Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) lleva en el país desde enero como uno de los garantes internacionales de las dos elecciones de 2022. Es la primera vez que una veeduría de este tipo está en el país. Su presencia coincidió con uno de los procesos electorales más agitados de la historia reciente: irregularidades en los conteos, señalamientos de fraude, polarización y ahora se incluye la suspensión de dos alcaldes por participación en política. En diálogo con El Espectador, la veeduría europea habló sobre esta situación y sobre varios de los temas alrededor de la convocatoria electoral de este 29 de mayo.
¿Hay algún cambio para esta segunda parte de la misión?
Diría que hay un cambio para esta segunda parte electoral. Se trata de una elección mucho más sencilla que la del Congreso. Estamos hablando de solo ocho candidaturas frente a toda la complejidad de las elecciones al Senado, a la Cámara y el Citrep. Por lo tanto, en teoría, el proceso es mucho más sencillo.
En un primer informe hablaron de una jornada transparente, ¿esa percepción llegó a cambiar con lo que pasó el 13 de marzo y los días posteriores?
No, básicamente lo que tuvo más relevancia fueron los graves errores en el preconteo y este, insistimos, es algo que sirve para dar resultados provisionales. No sirve para asignar las curules del Congreso, y pues lo que importa en estas elecciones es atribuir esas curules a los distintos partidos. Esto se ha hecho en un largo proceso de escrutinios donde las candidaturas han podido interponer sus recursos, quejas y reclamos en las distintas fases. Como resultado se tienen atribuidas casi todas las curules de la Cámara, el Senado todavía no. Pero ya se cerró el plazo para interponer recursos ante el Consejo Nacional Electoral y el número de recursos ha disminuido notablemente en comparación a los de 2018. El principal objetivo se ha cumplido más o menos como preveían las encuestas y con los reclamos normales de los partidos.
¿Cuál es su visión del escrutinio desde el 13 de marzo a hoy?
El preconteo después de las elecciones ha contribuido a que hubiera un análisis más detallado y con más tiempo en los distintos niveles de las comisiones escrutadoras para los reclamos de los partidos. En este sentido, esperamos que esto genere menor conflictividad ante la justicia contenciosa cuando se haga la proclamación de los resultados finales. Es algo que se repite elección tras elección, en que dos años después cambia alguno de los resultados por la decisión de los tribunales. Por eso es mejor hacerlo antes, como se está haciendo en las comisiones escrutadoras.
Los resultados de los escrutinios han sido criticados hasta hoy por su diferencia con el preconteo. ¿Cómo calificar esas dudas sobre esos resultados? ¿Tiene algún asidero en este momento?
La diferencia entre los resultados con el preconteo deben entenderse como que estos últimos no sirven para atribuir curules, mientras que los resultados del escrutinio son los que sirven.Aunque es lamentable que se produjera esa discrepancia entre preconteo y escrutinio, los resultados últimos son los oficiales. Creemos que esto ha generado un problema de percepción y dudas sobre el proceso. Y por eso es importante que se explique qué medidas se han adoptado para que en el preconteo de las elecciones presidenciales no se reproduzcan los errores de las legislativas.
Desde la MOE Colombia se ha puesto en duda que se expliquen todos los errores del 13 de marzo como un error de formularios, ¿pasó algo más que explique la diferencia?
Lo que hubo, desde luego, fue un error de transmisión en el sentido de que se transmitieron resultados incompletos en perjuicio de una de las candidaturas, sobre todo. Una de las causas fue un error de diseño. Si ha habido otras causas, no las hemos podido evidenciar. Es importante insistir en que en ningún caso los resultados del preconteo determinan las elecciones, por lo tanto, no se puede hablar de un fraude en el preconteo, solo en el escrutinio. Es necesario que se separen los conceptos y que el uno no contamine el otro. Además, hay que tener en cuenta que estas elecciones son mucho más sencillas y se han adoptado algunos mecanismos para corregir errores. Vamos a observarlos con mayor atención a ver qué ocurre.
¿Cómo han visto la labor de Alexánder Vega y la Registraduría en esta justa electoral?
A nosotros no nos gusta hablar de personas, nos gusta hablar de instituciones. Lo que sí hay que recordar es que la Constitución establece dos organismos para la gestión de las elecciones, la Registraduría y el CNE. No hay otras y no se pueden inventar más. Lo que es importante es que exista una vigilancia y una presencia de la sociedad civil y, sobre todo, de los partidos y las candidaturas que participan para que con transparencia puedan observar cada una de las fases. El sistema colombiano ofrece garantías de transparencia: lo dijimos en nuestro primer informe y ahora. Y han sido esas herramientas de transparencia, como la publicación de las actas E-14 de todas las mesas las que permitieron identificar las incorrecciones en el preconteo. Estamos analizando las nuevas medidas para las presidenciales, para ver si se corrigen las fallas en las elecciones al Congreso.
