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En menos de 24 horas de conocerse el video del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aludiendo a un cambio en primera, lo que se leyó como un guiño a Gustavo Petro, la procuradora Margarita Cabello decidió suspender temporalmente al mandatario local junto a Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, por decir, antes de las elecciones del 13 de marzo, “yo me identifico”, consigna de campaña de Federico Gutiérrez.
El primero en salir a rechazar la decisión y calificarla de golpe de Estado fue precisamente Gustavo Petro, quien se estaría beneficiando de la participación política indebida de Quintero. A su paso lo hizo el propio alcalde de Medellín y otras figuras del Pacto Histórico, como la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), Roy Barreras entre otros. “Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. No pasarán. La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.
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Estas aseveraciones se hacen a la luz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Colombia por la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Entre los exhortos de la Corte a la Procuraduría está la imposibilidad de destituir a funcionarios elegidos por voluntad popular.
Para la experta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, María Clara Galvis, en el fallo no hubo claridades sobre la figura de la suspensión temporal. “El sentido de la sentencia de la Corte en el caso Petro es que decisiones como la destitución y la inhabilidad, que afectan tan severamente el ejercicio del derecho político, deben ser tomadas por un juez penal. Considero que la sanción de suspensión temporal no es tan severa como sanción y por ello no se le aplica la misma regla. Habría que ver qué se entiende por temporalidad”, opinó la analista.
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Sin embargo, para el constitucionalista Rodrigo Uprimny sí se trata de un exceso de la Procuraduría sobre el fallo de la Corte IDH. “La suspensión desconoce sentencia caso Petro de Corte IDH, que dijo que entidad administrativa como Procuraduría no puede separar de su cargo a funcionarios electos; sólo puede hacerlo un juez. Pero procuradora los suspende, a pesar de que amplió planta para cumplir ese fallo”.
El penalista Santiago Trespalacios también catalogó la decisión de Cabello como un afrenta a los derechos políticos de los electos: “La suspensión de un alcalde elegido popularmente, por parte de una autoridad del ejecutivo es una directa vulneración de sus derechos políticos y una afrenta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Frente a la decisión, desde el Pacto Histórico manifestaron que irán hasta la Corte IDH para proteger el derecho político que reviste a Quintero al ser electo popularmente por los ciudadanos de Medellín. Lo que sí podría ser exagerado es tachar la decisión de golpe de Estado, puesto que se habla de este concepto para referirse de la toma hostil de la estructura administrativa, política y de la fuerza del gobierno de un país, a través de la violencia y la ilegalidad. La Alcaldía de Medellín, precisamente el alcalde Quintero, no es el jefe de Estado, sino el representante del Estado en la capital antioqueña.
Además de estos comentarios, se criticó el doble rasero de la Procuraduría. “Sorprende a los colombianos que la procuradora Cabello en apenas 12 horas suspende a un alcalde por un video en el que no menciona candidato alguno y por supuesto no participa en política, y en cambio al general Zapateiro, a quien personalmente denuncié hace unas semanas por su intromisión en el debate político, violando la constitución y la ley, y al mismo presidente Duque que lleva meses de jefe de debate del candidato Fico, controvirtiendo de manera evidente y pública las tesis de Gustavo Petro, ni siquiera hay una mención. Si ella sanciona al alcalde de Medellín porque dijo que el cambio iba en primera, le digo a la procuradora que ella va en reversa democrática”, dijo el senador Barreras.
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En eso concuerda el abogado Uprimny: “Sesgo es evidente porque procuradora suspende alcaldes, pero ignora evidentes intervenciones electorales del presidente Duque, su exjefe. Procuradora no tiene competencia disciplinaria frente a Duque, pero podía llamarle la atención, como hizo Aramburo frente a (Carlos) Lleras Restrepo. Sesgo también es evidente porque Procuradora no suspendió con igual rapidez al comandante del ejército frente a su clara intervención en política electoral, que es gravísima pues desconoce que FFMM no son deliberantes y deben ser neutrales políticamente”.
Bajo esa misma premisa se manifestó Sergio Fajardo en el debate de este martes de la alianza Caracol Radio, W Radio, Noticias Uno, CM& y la Andi: “He sido crítico de la forma cómo el Gobierno ha coptado los organismos de control. El fiscal amigo y compañero de Gobierno del presidente pasó a la Fiscalía; la procuradora que era ministra de su Gobierno también pasa a la Procuraduría. El presidente ha participado en política y no ha habido ningún tipo de sanción. La investigación de la Procuraduría es muy particular, ese es el principal factor de corrupción. Se está destruyendo la institucionalidad de los entes de control”.
Por ahora, no se sabe por cuánto tiempo quedarán suspendidos Quintero, Hurtado, Gustavo Herrera, concejal de Calarcá (Quindío), y Grenfeld Lozano, personero de Nataga, Huila, quienes también el Ministerio Público determinó que participaron en política de forma indebida. Para unos, como el senador Rodrigo Lara, lo cierto es que esta decisión terminará beneficiando al petrismo, al posibilitarle ponerse en el lugar de la víctima y movilizar a sus seguidores. “Qué regalazo electoral el que le acaban de dar a Petro con la suspensión del alcalde Medellín…”, opinó Lara en Twitter.
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