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Las cuentas más optimistas de los expedientes judiciales estiman que en el reciente escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se perdieron cerca de COP 380.000 millones, esto únicamente teniendo en cuenta los valores de los contratos en juego y a falta de varias investigaciones. Según la Contraloría, la trama de Centros Poblados dejó un hueco en el erario de COP 87.000 millones que eran para llevar internet a las escuelas rurales. Y para la Fiscalía, solo los sobornos del capítulo Odebrecht en el país rondan los COP 84.000 millones.
Las cifras varían según la fuente o el enfoque. Los protagonistas de los casos, uno por cada uno de los últimos tres gobiernos, son conocidos por todos los colombianos. Lo que no cambia es que esas tres polémicas se suman a docenas más para reflejar una penosa realidad: la corrupción es un mal que no responde a discursos o colores de partidos, que se mantiene invicta ante las medidas de los poderes públicos y que, más allá de los datos, afecta principalmente a las poblaciones vulnerables.
A tres semanas de la apertura de las urnas presidenciales que definirá buena parte del futuro del país —esto en medio de encuestas, choques entre candidatos y un papel activo de la Casa de Nariño—, la lucha contra la corrupción busca un espacio en la agenda. El Espectador analizó programas de gobierno y contrastó las propuestas con las voces de expertos para entender qué le espera al país en ese frente si llega al poder el candidato de la izquierda, si lo logra uno de los dos de la derecha o si alguno del centro da la sorpresa.
Paradójicamente, aunque estos cinco favoritos son tan dispares entre sí, coinciden en las respuestas que plantean a la corrupción, pero así mismo en los vacíos. Casi que es un común denominador encontrar en todos sus programas de gobierno una introducción a las propuestas en la que hablan de un problema que ya permeó a la mayoría de instituciones, que golpea la confianza en el Estado y no puede analizarse con la óptica de los últimos años.
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Para Transparencia por Colombia, el desafío de ellos y los demás candidatos será traducir esos diagnósticos en acciones reales, y especialmente blindarse de una visión demasiado amplia que termine en falta de resultados. “Se ha vuelto algo correcto para las campañas hablar de anticorrupción; sería costoso políticamente no decirlo, pero la pregunta es qué tan profundo va ese discurso”, aseguró a este diario Andrés Hernández, director de la organización.
Punto por punto, destaca rápidamente el enfoque que todos los candidatos hacen en torno a la necesidad de crear una entidad o intervenir las que ya existen para fortalecer la persecución a los corruptos. Para Iván Cepeda, la respuesta está en darle más “dientes” a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. De la Espriella plantea desplegar un “bloque de búsqueda” contra la corrupción que, según sus discursos, él mismo coordinaría.
Paloma Valencia, aunque no se enfoca en este apartado, habla de consolidar un ente focalizado en perseguir capitales ilícitos, mientras que Claudia López propuso crear la “Fiscalía Antimafia” y Sergio Fajardo transformar la Secretaría de Transparencia en la “Agencia Anticorrupción”. Para Hernández, algunas campañas saltan rápidamente, y en algunos casos “peligrosamente”, a hablar de crear nuevas instancias que requieren reformas a la justicia e incluso cambios constitucionales. De hecho, alertó que en algunos de esos planteamientos hay un “riesgo de transgresión” del Ejecutivo a las facultades de otras ramas.
María Margarita Zuleta, exviceministra de Justicia y exzar anticorrupción, señala que la agenda anticorrupción se ha limitado a los señalamientos entre campañas, por ejemplo los de Valencia y De la Espriella contra el gobierno Petro o los de Cepeda y el Pacto Histórico contra el expresidente Álvaro Uribe o figuras como el condenado Ciro Ramírez. Para ella, antes de esos cambios en la arquitectura institucional, primero se debe echar mano de acciones que dependen de la voluntad política.
“Quien llegue a la Presidencia debe mirar si con organización y buena gerencia pública puede hacer mejoras, antes de embarcarnos en unas reformas que, creo, son de papel. Los gobiernos siempre han tenido secretarías de transparencia, está la Comisión de Moralización desde Ernesto Samper, existe Colombia Compra Eficiente, Función Pública, oficinas del Ministerio de Hacienda y más”, aseguró la experta.
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Este punto se relaciona con el especial énfasis que hacen varios candidatos en la mirada de la corrupción como un reto estructural. Cepeda, de hecho, orienta su programa con el concepto de la “macrocorrupción”, señalando que no se trata de atacar actos aislados, sino de resolver “la descomposición generalizada de instituciones” y convertir la lucha anticorrupción en una “causa nacional”. Fajardo también apunta, por ejemplo, a la promoción de una política nacional de integridad pública, con mayor participación ciudadana en la vigilancia de los recursos. Los expertos valoran estos enfoques amplios, pero, al igual que en los casos de creación de entidades y nuevas reformas, advierten que esos cambios profundos requieren la suma de acciones inmediatas, pues parte de la apuesta debería ser dar resultados concretos para recuperar la confianza ciudadana.
Vivian Newman, abogada y directora de la línea Transparencia y Derechos Digitales de Dejusticia, señala que incluso ya hay varias hojas de ruta que, entre otras medidas, recomiendan cambios urgentes en la transparencia de las campañas políticas o la función electoral del Congreso, medidas que requieren únicamente de consenso en el Congreso para aprobar un proyecto de ley. Aquí surge otro vacío, pues ninguno de los candidatos desarrolla en sus programas la reforma a la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral o los cambios en las reglas de juego para financiar las campañas.