De forma previa, ¿son suficientes los cambios hechos por la Registraduría para este proceso electoral presidencial?
Lo veremos. Lo primero que hay que señalar es que el proceso de las presidenciales es mucho más sencillo que las legislativas, cuya complejidad fue uno de los problemas señalados. En estas hay sencillez y simplicidad. Aun así, hicimos algunas recomendaciones como lo son una doble anotación de los resultados -doble digitación para los resultados para garantizar que coincidan los resultados-. Aunque no es lo mismo registrar 600 resultados a solo 8. Igualmente, la Registraduría anunció la adopción de esta medida y nosotros vamos a observar qué pasa.
¿Falta algo que se pueda hacer de aquí a tres semanas para dotar de más garantías el proceso electoral?
Para nosotros, la principal garantía es la transparencia. Es decir, que todas las fases sean observables para los candidatos, los partidos, las misiones de observación y más. En este sentido hay garantías de acceso a las distintas fases del proceso electoral. Vamos a estar presentes en cada fase y lo que les pedimos a los partidos es que también estén presentes en cada fase para que puedan reportar cualquier irregularidad lo más pronto posible.
Ya que comenta sobre los partidos, ¿cómo ha sido la relación de estos con la MOE UE?
Ha sido estupenda. Hemos hablado con ellos a muchos niveles. No solo nos encontramos en la comisión de seguimiento a nivel nacional, sino que los vemos a nivel departamental y municipal con nuestros observadores. En este sentido es que la sociedad colombiana es muy abierta, y así lo han sido los partidos.
Hace unos meses ustedes destacaban que informes de expertos de la Unión Europea sirvieron para hacer el nuevo Código Electoral colombiano. Este se hundió. ¿Cómo debe abordarse esa nueva reforma electoral que debería hacerse?
No queda otra que empezar de nuevo. Esperamos que tengan muchas de nuestras sugerencias, pero esto lo decidirán los legisladores. Nuestro papel no es suplantar a los legisladores colombianos para que soberanamente construyan su legislación electoral. Sin embargo, hay elementos importantes que se han perdido y que deben recuperarse. Uno de ellos es la cuota del 50 % entre hombres y mujeres, que es fundamental. También debe haber elementos de modernización de transmisión y agregación de los resultados. Eso ha sido muy problemático en el preconteo del 13 de marzo. Hay elementos importantes a recuperar. Ahora surge una oportunidad de no solo salvar lo bueno que había en la anterior reforma y se puedan introducir otros nuevos. En este sentido se harán unas recomendaciones en el informe final y esperamos que puedan ser útiles para el legislador colombiano.
En este período se ha presentado un paro armado. ¿Tienen garantías en el terreno para ejercer la veeduría más allá de los centros urbanos?
Durante los paros armados se guardan medidas de seguridad y cautela, como lo hace todo el mundo. Fuera de estos períodos, nuestra misión sí está pudiendo llegar a la mayor parte del territorio. Obviamente no hemos llegado a todo el territorio, siempre hay lugares con picos de complejidad y de inseguridad. Ahí actuamos con prudencia, pero estamos llegando a un número muy representativo de la diversidad política del país, tanto regional como en el espectro ideológico.
¿Han tenido problemas de seguridad en el país?
Cruzo los dedos para que no los tengamos. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema, porque contamos con un elemento de seguridad importante que analiza las situaciones y que nos ha evitado incidentes reseñables.
En ese primer informe hablaban de compra de votos, ¿ese tema puede llegar a impactar el proceso electoral con fuerza?
Nosotros no tenemos capacidad de cuantificar el impacto. Hemos tenido la capacidad de verificar su existencia y es algo que a pocos oídos colombianos les va a resultar extraño. Hemos observado compra de votos, pero no podemos decir cuál es su impacto en una región u otra. Sin duda es un problema que nos preocupa, porque es un delito y es importante empezar a trabajar en medidas, no solo de índole penal, para tratar de desarraigar esta práctica tan viciosa de la cultura política de Colombia.
Los partidos han expresado dudas del software de escrutinio. ¿Han podido hacer revisiones o auditorías de ellos como misión de observación?
