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A falta de 48 horas para el cierre de 2025, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene en marcha dos estrategias con las que busca marcar el rumbo del próximo año en materia política y electoral. Ambas propuestas han sido leídas como desafíos a los demás estamentos del poder, en particular al Congreso, que durante el último año le puso una talanquera a la agenda oficialista.
La aparición en el panorama de ambas propuestas puso a correr a los bloques de oposición, que ya analizan cómo frenarlas. Las inquietudes incluso llevaron al Congreso a sesionar de manera extraordinaria en medio del receso decembrino. El pasado viernes, la plenaria del Senado aprobó una proposición para citar a los ministros este lunes a un debate de control político, pero este no se llevó a cabo, lo que reflejó las actuales tensiones entre la Casa de Nariño y el Legislativo.
El foco del llamado a rendir cuentas fue el decreto que firmaron el presidente y los jefes de cartera declarando una emergencia económica que les da luz verde para implementar nuevos impuestos y recaudar los COP 16,3 billones que el Legislativo les negó en el presupuesto de 2026. La directriz que se impartió desde la cúpula del Gobierno a todo el gabinete, a través de carta, fue no asistir a la sesión, y el argumento que públicamente esgrimió el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que aún no se cumple el plazo de cinco días para responder formalmente los cuestionarios del debate.
La decisión desató la molestia de los opositores, quienes incluso intentaron modificar el orden del día para aplazar una votación de ascensos militares y aprovechar la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para pedirle cuentas por la emergencia económica y hasta por los cambios de mandos militares. Varios recordaron que uno de los hechos con los que el Ejecutivo argumentó el decreto es la falta de recursos para combatir a los grupos criminales, razón por la cual le solicitaron explicaciones a Sánchez, quien se negó con el mismo argumento de Benedetti. Al final, los votos no alcanzaron para realizar primero el debate y luego los ascensos.
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El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), promotor del debate, calificó como “actitudes cobardes y mezquinas” las negativas del alto gobierno a responder. El presidente del Senado, el liberal Lidio García, quien ha defendido estas sesiones atípicas, dijo que los ministros están en su derecho de no presentarse y enviar excusas, pero que la corporación que dirige “tiene toda la potestad” de adelantar el trámite con o sin funcionarios presentes. Según explicó, va a conversar con los voceros de los partidos para definir si el debate se hace el próximo 31 de diciembre o durante la primera semana de enero.
Esta no es la única vía que han explorado los detractores del Gobierno para intentar detener los efectos de la emergencia económica, la cual muchos de ellos tachan como una reforma tributaria de espaldas al Congreso y a la ciudadanía. Varias bancadas se sumaron al llamado de los gremios a la Corte Constitucional para que suspendiera su vacancia judicial y estudiara inmediatamente el decreto, petición que no tuvo acogida en la sala plena del alto tribunal.
Con este panorama, el Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, anunció que acudió a la acción de tutela. “Es el único recurso inmediato, porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, aseguró el exmandatario.
Según Uribe, el recurso es liderado por la senadora Paloma Valencia, la candidata presidencial del uribismo. En este punto, el tema de la emergencia económica se empieza a encadenar con los relatos electorales, pues oposición y oficialismo integraron en sus agendas de campaña el tema en busca de capitalizar los votos. Los últimos, además, lanzaron una apuesta más con claros tintes proselitistas.
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Sin la firma de ningún funcionario del gobierno, el petrismo anunció por lo alto la integración de un comité para promover, a través de firmas, una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque quienes lideran la propuesta son nueve organizaciones sociales, el propio presidente ya le dio un espaldarazo al proceso y mandó un guiño el día de la radicación con la presidencia de su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
“El pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”, dijo el mandatario, señaló el presidente tras la inscripción del comité. Casi de inmediato la oposición y especialmente los candidatos presidenciales reaccionaron. “No existe ninguna evidencia que indique que la Constitución del 91 es un obstáculo para el progreso de Colombia”, señaló Paloma Valencia. Otro aspirante que se pronunció en contra fue Sergio Fajardo, quien dijo que se trata de “otra trampa sacada del bolsillo para aumentar la polarización y ocultar el fracaso del gobierno de Petro que prometió un cambio, que no pasó del despelote, el caos y la corrupción”.
El ruido constituyente también encendió alertas en escenarios distantes de la mecánica política, como es el caso de la Iglesia Católica. En entrevista con El Espectador, el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, aseguró que una constituyente “puede ser factible porque su evolución es necesaria, pero eso no hay que mezclarlo con un año electoral. Puede tener riesgos, puede tener confusiones, puede tener manipulaciones y ahí ya no estaríamos buscando el bien de Colombia”.
La defensa del jefe de Estado consiste en señalar que esta constituyente no la tramitará el actual Congreso, sino el que se elija en 2026 y que, de acuerdo a los tiempos legales, los posibles cambios se estarían realizando en 2027. Por otra parte, el ministro Benedetti dijo que lo que se busca es que la ciudadanía le mida el pulso al Congreso con el tema de las reformas sociales, pero no modificar toda la carta política de 1991. Según el Gobierno, la salud, la justicia y el cambio climático serían algunos de los temas a tratar en la eventual asamblea.
Lo cierto es que la puesta en marcha del comité le da una bandera de campaña al oficialismo, que durante buena parte del año ha dicho que el Congreso no aprobó las reformas que pedían los colombianos y que, por ende, se debería renovar. La jugada también le permite al propio presidente Petro mantenerse en el centro de la discusión política, un fenómeno poco común en elecciones, pero que esta vez concuerda con el control de la agenda pública que ha tenido el mandatario durante los últimos cuatro años.
El presidente complementó esta movida con un desafío más a otro poder, el económico, pues este lunes anunció un aumento del salario mínimo muy por encima de las proyecciones del empresariado, lo cual también le permite izar otra bandera que será clave para el 2026. “Del salario mínimo al salario vital, como ordena la Constitución, vamos a ver cuántos la defienden cuando logramos aplicarla”, dijo el presidente, conectado esta decisión con el tema constituyente.
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Con un panorama como este, los primeros meses de 2026, que serán claves para los comicios por pasos como el de la verificación de las candidaturas por firmas (el plazo vence el 21 de enero) y el inicio de inscripciones para las presidenciales (31 de enero), también tendrán un alto componente de debate en torno a la figura del presidente Petro y su emergencia económica y constituyente.
Mientras en la Casa de Nariño avanzan en más estrategias administrativas para esquivar al Congreso y desplegar planes de comunicación en defensa de las dos propuestas, desde el Capitolio esperan retomar los debates de control político y hasta posibles mociones de censura para tratar de frenar a Petro y sus alfiles. En 2026, semana a semana, estos debates y las alianzas de partidos y clanes políticos irán modificando el panorama electoral para marzo y mayo.
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