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Son varias las ocasiones en las que el presidente Iván Duque ha criticado las propuestas de Gustavo Petro sin mencionarlo con nombre y apellido. La primera vez se fue en contra del modelo pensional que propone el líder del Pacto Histórico: “Es robarse los ahorros de los ciudadanos para ponerlos al servicio de la politiquería”, dijo. La segunda fue más directo, y se refirió a la declaración del candidato en un debate en la que anunció que condonaría la deuda de los jóvenes con Icetex: “Mucho cuidado con los que ahora proponen acabar el Icetex y que dicen que ahí se cancelan todas las deudas”. Hubo una tercera, este lunes, cuando el mandatario anunció con bombos y platillos el uso de recursos de fondos de pensiones para construcción de infraestructura. Al igual que en las otras ocasiones, no mencionó a Petro, pero fue claro el destinatario de sus palabras.
No solo ha sido Duque. Varios de los miembros de su gabinete también han enfilado sus baterías en contra del líder de izquierda. Está el caso del ministro de Defensa, Diego Molano. Aunque en esta ocasión no fue por las propuestas de Petro, sino por los señalamientos ante las irregularidades en operativos del Ejército. Petro cuestionó la muerte de civiles en un operativo militar en Putumayo, y la respuesta del funcionario fue irse en su contra y hasta replicar la etiqueta en Twitter #PetroEmbustero. Esos ataques indirectos y directos han sido calificados por muchos como una evidente participación en política electoral de los servidores públicos, incluido el jefe de Estado. Ahora, aunque no se ve bien en la discusión, no está tan claro qué tanto estarían violando el ordenamiento sobre el tema.
Expertos como Armando Novoa, quien participó en las unidades de trabajo de la Asamblea Constituyente y en el “congresito” -que reglamentó parte de la Constitución de 1991-, explicó que constitucionalmente no hay talanquera expresa al presidente para expresarse en esos temas. Si bien el artículo 127 establece una prohibición para “tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos, y en las controversias políticas”, ello solo es para la “Rama Judicial y órganos electorales, de control y de seguridad”. Según Novoa, exmagistrado del CNE, no se habría incluido al primer mandatario debido a que se sobreentendía que no debía entrar en la disputa electoral. Ante todo, porque el artículo 188 de la Constitución establece que este “simboliza la unidad nacional”, lo que incluye no entrar a favorecer ningún movimiento o candidatura.
A nivel legal hay otras disposiciones que llaman la atención sobre estas actuaciones. Por ejemplo, el Código Único Disciplinario, que rige a los funcionarios públicos, considera como falta gravísima “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”. La Ley de Garantías también establece límites tanto a presidente como sus funcionarios para hablar de los candidatos en la contienda, aunque esta hace referencia a cuando existía la reelección. Asimismo, hay otro punto en el que se prohíbe a los funcionarios difundir propaganda electoral, a favor o en contra de alguien.
Todas estas reglamentaciones apuntan a una posible prohibición al presidente y su camarilla para hacer referencia a la contienda electoral y sus actores. O, por lo menos, se esperaría a que no incurrieran en estas prácticas. Más allá de la ambigüedad legal, el problema reside en que ningún ente de control ha llamado la atención o cuestionado las acciones del primer mandatario o de sus subalternos. Es más, pareciera que los presidentes son intocables en este tema, como cuando Álvaro Uribe tildó de “caballo discapacitado” a Antanas Mockus, cuando este se enfrentó a Juan Manuel Santos en 2010. Y para tener antecedentes de posibles reacciones a estas actitudes hay que remontarse a las polémicas elecciones de 1970.
Por muchos detalles, el presente tiene varias semejanzas con el enfrentamiento en las urnas de Misael Pastrana -candidato del Frente Nacional- y Gustavo Rojas Pinilla, cuando Carlos Lleras Restrepo era presidente. Al igual que en la actualidad, el candidato favorito por las franjas populares, Rojas Pinilla, causaba temor en algunos sectores, incluyendo la clase política. Los temores no eran infundados: cerca de 17 años atrás, el general ejecutó un golpe de Estado que lo llevó al poder. Fue un dictador por apenas cuatro años, pero al fin al cabo dictador. Ante la aspiración rojista, la clase política en su conjunto cerró filas en su contra. Fue común en la época ver titulares en los que liberales y conservadores pedían “proteger la democracia” y de “una batalla por la libertad”. Incluso el expresidente Alberto Lleras Camargo, histórico del liberalismo, se anotó en el listado de los que lanzaron discursos en contra de Rojas Pinilla, líder de la Anapo.
Sin embargo, la controversia llegó a su punto más alto cuando el presidente Lleras Restrepo entró sin tapujos al debate electoral para cuestionar al exdictador. El 7 de abril, en el sector de Kennedy (Bogotá), el entonces primer mandatario inició su andanada en contra de Rojas, como registró este diario en su momento. “Rojas Pinilla no triunfará”, comentó el presidente, que recordó el período de la dictadura y hasta cuestionó a los estudiantes que estaban en las filas rojistas. La respuesta del exmilitar fue retarlo a un debate. Lleras no se quedó quieto, sino que siguió interviniendo en la campaña: “Tenemos derecho a defender nuestras obras”, y hasta figuró en los carteles a favor de Misael Pastrana. La molestia y la campaña contra el candidato alterno al Frente Nacional era sin tapujo alguno.
Por varias semanas se cuestionó la actitud presidencial y hasta se rumorearon posibles sanciones de la Procuraduría. El Ministerio Público advirtió que no tenía competencia sobre el presidente. No obstante, el 30 de marzo, y ante la creciente intervención del primer mandatario, el entonces procurador general, Mario Aramburo, llamó la atención al jefe de Estado ante la violación de las “normas que tutelan la imparcialidad oficial”, presentó denuncia ante la Cámara -juez natural de la cabeza del Ejecutivo- por la conducta de Carlos Lleras y renunció al cargo ante la negativa del mandatario de reconsiderar sus posturas. El gesto fue inesperado y generó resonancia. El presidente liberal rechazó la carta de renuncia y se comprometió a no seguir con su conducta, tanto así que pidió retirar su imagen de cualquier publicidad política.
La controversia sobre lo que pasó en 1970 aún retumba por estos días y esas elecciones han estado siempre bajo el interrogante de un posible fraude que garantizó que Misael Pastrana ganara y así continuara por cuatro años más el Frente Nacional. Sin embargo, más allá de las dudas que quedaron para la historia, el tema pasó por la independencia de un órgano de control que fue capaz de llamarle la atención a un presidente que se extralimitó en sus funciones al intervenir en la discusión político-electoral entre dos candidatos. Los paralelos con la situación actual son evidentes. Iván Duque ha tenido comportamientos similares. La única diferencia es que ningún ente de control, hasta el momento, ha expresado sus observaciones ante la conducta presidencial.
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