Nosotros no hacemos auditorías. Lo que hacemos es observar con mucho detalle y buenas herramientas la calidad de la transmisión de resultados. Esto es muy fácil en las presidenciales, porque todo el país es una sola circunscripción. De alguna manera existen muchos mecanismos, sobre todo de orden estadístico, para verificar que la suma de lo que se ha votado en el país refleja lo que se registró de las mesas. Se proyecta el resultado de las votaciones de una forma muy buena y se compara con lo que es publicado. Esto da grados de calidad de lo que se informa. Es mucho más sencillo que ir mesa por mesa, y es lo que nosotros hacemos. No hacemos auditoría de software, pero entramos a ver los resultados.
Es entendible que no pueden entrar a hablar del debate electoral actual, ¿pero este clima polarizado puede llegar a afectar la realización del proceso electoral y su legitimidad?
Esperemos que no. A todos nos gustaría en Colombia y en el mundo que los debates y las campañas fueran una mera confrontación de puntos programáticos de aspectos sociales, económicos, culturales y de educación. Pero la realidad nos demuestra que las campañas son siempre confrontativas. Es inevitable que esto ocurra en las democracias. Nosotros no valoramos si es más o menos a otro país, los límites los marca el Código Penal. La legitimidad la da el acceso a cada una de las etapas de la elección y que los ciudadanos vean reflejados en los resultados lo que introdujeron en las urnas. Y la misión estará muy atenta a los resultados.
¿Cómo ve la MOE UE la suspensión de dos alcaldes? ¿Se puede interpretar como una falta de garantías en el proceso electoral?
A nosotros nos ha sorprendido mucho la decisión de la procuradora. Naturalmente la respetamos, pero lo que hacemos las misiones de observación es ver las leyes del país a la luz de normas internacionales. Y sobre esto hay dos comentarios. Se ha estado diciendo continuamente que la legislación colombiana les impide a los funcionarios públicos participar en política electoral, pero la Constitución lo que establece es una prohibición directa de participar en política a los militares, y es algo entendible en el contexto colombiano, y una restricción a los funcionarios judiciales y de los órganos de control. Sobre el resto de funcionarios públicos, la Constitución se remite a una ley estatutaria, y esa ley no ha sido aprobada.
Uno de los principios fundamentales del derecho penal reconocido en la Carta Interamericana de Derechos Humanos es que las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar explícitamente dados por la ley y su ejecución debe realizarse por organismos judiciales, es decir, jueces. A todas luces, ni lo uno ni lo otro en el caso de la destitución de los alcaldes por parte de la procuradora. En el caso de Colombia hay una sentencia de la Corte IDH, en la que se establece que la Procuraduría no puede separar de sus cargos a los elegidos. Es diferente un funcionario electo y un funcionario de carrera. El electo es un cargo político y parte de su régimen de funciones está en la participación política. Nos sorprende la decisión de un órgano de control que pueda de la noche a la mañana desvincular de su cargo a un electo. Es nuestra visión de derecho comparado y de los acuerdos ratificados por Colombia.
Se ha hablado de cierta parcialidad en la forma en la que se dieron las suspensiones, ¿han visto algún desequilibrio en la forma como actuó la Procuraduría?
No podemos pronunciarnos en ese sentido. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la separación del cargo nos parece una vulneración al derecho fundamental de la participación política, porque no hay un apoyo fuerte en la Constitución y va en contra de los pronunciamientos de la Corte IDH. En ese sentido, expresamos nuestra preocupación.
Por eso mismo no nos manifestamos en el momento en que hubo críticas en contra del presidente Duque por sus comentarios. Su cargo es de elección y, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo a manifestarse en política, porque es un hecho que es el primer cargo político del país. Otra cosa son las prohibiciones que hay en la ley para no abusar de los dineros públicos y recursos para no hacer campaña a favor de algún candidato. Eso lo deben ver los entes de control y denunciarlo. Pero la libertad de expresión de un político es consustancial a su labor, sobre todo en una campaña electoral.
¿Qué le queda a la Misión por hacer de aquí a primera y segunda vueltas?
Nos queda mucho trabajo. Tenemos que observar con calidad la primera vuelta y una segunda vuelta, si la hay. Como hemos pretendido en las elecciones del Congreso, debemos dar una foto equilibrada y realista de lo que ha sido el proceso electoral. Señalaremos las fallas y las virtudes. De esta manera vamos a representar lo que ha ocurrido. No solo nos dedicamos a señalar lo que ha fallado, porque si no daremos una visión deformada de un proceso muy complejo como lo son las elecciones. Al final redactaremos un informe final en el que daremos nuestra visión de lo que se puede mejorar y estas recomendaciones cobran un mayor valor debido a que se puede estar presentando un código electoral pronto.
Conoce más