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A partir de este domingo solo faltarán 21 días exactos para que el país atestigüe la cita a urnas de la primera vuelta presidencial, lo que en gran medida explicaría por qué desde el oficialismo se regresó a la narrativa sobre un supuesto riesgo de fraude electoral. Además, es la base de una seguidilla de pronunciamientos del grupo político que rodea al presidente Gustavo Petro –el Pacto Histórico–, el cual ha criticado que no se le entregue el código fuente de los softwares que se usan en el proceso electoral.
Ese relato, que el grueso de la institucionalidad y de los delegados internacionales ha desmentido, llevó a que precisamente se tomen medidas para contrarrestarlo desde lo público y que de paso se ratifique que hay un blindaje tecnológico que garantiza la idoneidad de los resultados. Y todo pese a que se busque deslegitimar el sistema en sí mismo.
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Es en esa línea que la Registraduría volvió a defender la transparencia del proceso electoral de cara a los comicios del 31 de mayo. Incluso, desde la entidad se advirtió que se están dando todas las garantías para que las organizaciones políticas, y los delegados del propio Gobierno del presidente Gustavo Petro, puedan auditar precisamente el código fuente de los softwares; los claves son los que se usan en las etapas de inscripción, transmisión, preconteo y escrutinio.
Hernán Penagos, registrador Nacional, incluso dijo que los relatos sin sustento real –como al parecer es el caso actual con las acciones desde la Casa de Nariño– pueden derivar en hechos de confrontación contra jurados y testigos electorales. Además, dejó en claro que los comicios, al menos desde lo operativo, están salvaguardados para evitar irregularidades. De hecho, precisó que el foco debe ponerse en garantizar la seguridad.
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“Que se diga que por no entregar un código fuente no hay claridad en el proceso electoral es falso”, enfatizó Penagos durante un foro llamado ‘¿Por qué son confiables las elecciones en Colombia?’, el cual organizó esta semana la revista Cambio junto a varias organizaciones.
“Narrativas de desinformación terminen enfrentando a la sociedad, eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa frente a la Registraduría, sino que la sociedad colombiana, la ciudadanía en las calles, se enfrenten jurados con testigos, o jurados con militantes de partidos, y terminemos animando una tragedia. En Colombia, a diferencia de muchas naciones, la desinformación genera muerte”, agregó el funcionario.
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Esto no es menor. En la jornada electoral de 2023, en el municipio de Gamarra (Cesar), se registró un ataque violento contra la sede de la Registraduría en esa población, el cual se provocó por información y datos tergiversados en torno a supuestos intentos de fraude.
El resultado en aquel 28 de octubre –domingo de una votación atípica para la alcaldía– fue la incineración de la casa en la que funcionaba la entidad y, en consecuencia, la muerte de Duperly Arévalo, una funcionaria de la Registraduría. También se informó que Rosenda Contreras quedó en estado vegetativo, Ofelia Castro sufrió heridas en todo su cuerpo y Mileina Rodríguez sobrevivió con profundas secuelas psicológicas. Y todo producto de narrativas falsas.
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Siguiendo la línea planteada por Penagos en cuanto a los riesgos de mover información sin sustento para intentar favorecer un espectro ideológico, como pasó en su momento en Gamarra, otras cabezas del Estado lanzaron alertas encaminadas a frenar ese tipo de acciones.
El procurador General, Gregorio Eljach, reiteró que el Ministerio Público está vigilante de que se den las garantías electorales y que, por lo mismo, es la encargada de custodiar el código fuente mientras se hacen las auditorías.
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“Ante Colombia entera he estado recibiendo mandobles, no tan nobles, porque me toca una tarea no tan grata, disciplinar a los funcionarios, salvo al presidente de la República, que tiene un fuero constitucional”, señaló Eljach.
Y el contralor General, Carlos Rodríguez, fue más directo: “El señor presidente allá, en su tema del ejecutivo, y el contralor acá”. Esto lo dijo por las menciones del jefe de Estado en torno a varias advertencias que ha hecho el organismo de control sobre procesos públicos que lidera la actual administración.
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Tal es el revuelo que hay por cuenta de este tipo de situaciones que las alertas también llegaron desde el extranjero. En efecto, José Antonio de Gabriel, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, advirtió que la entrega del código fuente pone en riesgo la seguridad y la integridad del sistema electoral.
Además, en un contexto en el que la organización realizó despliegue de personal para las elecciones del próximo 31 de mayo, aseguró que el máximo tiempo que puede exponerse este código para las auditorías son cuatro semanas. En Colombia, ese plazo se estableció entre el 27 de abril y el 10 de mayo.
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“Es muy importante que cuando los partidos políticos expresan dudas o piden aclaraciones, exista una apertura y esa apertura la hemos visto clarísima en la Registraduría. Ha aumentado los plazos para las auditorías; estamos hablando de cuatro semanas de auditorías de los códigos fuente, que es lo máximo a lo que se puede llegar, porque evidentemente entregarse no se entregan, pondría en peligro la seguridad y la integridad del sistema”, precisó De Gabriel.
En todo caso, el presidente Petro y su grupo político, el Pacto Histórico que impulsa al senador y candidato Iván Cepeda —puntero en intención de voto en todas las encuestas—, insistieron en que se debe dar acceso al código fuente como tal, algo que al final es lo que podría generar más riesgos de vulneración.
“No solo es el mismo software del año 2022, sino del 2014, donde la justicia en sentencia encontró el fraude y ordenó cambiarlo por uno estatal”, precisó el presidente Petro. Esto, por supuesto, ha sido clarificado en todas las instancias por la misma institucionalidad que vuelve a salir en defensa de la transparencia electoral.
Y el propio Pacto, en una comunicación pública, le pidió a la Registraduría “fortalecer las condiciones de la auditoría, facilitando el acceso a la información técnica necesaria, ampliando las capacidades de verificación independiente y asegurando que cualquier modificación del sistema quede debidamente documentada, controlada y trazable”.
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Pero mientras se dan estas polémicas de carácter político, el riesgo más latente está en la seguridad, un frente que sí depende en gran parte del Gobierno. Solo este viernes se recuperó el cuerpo del periodista Mateo Pérez, asesinado por las disidencias que comanda alias Calarcá. El hecho se registró en zona rural de Briceño (Antioquia).
Y hace tan solo dos semanas, el país entró en luto porque en otro ataque de las disidencias, en esa oportunidad de las que comanda alias “Mordisco”, murieron 20 personas en Cauca tras el estallido en una vía pública de un artefacto que alcanzó a un bus de servicio municipal.
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A eso hay que sumarle, sin desconocer otros hechos que también tocan la seguridad en plena época electoral, que se han presentado en solo este 2026 cerca de 50 masacres con más de 220 personas acribilladas; los datos son de la organización Indepaz.
Justo este viernes también se confirmó que el Gobierno pidió levantar las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido a quien se conoce con la chapa de Chiquito Malo, para que se puedan mover a una suerte de zona de concentración que se piensa habilitar en Chocó en las próximas semanas. Esto, por supuesto, fue rechazado por la oposición y sectores de centro, que coincidieron en advertir que un paso así en tiempo de comicios buscaría incidir, precisamente, en las votaciones.
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Todas estas alertas sustentan la necesidad institucional de blindar con más fuerza la idoneidad y transparencia del proceso electoral, y le imponen al Gobierno del presidente Petro la obligación de garantizar que la violencia no golpee las elecciones. Los comicios son el 31 de mayo y ese día Colombia determinará si quiere mantenerse en la línea de la izquierda de la actual administración o girar hacia la derecha que busca recuperar el poder vía urnas.
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