A Quemarropa con Ana Dalila Gómez, candidata al Senado por Fuerza Ciudadana

Aunque ello no es muy conocido, Colombia es el país que está a la vanguardia del reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo Rrom. Hasta la fecha es el país en donde el pueblo Rrom está reconocido con unos altos estándares que no tienen parangón en el mundo. En ese sentido, me gustaría ser la primera mujer gitana del continente en acceder al Congreso de la República para llevar la voz no sólo de mi pueblo sino de los sectores poblacionales que históricamente han sido ninguneados y excluidos taxativamente de la toma de las decisiones más importantes. En suma, mi motivación central es la de retomar la esencia de la política, hoy cooptada por un entramado de redes clientelares y de corrupción.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, nunca la he tenido y guiada por mi comportamiento ético que valora los bienes comunes y lo público, no las tendré.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Me parece terrible pensar que se haya normalizado el que para participar en las elecciones se tenga que partir de la construcción de megaempresas electorales que para sostenerlas llevan a que se le venda el alma al diablo, de tal suerte que los políticos terminan representando los intereses privados de sus financiadores y no los de sus votantes. En ese contexto, mi campaña no cuenta con grandes flujos de financiación y depende de escasos recursos propios obtenidos de vender artefactos y productos artesanales de mi pueblo.

De ser electa, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Debe quedar claro que por mí nunca han de salir proyectos de ley esperpénticos y banales, de esos que muchos congresistas nos tienen acostumbrados. Legislaré sobre temas que sean relevantes para el país, especialmente para las grandes mayorías empobrecidas abordándolos desde la perspectiva y los intereses de los sectores poblacionales sobre los que no se ha legislado de manera insuficiente o se ha hecho en contravía a sus intereses más sensibles.

En ese orden de ideas, verbi gratia, legislaría en la perspectiva de reconstruir toda aquella arquitectura jurídica direccionada hacia la viabilidad de la Reforma Agraria Integral, la cual ha venido siendo desmantelada desde que se acabó con el Incoder. Así mismo, mi tarea en el legislativo será la de ser vigilante de que los derechos del pueblo Rrom y de los otros pueblos étnicos, las mujeres, víctimas del conflicto armado, los campesinos, personas con discapacidad, y todas aquellas personas de a pie, queden debidamente representados en las leyes que se tramiten y se expidan. En ese sentido, trabajaré por la efectiva materialización del principio constitucional que señala que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, siempre desde una perspectiva intercultural y desde el enfoque de derecho y diferencial.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

El sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público se ha erosionado profundamente, lo cual se ha ido traduciendo en que el ejecutivo haya acumulado tanto poder, que le es posible sin mayores contratiempos subordinar a los otros órganos del Estado. Así las cosas, hay que recuperar su autonomía e independencia, y ponerle talanqueras al excesivo presidencialismo.

El otro gran problema que no se ha podido resolver estructuralmente es el del centralismo y el rol secundario que tienen los territorios y las regiones que siempre terminan subrepresentadas. La propuesta de un Estado federalizado me resulta muy atractiva.

No obstante, si hay que identificar un problema estructural que aqueja al país es el que tiene que ver con la abrumadora desigualdad social y la protuberante inequidad en el reparto de las riquezas. Una democracia que permite que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más empobrecidos no merece tal denominación. Un Estado en el que los derechos han sido transformados en bienes de consumo, es un Estado que excluye y empobrece a las mayorías.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No. Contrariamente me concentraré en legislar en la perspectiva de que se reviertan todas las dinámicas que se establecieron con el fin de hacerlo trizas.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí. Siempre es mejor un mal acuerdo de paz que una buena guerra. Siempre el Estado debe tener las puertas abiertas para la negociación política del conflicto armado, el cual, como se sabe, tiene unas profundas raíces que debe ser abordadas de manera adecuada. Los acuerdos de paz que se firmaron con las insurgencias han sido las mejores alternativas. También soy partidaria de que se defina y establezca un marco normativo democrático para el sometimiento de la justicia de las estructuras criminales.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Mi posición es clara en favor del sí. Los argumentos están al orden del día. La llamada guerra contra las drogas ha derivado en un estrepitoso fracaso: no ha servido para acabar con el narcotráfico, pero si lo ha convertido en un negocio que cada vez se ha convertido en más lucrativo y rentable y ha generado una cadena de violencia y de corrupción que no ha cesado de crecer. Si bien para su legalización es necesario un acuerdo global, hay que empezar por desmarcar a Colombia de la narrativa que se ha impuesto desde Usamérica.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No ampliaría los derechos sobre el aborto que ya contempla la Corte Constitucional; al respecto quiero resaltar que provengo de un pueblo que tiene por valor las familias extensas en el enmarco de los usos y costumbres ancestrales.

