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Un atentado contra el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) el 14 de noviembre dejó un llamado claro a la Unidad Nacional de Protección (UNP): “He pedido personalmente reforzar el esquema, pero no lo han hecho”. El ataque de parte del ELN contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, había sido un antecedente inmediato, con disparos de arma de fuego en su vehículo mientras viajaba por la vía entre Fortul y Saravena.
Días más tarde, la reaparición de “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central (EMC), a través de un video, dejó una advertencia clara sobre las elecciones de 2026 y la posibilidad de la agudización de un conflicto entre el Estado y la estructura criminal por la que el gobierno del presidente Gustavo Petro retomó los bombardeos y se revitalizó la discusión sobre la política de paz total del Ejecutivo, todo a menos de cuatro meses del llamado a urnas para el Congreso.
“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, aseguró el jefe criminal en ese video.
Según la MOE, son 369 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, entre ellos el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 8 de noviembre, los que han puesto en el centro la discusión sobre la seguridad del creciente número de precandidatos al Congreso y la Presidencia. La mirada está sobre el director de la instancia encargada de la protección de esas figuras, Augusto Rodríguez, y los integrantes de un comité que solo comenzó a reunirse después del 7 de junio, la fecha del atentado contra el senador del Centro Democrático.
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Con fecha del 19 de junio de este año se emitió la resolución 864 —firmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti—, con la que se crearon los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), que ya lleva más de 12 encuentros. Allí se toman determinaciones claves, que van desde la evaluación del riesgo a los candidatos, así como la recomendación de adopción de medidas de protección de emergencia en los casos de riesgo inminente.
Y los encargados de hacerlo son el jefe de la cartera de la política, el ministro de Defensa (Pedro Sánchez), el director de la UNP, el comandante del Ejército Nacional (mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría) y el director de general de la Policía Nacional (brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano), o cualquier persona que deleguen. La Fiscalía de Luz Adriana Camargo y la Registraduría de Hernán Penagos están como invitados permanentes, con voz, pero sin voto.
Para inicios de octubre, de acuerdo con documentos de la UNP a los que accedió El Espectador, a esa misma instancia se habían presentado 64 candidatos presidenciales y 59 al Congreso. Ese número cambió en el último mes, de acuerdo con Benedetti, pues ahora son 62 aspirantes a la Casa de Nariño y 75 al Legislativo los que ha analizado el CORMPE, sumados a los 13 que están aspirando a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). A ellos los protegen, respectivamente, 533 y 232 funcionarios de la UNP y la Policía.
En todo caso, las amenazas son latentes. Además del caso de Ortega, los últimos meses también han estado marcados por atentados contra el representante a la Cámara Julio César Triana (Cambio Radical), el pasado 13 de agosto en el Huila, así como el plan de atentado que se conoció contra el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) y la senadora y precandidata Paloma Valencia (Centro Democrático). En los casos de Ortega y Triana, existen peticiones de larga data para reforzar los esquemas.
La responsabilidad se ha pasado de lado a lado y no han sido menores las tensiones que se han desatado desde el asesinato de Uribe Turbay. Según la misma UNP, es la Policía Nacional la que debe atender las solicitudes para reforzar los esquemas de seguridad. En el caso del fallecido senador, la entidad determinó que “se estableció que, antes del atentado contra [él], no se había remitido a la [UNP] ninguna solicitud relacionada con el fortalecimiento de su esquema de seguridad”, y estas correspondieron “exclusivamente a apoyos en territorio”.
En una carta del 8 de junio —un día después del atentado—, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, envió una misiva a la entidad para denunciar una “omisión sistemática y negligente frente a los reiterados requerimientos de seguridad para [sus] líderes” y afirmó que Uribe Turbay solicitó reforzar su esquema al menos 20 veces.
En el caso de Triana, se detalló que, cinco días antes, la entidad que dirige Augusto Rodríguez recibió “una comunicación por parte de la Dirección de Seguridad y Protección de la Policía Nacional, informando el resultado del estudio de nivel de riesgo realizado”. Ese estudio iba a ser evaluado en la sesión siguiente del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), tras lo cual las medidas aumentaron.
Ortega, por su lado, sigue esperando. Según le dijo a este diario, desde el atentado en su contra el pasado 14 de noviembre, se presentó una denuncia de la Fiscalía y el CTI, y recibió la visita de un mayor de la Policía Nacional para hablar de los hechos, así como una llamada de la UNP para pedirle sus datos personales, con la promesa de evaluar su seguridad. Sin embargo, hasta el momento, “no hay ningún reforzamiento del esquema de seguridad”.
