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La pelea que el presidente Gustavo Petro tiene con la firma Thomas Greg & Sons fue revivida por la Casa de Nariño faltando solo 15 días para la cita a urnas en la que se elegirá a un nuevo Congreso y se votarán tres consultas interpartidistas. Y se hizo como parte de una estrategia que se trazó para buscar la reelección inmediata de la izquierda, en la cual uno de los capítulos incluye sembrar dudas sobre la transparencia de un sistema electoral que le sirvió al jefe de Estado para llegar al poder y que ahora, en clave proselitista, es objeto de dardos oficialistas.
Eso explica por qué el mandatario convocó a un segundo plazoletazo en este 2026, durante el cual –el pasado 19 de febrero– dijo explícitamente que “tenemos que volver a hacer ganar el programa de este Gobierno y mejorarlo”. Luego, durante una parte de los más de 60 minutos de discurso en tono de campaña, dijo que –desde su óptica– hay una supuesta fragilidad en los procesos que garantizan la idoneidad de las elecciones; esto lo justificó, de nuevo, reviviendo su debate con Thomas Greg sobre el software que la firma tiene a cargo y por las tareas que cumple con la expedición de pasaportes.
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Más allá de los dardos que desde la jefatura del Estado se suelen hilvanar con frases que rayan con la participación indebida en política, como el grueso de su segundo discurso en la Plaza de Bolívar de este año, el sistema electoral colombiano tiene una serie de procesos que se juntan para garantizar la transparencia en la entrega de resultados y que además han sido la base de las transiciones democráticas de cada cuatro años, incluyendo –por supuesto– la que tiene a Petro en Palacio.
En efecto, la firma objeto de los señalamientos constantes del mandatario hace parte de una unión temporal a la que se le adjudicó, tan solo hace unos meses, un contrato de COP 2,1 billones. El objeto de ese proceso es “una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026”. Y, como se identifica en el mismo decreto que le adjudicó el contrato, este ya fue puesto a prueba con las elecciones a los Consejos de Juventudes.
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Esto se traduce en que se encargan de los kits electorales, el software de la transmisión de datos y procesos como el de biometría. De hecho, en el momento en que se realizó todo ese proceso contractual, la Registraduría –en cabeza de Hernán Penagos y quien ha venido evidenciando el blindaje de las elecciones– dejó explícito lo que quedó a cargo de la firma.
“La solución integral objeto de la convocatoria está conformada por trece (13) componentes técnicos que hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral: 1) Inscripción de ciudadanos y registros de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco, 2) Candidatos, 3) Jurados de votación, 4) Kit electoral, 5) Infovotantes, 6) Biometría,7) Control de puestos de votación, 8) Preconteo y comunicaciones, 9) Escrutinios,10) Acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación E-14, 11) Actas de instalación y registro de votantes E-11, 12) Infraestructura tecnológica y 13) Mesa de ayuda”, dijo la entidad electoral en aquel entonces.
Testigos y otras bases de vigilancia
Pero esto no es el único eje del proceso, lo que hace que no exista concentración de funciones en privados o entes estatales y que, de paso, se dé garantía de pluralidad para un engranaje enfocado en la transparencia electoral.
En efecto, Indra está a cargo de los servicios y sistemas para la consolidación y divulgación de las votaciones de las elecciones. Es un convenio firmado por más de COP 48.000 millones, cuyo objeto es verificar y consolidar los datos electorales obtenidos del procesamiento electrónico del preconteo para su posterior publicación en la página web de la Registraduría; esto es lo que la ciudadanía usa como base para informarse en torno a quién va ganando los comicios.
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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz (Alianza Verde), le dijo a El Espectador que, además de estos procesos diferenciados, el sistema electoral tiene la figura de testigos electorales, que podrían ser unas seis millones de personas delegadas por las organizaciones políticas, grupos ciudadanos y hasta por privados; su función es exclusivamente cuidar los votos.
“El testigo electoral es muy importante, porque apenas se termina la jornada de votación va a tomar su foto a los formularios, sabe cuántos votos hay y puede hacer reclamaciones en la mesa. Son personas que están ahí en la mesa durante todo el día; no puede existir la más mínima duda de que la persona que está ahí, vigilando de su colectividad en cada mesa, tenga cuestionamientos desde la misma organización que lo nominó”, precisó Quiroz.
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A esto se le debe sumar que el registrador Penagos advirtió que los softwares y demás procesos tienen auditorías de los mismos partidos y organizaciones, incluyendo a quienes rodean la reelección de los ideales del presidente Petro, por lo que los dardos oficialistas pueden quedarse sin aire.
“Se ha autorizado para que los partidos políticos tengan auditores de sistemas y que nos acompañen en todos los procesos en todas las etapas para que hagan sus verificaciones”, precisó Penagos, pese a que el presidente Petro insistió –sin mayor sustento– en que se requiere de más vigilancia; incluso, lo hizo solo para volver a cuestionar a Thomas.
