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Si se sumaran los ingresos de las campañas de las 10 personas más votadas para el Senado de la República -que representan un ínfimo 1,07 % del total de aspirantes a esa corporación-, el valor obtenido superaría los $8.100 millones. Solo en las consultas interpartidistas los tres ungidos en cada una de las coaliciones gastaron alrededor de $14.320 millones. Estas cifras son apenas una muestra de los montos y las cuantías que pueden llegar a manejarse en época electoral y que quedan al desnudo al revisar los reportes de sus ingresos y gastos de campaña en el portal Cuentas Claras.
Si bien se trata de una obligación que deben cumplir cada uno de los más de 2.800 aspirantes a Senado y Cámara, así como los candidatos a la Presidencia, se estima que solo un 60 % de los del Congreso han cumplido con el reporte. El Espectador se dio a la tarea de revisar las cuentas de los 10 candidatos más votados tanto a Senado como a Cámara, así como los tres que resultaron elegidos en las consultas interpartidistas.
Al revisar el top 10 en Senado se concluye que, en promedio, cada uno de esos aspirantes tuvo ingresos por al menos $736 millones, mientras que sus gastos ascendieron a $620 millones. Por otro lado, en Cámara los ingresos promedio de los 10 más votados superaron los $583 millones, mientras que los gastos fueron de $588 millones.
Para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, organización que le hace frente a la corrupción y le apuesta al fortalecimiento de la democracia, si bien son montos considerables, están dentro de los parámetros y las cuantías máximas que ha definido el Consejo Nacional Electoral. En su concepto, no deja de ser un hecho y casi que un principio en la política que “entre más ingresos hay en una campaña, más posibilidades hay de ganar”.
“La política cuesta, eso lo sabemos. Es un tema del funcionamiento de las democracias. Los recursos son necesarios, pero no dejan de ser significativos, por ello la importancia de la transparencia”, explica, instando a que las campañas cumplan con el reporte y rindan cuentas de sus ingresos y gastos. Se trata de un ejercicio de transparencia, asegura Hernández, para evitar que la relación entre dinero y política se vuelva nociva y confusa, así como para saber “quiénes están apoyando determinadas campañas, en función de quién podría haber un ejercicio de un cargo de representación política, qué decisiones se van a tomar y a favor de quién, y para determinar eventuales conflictos de interés”.
En esa línea, el director de Transparencia por Colombia advierte que el financiamiento de campañas en el país no deja de ser fundamentalmente privado, mientras que la financiación estatal está por debajo del 5 %, lo que obliga a ejercer mayor vigilancia y supervisión sobre los montos. Los riesgo, dados los montos, van desde carteles que ávidos de cooptar la contratación pública, así como aquellos que hacen aportes para que no los controlen y que buscan arropar de legalidad recursos provenientes del narcotráfico o la minería.
Un informe de la organización, conocido a principios de mes, señalaba que la principal fuente de financiación de los candidatos son los aportes propios de su patrimonio, seguido de los aportes de personas naturales y jurídicas. La medición reveló también que la propaganda electoral sigue siendo el principal gasto reportado, representando un 54 % de los costos para candidatos a la Cámara y un 63 % para los de Senado.
Poder identificar esas fuentes de financiación, establecer los montos y llevar un juicioso reporte de los ingresos y gastos es clave justamente para evitar que las campañas terminen permeadas por recursos sombríos y permiten también tener claridad de los intereses que los ahora congresistas, así como el próximo presidente, detrás de las decisiones que adoptan y que terminan definiendo el rumbo del país.
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