieron lugar este año en Venezuela y que dieron como ganador a Nicolás Maduro -a cuya asunción Petro no ha decidido si irá o no el próximo 10 de enero- también dejaron en Colombia el fantasma de la posibilidad de que se pueda presentar fraude electoral en 2026. Y es que el mismo presidente Petro ha sido crítico del sistema electoral colombiano, al que ha calificado de ser propenso al fraude. No obstante, ha sido este mismo sistema el que ha respaldado su ascenso político como senador, alcalde y ahora primer mandatario.
Ante ese fantasma, Penagos ha respondido que “no tiene por qué haber escepticismo”. “No tiene por qué haber escepticismo. En este país hay instituciones fuertes que tienen el control del proceso electoral. Tenga la absoluta seguridad de que en 2026, como ha sido históricamente, la Registraduría llevará a cabo un proceso impecable”, afirmó Penagos hace unas semanas en Cali, durante una consulta en la que se probó el sistema de biometría facial y se logró autenticar a más de 5.000 votantes.
Pero más allá de los partes de tranquilidad que trata de dar la cabeza de la Registraduría, el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, ha detallado los esfuerzos concretos que se están haciendo para garantizar un proceso transparente. Según el funcionario, una vez se dé inicio oficial al periodo preelectoral, se establecerán mesas técnicas con representantes de todos los partidos políticos, la Contraloría, la Procuraduría, la sociedad civil, misiones de observación electoral nacionales e internacionales, y los medios de comunicación. “¿Qué es lo que pretendemos ahí? Tomar decisiones sobre el proceso electoral. Los cambios se socializarán y quedarán registrados en actas. El proceso ya es transparente porque siempre se publican las actas de votación, pero lo que buscamos es ponerlo completamente en manos de los colombianos”, explicó.
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En paralelo, las reuniones de la comisión electoral, lideradas por el Ministerio del Interior y que cuentan con la participación del gabinete presidencial y la Registraduría, ya comenzaron. La más reciente se realizó en noviembre. A partir de mayo, un año antes de los comicios presidenciales, estas reuniones serán más frecuentes para ajustar los detalles de las elecciones. Uno de los principales objetivos para 2026 es agilizar la publicación y digitalización de todas las actas, de nuevo, con miras a disipar las dudas de posibles fraudes.
Como parte del plan para blindar los comicios, Penagos destacó que ya, a un año y medio de los comicios, están trabajando con organismos internacionales que tradicionalmente inician su acompañamiento apenas dos meses antes de las elecciones. Ya se han reunido con la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). “Todas estas entidades están listas para acompañar la auditoría y la observación del proceso electoral”, anotó el registrador.
Aunque las tensiones políticas han marcado el inicio del periodo preelectoral, los planes anunciados por la Registraduría buscan reforzar la confianza en el proceso electoral que desde algunos sectores se ha tratado de poner en tela de duda. Mientras corre el tiempo, Penagos habló de la disposición de la entidad para colaborar con los entes de control tras el caso de la SIC. “Estamos atentos y dispuestos a atender cualquier llamado de la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, como es nuestro deber. Desde marzo, toda la información relacionada con la actividad contractual de la Registraduría está a disposición de la Superintendencia, y hasta el momento no ha surgido ningún tema adicional”, concluyó.
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