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A finales de 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio vida al protocolo para el voto trans, una guía que deben incorporar el Estado y sus funcionarios para garantizar el derecho al sufragio de las personas con experiencia de vida trans. Fue una victoria de Caribe Afirmativo, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y la Misión de Observación Electoral (MOE), que expresaron sus preocupaciones y recomendaciones al organismo electoral. La solicitud nació por una verdad: la discriminación en contra de las disidencias sexuales y de género sigue enraizada en la cultura del país e impide el ejercicio pleno de esta población en las urnas.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, manifestó que “la democracia es el espacio para el fortalecimiento del movimiento LGBT+. Participar en política nos permite entender que son válidas nuestras demandas en un contexto de un mejor país”. Con eso en mente, las tres organizaciones pusieron en marcha el Voto por la Igualdad, una campaña que se reactivó en estas elecciones y en la que se enmarca el protocolo. El 13 de marzo se estrena en Colombia, siendo el segundo país de la región que lo pone en práctica.
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Jahira Quintero y Tomás Anzola, coordinadores de Pedagogía y de Incidencia Política del GAAT, respectivamente, hablan sobre lo que significa el protocolo y qué lectura hacen de las capacitaciones de la Policía, que estará en las urnas para no incurrir en discriminación de las personas trans.
El protocolo para el voto trans es, sin duda, una victoria del movimiento social trans. ¿Qué representa este avance en derechos?
Tomás Anzola (TA): Este es un proceso de incidencia totalmente diferente que hayamos vivido en Colombia. Esto porque el restablecimiento de personas LGBT+, en general, ha sido a través de litigio estratégico ante la Corte Constitucional. La Corte ha fallado sobre la salud de las personas trans para hacer sus intervenciones hormonales u otros procesos de reafirmación de género, solo por dar un ejemplo. No obstante, el protocolo no fue por medio de este mecanismo judicial, sino a través de una resolución del CNE. Era algo inimaginable porque en el movimiento LGBT+ no teníamos al alcance ver otra realidad distinta a abogados cercanos a la población que dieran todos sus argumentos ante el alto tribunal. Fue entonces otra posibilidad que se nos abrió para hacer incidencia.
Que el CNE haga toda una adecuación administrativa de todos los procesos electorales y que tenga en cuenta tantos actores fue un avance importante, porque se está impactando a muchas personas, a las mesas de justicia o a los jurados de votación, por decir solo algunos. Lo señalaba Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en el lanzamiento del protocolo en 2020: son aproximadamente 100.000 personas capacitadas sobre qué es una persona trans. Ya ahí hay un camino grandísimo que se abre.
La información siempre es supremamente necesaria cuando vamos a hacer algo con personas trans, porque la gente tiene preguntas: ¿qué son? ¿cómo los trato? ¿qué significa la “t” en la sigla LGBT+? Es decir, hay demasiada desinformación, entonces que esto llegue de primera mano a mi vecino, que le tocó ser jurado de votación, es un escalón hacia la transformación cultural. Para el movimiento social trans, es la reafirmación de que sus integrantes somos ciudadanos. Así tenga mi cédula que no representa mi identidad, así aún no haya podido cambiar mi nombre, yo puedo ir a votar con ella y se me debe garantizar mi derecho al voto. Es un mensaje social de que hay otras posibilidades y que desde este protocolo también podemos hacer activismo, y una voz más en Latinoamérica y el Caribe.
¿Cómo ha sido capacitar a la fuerza pública? Una institución que, se sabe, ha sido muy violenta con personas trans en varias zonas del país, pero que es clave en el día de elecciones.
TA: En el sistema para capacitar a los involucrados en el proceso electoral se hace la pedagogía, según los públicos objetivos. Con la fuerza pública el enfoque fue muy prohibicionista. Es decir, no fue como en términos casuales de pedirles a los policías que no discriminen cuando votemos, sino más bien dirigido a dejar claro que no pueden discriminar porque eso les va a generar una sanción y una repercusión en su vida profesional por cuenta de la violación de nuestros derechos.
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Fue un tono amenazante para que pudieran entender que respetar los derechos humanos de las personas trans no es un favor. La pedagogía para ellos también contó con informes de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia policial en personas LGBT+. Esto evidencia que la violencia contra nosotros no es producto de las acciones de algunas manzanas podridas, sino que es todo el árbol.