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En este punto entra en juego otro aspecto. Cuando el Consejo de Estado falló a favor del partido Mira en 2018 dándole validez a su demanda en torno a que se le habían quitado curules pese a tener los votos necesarios, se ordenó que el Estado tuviera su propio software para garantizar transparencia. Ese paso se dio y quedó en manos del CNE y cuenta también con auditoría, por lo que ese sistema tecnológico de escrutinio, que es lo que consolida las votaciones, ya está en manos del sector público.
Eso se traduce en que ninguna firma extranjera se encarga del proceso de escrutinio que, en pocas palabras, es el conteo oficial de los votos de cada candidato y/o partido en las elecciones. El Ejecutivo aseguró que este aparato debería ser por completo propiedad del Estado, y efectivamente ya lo es desde 2021 producto del cumplimiento del fallo administrativo que salió a favor del Mira.
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Incluso, cuando Indra se lo entregó al Estado y por orden judicial solo puede ser manejado por los magistrados del CNE, se puso a prueba en las elecciones de 2022, año en el que el ahora presidente Petro obtuvo la victoria en segunda vuelta sacándole poco más de 700.000 votos al ahora fallecido Rodolfo Hernández.
“Se hizo la compra del software a raíz de un fallo del Consejo de Estado, pero uno de los compromisos de este alto tribunal fue permitir auditarlo por parte de todas las agrupaciones políticas. Lo más importante de la auditoría del software es que todos los partidos políticos tendrán asiento en la sala de auditoría y que este es propiedad de la Organización Electoral. Todo esto, dentro del Plan de Garantías Electorales para estos comicios”, dijo, en ese tiempo, el entonces registrador Alexander Vega, hoy codirector del Partido de la U.
Ese programa, en pocas palabras, es el que permite que, por ejemplo, cualquier partido pueda certificar que los votos que recibieron fueron mayores a los que quedaron en el preconteo y así poder reclamar ante las instancias electorales. No es el software en sí mismo el que escruta, porque de eso se encargan los jueces de la República, delegados de los partidos y magistrados del CNE.
Todo esto demuestra que los procesos de vigilancia y transparencia para el proceso electoral, e incluso de blindaje, está garantizado en diversas instancias y que, si bien se pueden presentar irregularidades o delitos, los resultados se revisten de garantías.
Lo que pasa con los formularios
En medio de esto también entra en juego otro punto de ataque de Petro y que tiene sus propios procesos de cuidado. Se trata de los formularios E-14, que son la pieza clave de las jornadas electorales en Colombia. Es un documento en el que los jurados reflejan el conteo de los votos de cada mesa, no una, sino tres veces, pues deben llenar a mano tres ejemplares idénticos en los que, además, deben coincidir los resultados.
Tras el cierre de las mesas y el conteo de los votos, la primera copia del E-14 es la que se usa para la transmisión de los datos, un proceso que se hace de manera telefónica o digital y que le permite al país conocer rápidamente, a través de los medios de comunicación, los primeros resultados. Estos datos constituyen el preconteo, el cual no tiene ningún valor jurídico y no sirve para declarar ganadores o perdedores.
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Otro de los formularios E-14 es el de los llamados claveros, encargados de custodiar todo el paquete electoral. Esta versión del documento es la que termina en manos de los escrutadores, jueces y notarios encargados de declarar los resultados. El tercer formulario se entrega a delegados de la Registraduría encargados de escanearlos y publicarlos. De acuerdo con esta entidad, este año se conocerán todas las actas de la jornada para garantizar mayor transparencia.
En cada una de las copias de los formularios, los jurados diligencian los datos de identificación de la mesa y el total de votantes, que debe coincidir con el número de certificados de votación entregados. Además, en el mismo documento detallan los votos de cada candidato o lista y los votos en blanco.
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Aquí encaja otra de las polémicas que en clave proselitista planteó el presidente Petro por los espacios en blanco, lo que a su juicio abre la puerta a que supuestamente se puedan manipular los votos, por ejemplo, escribiendo números inexistentes en esas casillas de partidos y candidatos en blanco. Sin embargo, según la Registraduría, en todos los procesos la recomendación es dejar los vacíos.
“Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, dijo el registrador Penagos. Y agregó que para esta contienda cuentan con “todos los mecanismos de control. Las actas electorales (formularios E-14) de más de 125.000 mesas de votación se publicarán para consulta de todos los ciudadanos. Además, la Unión Europea acompaña el proceso con una veeduría seria y confiable, participando en los componentes y pruebas técnicas”.
A esta radiografía se le incluyó, además, la propuesta de “paz electoral” que viene promoviendo el procurador Gregorio Eljach, quien tiene el respaldo de diversas entidades públicas y privadas para que haya conciencia nacional sobre el respeto a los resultados en urnas y la transición democrática esté garantizada. El mensaje es directo a la actual administración de la Casa de Nariño, que mantiene una campaña constante por la reelección de sus políticas; el país está expectante sobre cómo asumirá lo que suceda en los comicios del 8 de marzo (Congreso y consultas), 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y 21 de junio (segundo balotaje).
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