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Las complejidades financieras de la Casa de Nariño, así como la crisis en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro, impactaron hasta en el escenario electoral, que este próximo domingo se activa con las elecciones atípicas para elegir gobernador en Putumayo y alcalde en Puerto Guzmán. Esta jornada es apenas una de las 30 que se celebrarían este año y que costarían alrededor de $40.000 millones, un monto que puede complicar las cuentas apretadas del Ejecutivo, que en todo caso, ha mantenido un diálogo mínimo con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente tras el consejo de ministros televisado.
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Las renuncias irrevocables y protocolarias que le presentaron varios funcionarios al presidente Petro pusieron en pausa varias reuniones importantes para el tema electoral y, de hecho, hay incertidumbre frente a la realización de la próxima Comisión de Seguimiento Electoral que había sido acordada para marzo por directriz de Juan Fernando Cristo antes de su dimisión al Ministerio del Interior.
Esta cita es clave, pues luego de las advertencias en materia de seguridad que dieron a conocer varias entidades del Estado y representantes de partidos políticos en la anterior comisión (28 de enero) se pactó que la próxima cita sería únicamente para delinear una estrategia clara para blindar los comicios de las amenazas de grupos criminales y de los delitos electorales.
Sin embargo, a menos de dos semanas para marzo, no hay un ministro del Interior posesionado en propiedad y no está cantado si Gustavo García, quien quedó como encargado, finalmente asumirá las riendas de la cartera.
Tampoco hay un ministro de Defensa designado tras la renuncia irrevocable que presentó Iván Velásquez hace ocho días. Según fuentes cercanas a la Registraduría, el saliente ministro y el registrador Hernán Penagos nunca habrían dialogado directamente, pese a los riesgos que han sido reportados de algunas regiones frente a las elecciones.
Sobre los mismos comicios de Putumayo hay temor por la presencia de los Comandos de Frontera y el efecto que puede generar la captura de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, negociador de una de las disidencias de las FARC con el Gobierno, y quien tiene influencia en el departamento. Putumayo fue incluido en la alerta 01 de 2025 que publicó la Defensoría del Pueblo.
Para marzo hay agendadas otras elecciones atípicas que necesitarán todo el blindaje institucional: las de alcaldes en El Rosario, Nariño; en Chiriguaná, Cesar, y en Pamplonita, Norte de Santander, el departamento que atraviesa una crisis humanitaria por cuenta de los enfrentamientos en la región del Catatumbo entre disidencias de las Farc y el ELN, que según el Mindefensa deja a más de 51.000 personas desplazadas.
No solo hay preocupación por el tema de orden público, también hay zozobra con lo relacionado con los recursos que se requieren para las atípicas y las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026. En promedio, los comicios extraordinarios costarían $40.000 millones y las legislativas y presidenciales $2,6 billones, sin contar una eventual segunda vuelta.
El mismo Gobierno ha reconocido que atraviesa un complejo panorama financiero y, por lo mismo, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, congeló $12 billones del presupuesto de varias entidades y carteras y alista, desde hace más de un mes, un decreto para recortar recursos y adoptar un plan de austeridad. Hasta el momento no es más que un borrador y una intención.
Lo que sí sucedió es que al CNE le aplazó $600.000 millones, una decisión que despertó un fuerte malestar, especialmente en el presidente de la corporación, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quien dejó claro que no se podría garantizar la transparencia y la seguridad de las elecciones sin dinero.
Si bien Prada, Penagos y Cristo habían quedado en reunirse para evaluar el tema económico, la cita se cayó con la renuncia del entonces ministro del Interior. En todo caso, el ahora exfuncionario alcanzó a alertar que el CNE estaría buscando duplicar funciones de la Registraduría y que eso el Gobierno no lo permitiría.
Esta entidad, que investiga al presidente Petro por presuntas irregularidades en su campaña, pasó de solicitar un presupuesto de alrededor de $200.000 millones a uno de $1 billón y de acuerdo con Cristo, varios de los puntos consignados tenían el objetivo de adelantar contrataciones similares a las que asumirá Penagos.
Con el ministro del Interior encargado, Gustavo García, no se ha acordado una nueva cita. Tampoco con Guevara para manifestarle la inquietud de que los recursos solicitados se levanten con prontitud, pues hace dos semanas aproximadamente, la Registraduría le envió un documento para especificar cuánto dinero se necesita para todo lo relacionado con los comicios de 2026.
Penagos tiene un especial interés en que este dinero se autorice con la mayor prontitud, pues de esto dependerá que se dé por iniciado un proceso de contratación para la logística de las jornadas electorales y la tecnología que se requiere para el software de conteo de actas electorales, que desde hace dos décadas maneja la firma Thomas Greg & Sons, cuestionada por el presidente Petro e incluso señalada de cometer supuesto fraude.
Fuentes cercanas a la entidad electoral señalan que el registrador tan pronto tenga el visto bueno de Hacienda lanza el proceso contractual, pues buscaría que este se dé con un tiempo amplio que permita la participación de múltiples oferentes. Un punto común de las pasadas contrataciones o licitaciones es que Thomas ha sido casi que el único participante.
Todo apunta a que este proceso dará mucho de qué hablar, pues desde la Casa de Nariño ya se advirtió que buscarán que Thomas no quede con el negocio electoral, e incluso la Secretaría de Transparencia de la Presidencia denunció penalmente al registrador por supuestas irregularidades en un contrato entregado a esta empresa.
El caso no ha avanzado significativamente en la Fiscalía, pero este medio conoció que el secretario Andrés Idárraga hizo otra movida en los últimos días, enviando varias peticiones de información sobre el próximo Concurso Abierto de Méritos que arranca en marzo y que busca contratar personal de Carrera Administrativa Especial.
El próximo 6 de marzo, la Registraduría lanzará el calendario electoral, iniciando oficialmente la jornada de precampaña, que en todo caso se ha sentido con potencia extraoficialmente desde las fuerzas oficialistas y opositoras. El manejo que se les dé a las posibles 30 elecciones atípicas dejará ver qué se puede esperar para las de 2026, año en el que el progresismo se quiere reelegir y la oposición espera recuperar el poder.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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