Jahira Quintero (JQ): Realmente a la fuerza pública nunca le ha interesado conversar sobre estos temas, entonces es ahí cuando las personas con experiencia de vida trans hacemos acciones de resistencia para existir. Para mí, el protocolo para el voto trans también es una acción de resistencia para abrirnos a otros espacios. No obstante, no sé en qué tono se deben conversar estos temas, porque creo que no se les debe obligar a los policías porque si se obliga, las personas no van a interiorizar esta información y tampoco se van a sensibilizar. Yo no puedo llegar a decirle a un policía que debe tratar a una persona trans de alguna manera cuando es transfóbico. Más que sensibilizar, creo que se debe humanizar. Es dar a entender que a todas las personas, independientemente de que seamos trans, se les deben garantizar sus derechos y la dignidad humanos que nos merecemos como personas. Esa es la base desde la que tenemos que partir.
¿Cree que esa mirada le faltó al proceso de pedagogía con la fuerza pública?
JQ: Eso es lo que le falta a esa institución, humanizarse un poco. Sabemos que su única vía en acción contundente es la violencia. Cuando yo vivía en Tunja y debía apoyar en una capacitación a la fuerza pública no pude hablar porque meses atrás la Policía me violentó y me sentía muy mal hablándole a mis victimarios sobre un tema que se supone debería dignificar nuestras vidas.
Pero siento que nosotros también somos personas que resistimos y que también hemos sido violentos en algún momento. Es un aprendizaje que debe darse de ambas partes, pero cabe resaltar que los policías son funcionarios públicos. En todo caso, hay que preguntarnos también quiénes están dictando esas capacitaciones de cara al protocolo del voto trans, porque si entre ellos se están capacitando, de nada sirve, no van a tener un enfoque de género con las experiencias que nos atraviesan a nosotros. El día de las elecciones vamos a ver cómo actúa la Policía, porque así no nos digan cosas específicas y discriminatorias, sé que habrá miradas y gestos con los que yo me voy a sentir incómoda y que ellos, por tener un uniforme, se van a sentir muy seguros de poderlas hacer.
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¿Cómo va la difusión del protocolo?
JQ: Las personas están muy interesadas en estas elecciones. El interés en el mundo del activismo existe. El reto es llegarles a las personas trans que no están metidas en el cuento del activismo político y están metidas en otros escenarios sociales. Con la MOE estamos haciendo la convocatoria para los observadores electorales trans. Estamos a la expectativa de cómo va a suceder, porque sé que les va a incomodar que vean a las personas trans en este espacio de ejercicio político del próximo 13 de marzo.
TA: Es la primera vez que se va a implementar el protocolo. Es muy importante porque pondremos a prueba el lugar de votación que históricamente ha sido un espacio inseguro para las personas trans. De entrada, esperar que todas las personas trans nos vamos a meter allá por el protocolo es utópico. En los territorios a les líderes les cuesta mucho entender cómo se va a poner en práctica un protocolo por nuestro voto, cuando no hay política pública LGBT+. Les explicamos que así no haya esta política pública se debe aplicar el protocolo para garantizar el voto trans en las urnas. A pesar de entregarles la información, en varios municipios nos dicen que no irían a votar porque no lo consideran un lugar seguro.
Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, aseguró que el activismo por el voto es una lucha de la cuarta generación del movimiento social LGBT+. ¿Lo ven así?
TA: GAAT es una organización de trece años que está en mil cosas. Hace todo lo que puede para avanzar en derechos, pero el voto trans no era una prioridad. En las planeaciones anuales no pensábamos en que algún año era el momento para lograr el protocolo del voto trans. Fue el diálogo tripartito entre Caribe Afirmativo, el Observatorio de Participación Política LGBT+ y el GAAT el que dio paso a este nuevo objetivo. Hoy esta meta es una de nuestras banderas más fuertes.
Gracias a este interés estuvimos seis meses con organizaciones, académicas y activistas de toda América Latina y el Caribe. Con ellos construimos un documento que incluye los puntos mínimos que debe tener un protocolo para el voto trans en cada país. Colombia es el segundo país de la región en adoptarlo. El primero fue México y el tercero es Perú. Esto es como el maíz pira. Ya explotaron los primeros maíces, ahora esperamos que siga estallando y que no se queme. El derecho a la identidad sigue siendo una prioridad, pero esta adecuación administrativa para participar en elecciones es un paso.
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