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Lo cierto es que los tiempos para la UNP corren con un presupuesto apretado, por el que ya ha recibido regaños de la Corte Constitucional ante el bajo monto que recibió el rubro para garantizar la protección efectiva de líderes, por lo que el mismo Rodríguez fue sujeto de una investigación de la Procuraduría. Con esa determinación del tribunal, se pidió al Gobierno el pasado 29 de octubre inyectar más dinero a la entidad para una protección efectiva.
Con todo y eso, la contratación se está moviendo. En los últimos tres meses se han publicado convocatorias públicas para el arrendamiento de vehículos convencionales y blindados para atender la población evaluada por el CORMPE. El único que ha sido adjudicado es el de vehículos blindados, que asciende a COP 30.179’321.040 y finaliza el 31 de diciembre de este año.
En proceso de evaluación y observaciones hay dos, ambos concernientes al Plan Democracia —que, de acuerdo con la misma MOE, no ha recibido actualización— que se despliega tradicionalmente en los meses previos a las elecciones por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: el de vehículos convencionales (COP 18.261’949.592) y otro de blindados (COP 12.551’635.500). En los dos casos se presentaron proponentes, pero no ha habido selección.
Al Ministerio de Defensa también han llegado reclamos, pues está en juego no solo el bienestar de los candidatos, sino la participación de la ciudadanía en general. Especialmente, por la última alerta temprana electoral emitida por la Defensoría del Pueblo (013 de 2025) que señala municipios del “Catatumbo, el pacífico nariñense, el pacífico caucano, norte, nordeste y bajo cauca antioqueños, Caquetá, Bajo Putumayo y Arauca” —donde tiene presencia el ELN y las disidencias de Mordisco, entre otros— como lugares en donde podrían continuar “presentándose hechos violentos capaces de afectar de manera directa a candidaturas, liderazgos e infraestructura electoral”.
“Es previsible que, con la cercanía de las elecciones, los riesgos se intensifiquen en estas zonas y se extiendan a otros territorios. Esto obedece a la posibilidad de que con el aumento de la competencia electoral los grupos armados ilegales activen repertorios de violencia contra la población política y ejerzan mayores niveles de presión e intimidación”, se lee en ese documento.
La cabeza de esa institución, Iris Marín, dejó claro ante el Congreso que “la respuesta del Estado a estas alertas no es integral”, como no lo fue para la alerta temprana 030 de 2023 para los comicios regionales. La muestra quedó en que, de los asesinatos a 71 líderes que participaban en política entre 2023 y 2025, “en un 90 % se presentaron en municipios donde el riesgo establecido era alto”.
Entre las medidas que se han desplegado desde la cartera del ministro Sánchez se incluye una “planeación preventiva y enfoque territorial”; una presencia reforzada de capacidades militares y policiales aéreas, terrestres y fluviales en municipios de alto riesgo; acciones de agencia y contrainteligencia sobre amenazas, campañas de desinformación y uso de recursos ilícitos en campaña; coordinación interinstitucional; protección a candidatos y líderes políticos; así como la presencia preventiva de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y rondas de seguridad en zonas rurales.
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Pero la advertencia de Mordisco seguirá rondando los próximos meses, especialmente con una estrategia ofensiva que volvió a poner sobre la mesa los bombardeos a estructuras ilegales —con un saldo de 17 menores muertos a la fecha— y que significó un giro en la estrategia de paz del “Gobierno del cambio”. De eso dependerá, además, el establecimiento de los puestos de votación, como lo ha dejado claro la misma Registraduría en documentos, a manos de este diario, sobre las medidas que se están tomando para las elecciones.
“Las entidades competentes para garantizar la seguridad, el orden y la integridad de los ciudadanos, funcionarios y demás intervinientes en los procesos electorales son la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades con la competencia para la protección de las personas”, se lee en el documento.
Eso sí, el órgano electoral enfatiza en que “no supedita la realización de una elección a la existencia del conflicto armado u otras situaciones de alteración del orden público, pues siempre se debe disponer de la logística y el personal necesario para la apertura de los puestos de votación”.
A pocos meses de los comicios, los ojos están puestos sobre el Gobierno, que ha enfatizado en que garantizará el llamado a urnas. Con un conflicto en el que el mismo Ejecutivo ha aceptado el fracaso de la paz total, seguirá creciendo la confrontación armada y eso tampoco escapará del debate político entre los mismos candidatos cuya seguridad deberá ser garantizada.
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Por María José Barrios Figueroa
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