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Han pasado menos de 24 horas desde que la Corte Constitucional tumbó todo el Código Electoral, aprobado por el Congreso de la República en sesiones extraordinarias en diciembre de 2020. Si bien los parlamentarios no tardaron en reaccionar, lo que ha habido por parte del Gobierno y de los entes de control es, sobre todo, silencio.
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Con una votación de seis contra tres, el alto tribunal decidió que, en esta ocasión, no se cambiaran las reglas del juego que se crearon en 1979 para celebrar los certámenes electorales porque encontró vicios de trámite. El Código Electoral cayó porque más de 270 artículos que contenían el proyecto fueron discutidos a contrarreloj, sin “debate amplio, trascendente y participativo”, en el que muchos de los legisladores participaron en la virtualidad y no la presencialidad. También porque desconoció la necesidad de realizar consulta previa a poblaciones étnicas, “pues varios de los artículos tenían la posibilidad de generar una afectación directa a los pueblos indígenas y tribales”, y porque se aprobó en sesiones extraordinarias cuando la ley prohíbe que eso se haga en casos de proyectos que se refieran a leyes estatutarias, como este, fueron los argumentos de la Corte Constitucional.
Así las cosas, los congresistas que la impulsaron, provenientes de todos los colores políticos, dijeron que era una “lástima” la decisión del alto tribunal pues la ley eliminaba viejas normas y avanzaba en requerimientos del presente, como una participación paritaria de las mujeres y promoción de la población LGBT+ en lo electoral, además de traer mayor incidencia de la tecnología a las elecciones. Otros parlamentarios, algunos de oposición, insistieron en que ellos se opusieron a la aprobación de la ley, pero el Gobierno logró los apoyos con una fuerza aplanadora.
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Aunque desde su aprobación hubo voces que predijeron que el Código Electoral se hundiría en la Corte, entidades como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dieron el visto bueno, y la Procuraduría pidió celeridad en su estudio jurídico. Además, cabe recordar que fue el gobierno del presidente Iván Duque, en voz de la entonces ministra del Interior, Alicia Arango (actual embajadora de Colombia ante la ONU), quien convocó y avaló con su firma tramitar en sesiones extras de diciembre de 2020 el acto legislativo del Código Electoral. No obstante, las actuales cabezas de esas instituciones no han dado declaraciones y algunas ya dijeron que, por ahora, no lo harán.
El presidente Iván Duque, desde ayer sobre las 6:00 de la tarde que se supo la decisión de la Corte, hasta hoy, no se ha pronunciado. Este viernes dio un discurso en en la instalación del Congreso Internacional de Libertades Económicas y el Rol del Empresariado y no se refirió al asunto.
El ministro del Interior Daniel Palacios (viceministro de Arango en el momento en que se avaló la discusión del Código) expresó por medio de su equipo de prensa que no hablará al respecto, aunque su cartera es responsable del tema. Asimismo hizo el equipo de comunicaciones del registrador Alexander Vega, que manifestó que no musitarán palabra sobre lo sucedido en estos momentos. Eso sí, se supo que el alto funcionario está pidiendo una reunión con los magistrados del CNE para tocar el tema. Vega, desde su nombramiento en este cargo, dijo que la suya sería la “Registraduría del siglo XXI”, y fue uno de los que mayor peso puso para que el Congreso aprobara rápidamente la ley hoy hundida por la decisión de la Corte.
La procuradora Margarita Cabello, que está en estos momentos en Sevilla, España, en un encuentro iberoamericano sobre equidad de género, tampoco ha salido a manifestarse, a pesar de que su administración pidió que se revisara el Código Electoral como una urgencia nacional.
Quien sí se ha manifestado directamente es Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). “Lo sacaron a los trancazos, se hicieron tres advertencias sobre el impacto fiscal, necesidad de presencialidad y discusión en mayores tiempos para mejor discusión. Hay responsabilidad conjunta entre la Registraduría, el Ministerio del Interior, y las mismas secretarias y presidencias del Congreso porque, no obstante esas advertencias, se sentía que tenían músculo suficiente para sacar adelante el Código Electoral en un tiempo muy corto”, aseguró en W Radio, sin dejar de lado que han existido múltiples intentos para realizar esta reforma necesaria.
Este diario averiguó que, por ahora, los magistrados del CNE no saben si recibirán al registrador Vega para hablar del fallido proceso del Código Electoral porque están enfocados en revisar los escrutinios de las votaciones al Senado. La magistrada Doris Méndez le manifestó a El Espectador que una de las posibilidades que hay sobre la mesa es construir nuevamente una propuesta de reforma a las reglas del juego electoral, que cuente con la participación de todos los actores para que sea presentada ante el nuevo Congreso. “El país necesita un nuevo Código Electoral”, insistió.
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