Transparencia por Colombia ya les envió recomendaciones sobre la materia a las campañas, entre estas un capítulo que advierte que un gobierno comprometido con la lucha anticorrupción debería, en sus primeros 100 días, publicar un informe abierto a la ciudadanía sobre la financiación de la campaña, publicar medidas de integridad y mérito para la selección de sus altos funcionarios y anunciar nuevas reglas de gestión para la contratación.
Paloma Valencia se comprometió a regir su eventual administración con la regla de “cero cargos para quienes tienen las manos manchadas”, mientras que De la Espriella propuso desmontar la “negociación clandestina entre gobierno y Congreso”, eso sí, destacó que no se trata de eliminar los proyectos impulsados por congresistas, sino de crear una contratación tipo “vitrina”, en la que todos los ciudadanos sepan quién pidió recursos y cómo se están ejecutando. El candidato Cepeda, aunque no toca a profundidad este tema en su programa, sí reconoció públicamente esta semana que la administración Petro tuvo varios fallos al respecto, pero que en el “segundo gobierno” van a erradicar estos focos de corrupción.
Otro de los temas que se repite sin excepción en las cinco candidaturas analizadas y que, de hecho, es una fortaleza en varias, está relacionado con los posibles cambios a la contratación. Fajardo prometió, una vez esté en Palacio, firmar un decreto para transparentar los procesos y que todo ciudadano sepa quién está detrás de las licitaciones y demás contratos, lo que a su vez implica crear una suerte de lista de control de los contratistas.
López habló de la eliminación de espacios de intermediación y fondos públicos sin control que se rigen por el derecho privado. Valencia planteó la oportunidad de impulsar un “Estado digital”, dotado de herramientas de inteligencia artificial, blockchain y analítica de datos para identificar riesgos. De la Espriella también se enfocó en la eliminación de algunos regímenes especiales y agregó la limitación a la contratación directa. Además, propuso convertir al Secop en “arma de vigilancia”, incluso a cargo de estudiantes de últimos grados de educación media que presten servicio social haciendo seguimiento a la contratación.
Y Cepeda dijo que un gobierno suyo fortalecería la contratación con un foco en la economía popular, de modo que “las comunidades y sus organizaciones en el campo y en la ciudad no sean simples espectadoras y observadoras del espectáculo de cómo los particulares se quedan de manera corrupta con los dineros de la nación. Vamos a convertir a las comunidades y sus organizaciones en sujetos de contratación pública para que puedan liderar y ejecutar con transparencia obras que demandan y necesitan los territorios”.
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Según Andrés Hernández, el nuevo gobierno deberá avanzar en la creación de un Secop 3 y la desactivación de Secop 1, pues incluso esas eran tareas de esta administración, pero no se hicieron, esto por varias polémicas. “Es mucho más profundo que decir que se debe aplicar inteligencia artificial”, agregó. Por otra parte, hizo hincapié en que los retos de la contratación implican soluciones más allá de la técnica y que se remiten a la gestión, pues, solo como un ejemplo, destacó la propuesta de Claudia López de territorializar esos procesos, para que las comunidades planeen y vigilen de cerca las obras que requieren.
De acuerdo con Zuleta, más allá de que se requiera un nuevo sistema, Colombia Compra Eficiente necesita garantizar que los datos de la contratación estén disponibles. “Para eso no necesitamos leyes, necesitamos gestores y gerentes públicos”, explicó. Para ella, una deuda preocupante, que de hecho no tiene protagonismo en las agendas de los candidatos, es que Colombia recupere su posición en transparencia y acceso a la información, lo que implica, por ejemplo, algo elemental como el acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios.
En este sentido, hay prioridades que no aparecen en los programas. Según Transparencia por Colombia, en materia internacional el próximo presidente debería comprometerse con la recuperación total de la participación de Colombia en el Grupo Egmont, de cooperación en inteligencia financiera, o en la revisión del asilo otorgado por el gobierno Petro a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá condenado por lavado de activos.
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Aunque el candidato Cepeda dedica importante espacio a las víctimas de estos delitos, queda pendiente, de parte de todas las campañas, una ruta para reglamentar el Fondo de Reparación de Víctimas de Corrupción. Así mismo, se mantiene el vacío en materia electoral y en el enfoque sectorial de la lucha. Además, para la abogada Newman, se debería hablar de los conflictos de interés en la Rama Judicial, del papel de la ciudadanía y del cumplimiento de promesas de cambio, como las consignadas en el Acuerdo de Paz de 2016.
En los últimos cuatro años, reconocen los analistas, se avanzó en la expedición del decreto de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, la línea anticorrupción 157, el fortalecimiento del Portal de Transparencia Económica y el ajuste de la metodología de priorización de proyectos a financiar con la asignación de recursos para la paz. Sin embargo, las acciones no han logrado logros significativos y se han empañado por los escándalos.
De acuerdo con World Justice Project, que evalúa el Estado de Derecho en diferentes países, Colombia ha retrocedido preocupantemente: el país pasó de 51 puntos en 2015 a 47 en 2025 de manera general y, en materia de ausencia de corrupción, pasó de 43 puntos en 2015 a 39 el año pasado.
La lucha anticorrupción, aunque detrás de la seguridad y la crisis fiscal en los pocos espacios de debate presidencial, aparece como prioridad en todas las campañas, pero también en las preocupaciones de los ciudadanos, que ven este flagelo como uno de los más perjudiciales para el país. Pase lo que pase el próximo 31 de mayo y el 21 de junio, si hay segunda vuelta, el próximo gobierno se enfrentará a un “chicharrón” que les exigirá más de lo consignado en sus programas de gobierno, en las declaraciones y múltiples trinos.
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Por David Efrén Ortega
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