Frente a estos temas tan controversiales debo decir que he heredado una profesión de fe cristiana a la cual subyacen unos valores éticos y morales particulares. No obstante, honro y defiendo el derecho a la libertad en el marco de la Constitución y la ley, así como la interpretación que de los postulados que ha hecho la Corte Constitucional bajo el examen de circunstancias tan complejas como lo es el acceso a la interrupción del embarazo en circunstancias muy específicas.

Igualmente, hago un llamado para que los esfuerzos institucionales se concentren en la adopción de programas y políticas que garanticen la salud sexual y reproductiva con respecto a la educación, los derechos de la mujer, la juventud con miras a la prevención del embarazo no deseado.

De otro lado, reivindico plenamente el derecho de las personas a morir dignamente y a que el Estado les brinde todas las garantías para que se materialicen su decisión.

Todo lo anterior, tiene que ver con la obligación del Estado en su conjunto de ofrecer condiciones materiales de existencia para que sea posible la vida en condiciones de dignidad.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

En este como en los asuntos anteriores se requieren desplegar procesos de educación y de pedagogía encaminadas a la prevención y superación de la estigmatización de la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD). La Corte Constitucional tiene una prolífica y muy avanzada jurisprudencia respecto a este tipo de discriminación, la cual debe armonizarse con la Ley 1482 de 2011 o ley antidiscriminación, en la perspectiva de hacerla cumplir.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Sí, deben crear incluidas entre las organizaciones que deben pagar impuestos, fundamentalmente porque, más allá de que se autodefinen sin fines de lucro, brindan una serie de bienes y servicios espirituales que se han terminado monetizando. Sobre el particular, yo preguntaría: ¿si una organización de derechos humanos, que tiene fines humanitarios y altruistas paga impuestos, por qué las iglesias no deberían hacerlo?

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía Nacional debe desmilitarizarse, restituírsele su carácter civil y democratizarse y, en ese sentido, debe dejar de ser un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y pasar a hacer parte del Ministerio del Interior. Por su historial de violaciones a los derechos humanos y por respeto a la ciudadanía el Esmad debe ser desmontado cuanto antes.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Cualquier propuesta concreta encaminada a garantizar la paridad y los derechos de las mujeres, debe ser fruto de una construcción colectiva en la que tenga una participación protagónica el movimiento de mujeres. En todo caso la idea es que la paridad no termine convirtiéndose como un mero requisito legal en el que se incluye a las mujeres casi siempre “como relleno” para dar cumplimiento a lo establecido.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

La historia ha demostrado que este órgano ha sido funcional a los intereses de los políticos que han sido juzgados y los argumentos que ha esgrimido han sido siempre políticos sin tener en cuenta las valoraciones del derecho. ¿Si se va a reformar, no sería mejor de una buena vez acabarlo y crear otro organismo?

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Todos los políticos, máxime cuando están en campaña electoral, se metamorfosean en adalides contra la corrupción. No hay ningún político que no diga que en su programa ocupa un lugar central la lucha contra la corrupción. En ello, coinciden todos los políticos, incluso los que están inmersos en casos de corrupción. Así las cosas, responder algo al respecto suena un lugar común, que la mayoría de los electores asumirán como meras promesas de campaña.

La corrupción es una enfermedad que ha hecho metástasis en toda la institucionalidad del Estado y que, al ser normalizada por la sociedad, la termina reproduciendo en muchas de sus interrelaciones. Demás está decir, entonces, que la corrupción sea un fenómeno que afecta únicamente a lo público, pues en lo privado también ha adquirido preponderancia.

Hay que rescatar el sentido de lo público y de los Bienes Comunes. Mientras el Estado siga siendo visto como una suerte de junta directiva de las élites en el poder, siempre tenderá a ser visto como un botín del cual hay que sacar ventaja.

Lo cierto es que no deben ser los políticos corruptos los llamados a legislar contra la corrupción. De hecho, este es un asunto tan importante que no debería dejarse en manos exclusivas de los políticos y vincular a las organizaciones sociales, especialmente aquellas que han realizado actividades de veeduría, vigilancia y control a la gestión pública.

Si quiere conocer más de la candidata visite sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072667220908

Twitter: https://twitter.com/dalykali

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.