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Este domingo 13 de marzo, a la par con las elecciones al Congreso, se celebrarán las consultas interpartidistas para que algunos partidos y movimientos políticos definan su candidato presidencial único. El tiempo no da espera: restan poco más de dos meses para que los colombianos elijan –en primera vuelta– al sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño. Si bien son múltiples y diversos los desafíos que tendrá que enfrentar el próximo mandatario, en medio de un país en plena reactivación económica y con amenazas globales latentes, hay un reto que no es menor: garantizar la conectividad y el acceso a las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), abarcando también a los migrantes, un grupo poblacional que no deja de ser decisivo.
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Justamente, un estudio de la Universidad de los Andes examina el acceso a las TIC y el uso de los servicios de gobierno electrónico por parte de los migrantes venezolanos en Colombia, comparando este grupo con los residentes de Bogotá a corto y largo plazo. Detrás de la investigación se encuentran Sonia Camacho y Rodrigo Taborda, profesores de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en colaboración con Charles Martin-Shields y Constantin Ruhe, investigadores en Alemania.
Una de las conclusiones que deja el análisis es que, a corto plazo, es menos probable que los inmigrantes posean dispositivos TIC en comparación con los residentes, con todo y que con el tiempo puedan adquirir algunos. Sin embargo, llama la atención que el acceso a esas TIC no es una condición suficiente para que los migrantes accedan a los servicios de gobierno electrónico. No es una preocupación menor si se tiene en cuenta la necesidad de coordinación de políticas para reducir los trámites, especialmente para la población migrante.
“A veces creemos que si las personas tienen un celular ya pueden hacer todo, pero no. El acceso no es suficiente para que puedan hacer sus trámites de gobierno digital, menos cuando son inmigrantes y su acceso a dispositivos móviles y conectividad puede llegar a ser muy reducido fuera de ciudades principales”, explica Sonia Camacho.
Por otro lado, el estudio destaca que la política adoptada por varios gobiernos locales de ampliar la oferta de servicios de gobierno electrónico es importante, pero se evidencia la necesidad de promover simultáneamente ese gobierno electrónico en los procesos migratorios o de acceso a TIC e internet. Dicho en otras palabras: usar más el dispositivo para acceso a servicios a favor del migrante, y así maximizar el resultado de la oferta de programas gubernamentales.
“Hay muchos más dispositivos móviles que personas en el mundo, pero eso no significa una distribución homogénea de los dispositivos o acceso a internet, y a la información relevante de servicios de asistencia gubernamental. Hay trámites que se pueden hacer por internet. Pero ¿qué tanto la gente sabe que esos trámites sí se pueden hacer en línea? Cuando una persona llega a un país nuevo va a depender de muchas redes informales, pero para acceder a esas redes necesita ese acceso a internet, identificarse y conocer cómo hacerlo. Al menos, a la primera parte de los trámites, con entidades del gobierno: Registraduría, Alcaldía, Cancillería”, agrega Camacho.
Otro de los resultados de la investigación es que incluso si el acceso digital y el uso de internet de los migrantes crece con el tiempo para igualar al de los residentes, los migrantes siguen siendo significativamente menos propensos a utilizar los servicios de gobierno electrónico. “Estos resultados se dan en un escenario favorable (una ciudad principal con infraestructura tecnológica superior), pero aterrizando a la realidad de otros lugares de Colombia –apartados de las grandes ciudades–, la situación puede ser muy demandante y agobiante con baja conectividad y desconocimiento de las potenciales herramientas que puede ofrecer el Estado para las personas”, asegura Rodrigo Taborda.
Por todo ello, la invitación a los candidatos y al próximo gobierno es a tener incentivos o programas que faciliten la legalización de la estancia de los migrantes (como las recientes jornadas de entrega de Permisos de Permanencia Temporal), así como la conectividad y diseminación de herramientas digitales con ayuda de recursos y personal. Los incentivos también podrían ser para los proveedores de servicios de internet, así como aliados para garantizar mejor acceso a la conectividad y una recepción efectiva por parte de los residentes e inmigrantes.
“En pleno 2022 el llamado más fuerte en el mundo es a subirse al uso de la tecnología para casi todo, pero en el país no se está usando. El estudio que hicimos es una manera de visualizar este gran problema. Tenemos una serie de herramientas tecnológicas, pero seguimos aferrados culturalmente a cosas que ya no funcionan”, precisa Taborda, resaltando la necesidad de que haya mejor infraestructura, especialmente, en zonas apartadas.
La investigación completa la pueden encontrar aquí
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