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La disputa este 8 de marzo por 286 asientos en el Congreso, en paralelo a unas consultas presidenciales que depurarán la lista de aspirantes a la Presidencia –asiento que se jugará en mayo y junio–, ha sido objeto de un intento de enturbiamiento a través de un relato oficialista en torno a un supuesto fraude; el objetivo es golpear la credibilidad de un proceso vigente desde la promulgación de la Constitución de 1991 y que por más de tres décadas ha sido fortalecido para garantizar el tránsito democrático cada cuatro años en el país. El origen de esas dudas está en la actual administración de la Casa de Nariño, pero la misma institucionalidad que le da vida al Estado social de derecho es el baluarte garantista de su estabilidad.
Pero, realmente, ¿es factible un fraude en las elecciones? Todos los caminos apuntan a una respuesta negativa y se ratifica con una serie de procedimientos interconectados e intersectoriales sometidos a una estricta vigilancia a la que puede sumarse casi cualquier colombiano. Así lo aseguran la Registraduría –organismo encargado de todo el aparato logístico–, el Consejo Nacional Electoral (CNE), Procuraduría, Contraloría y Fiscalía –que hacen la vigilancia y control–, así como el propio Gobierno, pese a las dudas esgrimidas por el presidente Gustavo Petro con fines proselitistas durante los últimos meses.
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Y es que, faltando tan solo 15 días para esa primera puja por el poder, tanto el mandatario como su partido, el Pacto Histórico, han querido sembrar interrogantes sobre la legitimidad en la logística electoral. No obstante, siguen siendo los mismos procedimientos que en el 2022 les dieron la Presidencia y una bancada mayoritaria en el Congreso. Todo este panorama se registra, además, en medio de una serie de alertas sobre el orden público en numerosas regiones y una ola invernal en la Costa Caribe a la que ya se le buscan las primeras soluciones para no alterar los procesos.
¿Qué se discute? En primera instancia, el presidente mantiene sus señalamientos contra Thomas Greg & Sons, que aún está al frente de la expedición de pasaportes y que en estas elecciones hace parte de una unión temporal para la impresión del material electoral, y tiene incidencia en la administración biométrica de los comicios.
Según la versión presidencial, la presencia de esta empresa podría implicar riesgos por el manejo de registros ciudadanos. Sin embargo, su tarea está enfocada en el manejo de un software electoral para la divulgación preliminar de los resultados y que, además, cuenta con una estricta vigilancia y por lo menos dos procesos de auditoría contratados tanto por Registraduría como por el CNE. Uno de ellos es de carácter internacional.
Las dudas sembradas por el presidente Petro también se enfocan en el software de escrutinio final, que en su momento manejó la firma Indra y que desde 2021 es del Estado tras una orden judicial con la que, además, se estableció que solo puede ser manejado por los magistrados del CNE. La decisión se dio en 2018 a favor del partido MIRA luego de confirmar que perdió curules de forma injustificada en las elecciones de 2014. Ahora bien, ese programa, ya en poder de un ente público, se usó durante los comicios de 2022, en los cuales el actual jefe de Estado le ganó en segunda vuelta por poco más de 700.000 votos al ahora fallecido Rodolfo Hernández; o sea, ya se probó.
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Ese software, al igual que los de divulgación de resultados de la Registraduría, podrán ser verificados por las organizaciones políticas para su vigilancia y control. Al menos un delegado de cada partido, incluyendo al que busca la reelección inmediata de la agenda de Petro, tendrá acceso a ese programa.
El debate también ha estado alrededor del diligenciamiento de los formularios E-14. Según señaló el registrador Hernán Penagos, aquellas casillas de ese documento en las que no se registren votos para partidos y/o candidatos deben quedar en blanco para facilitar y agilizar los procesos de digitalización y escrutinio. Todo, reiteró, será publicado.
Esas actas son tan solo el primero de los filtros para el conteo de los votos y constan de tres documentos que son diligenciados por los jurados en las mesas. Posteriormente, pasarán por revisión de jueces y notarios en el escrutinio. Es decir, lo registrado en los E-14 no es el resultado final de la votación y, en caso de haber posibles irregularidades en su contenido, especialmente si se da una disonancia entre número de votantes y votos registrados, se obliga a la apertura para un reconteo de mesa.
De hecho, Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, aseguró que las instrucciones impartidas en 2018 durante la administración del entonces registrador Juan Carlos Galindo –y en 2022 con Alexander Vega a la cabeza de la entidad– dificultaron los procesos de conteo.
¿Por qué? Galindo pidió marcar con una línea horizontal esas casillas en blanco; mientras que con Vega se solicitó un asterisco –lo mismo que hoy pide el presidente Petro–, hecho que permitió alterar algunos resultados y que también permitió modificación en esas fichas. La aclaración sobre esos episodios se debe a que ahora, en este 2026, se quiere evitar que haya errores en el diligenciamiento de los E-14 y así esquivar los ruidos de fraude que salen desde el Ejecutivo.
Seis millones de testigos
Fue justamente en las elecciones del 2022, en las que el presidente Petro llegó al poder, cuando el papel de los testigos electorales tomó mayor relevancia y por el que ahora tanto en la Registraduría como en el CNE se ha insistido en la postulación de estas figuras. Son los vigilantes y garantes de que todos los procesos de votación en las mesas se lleven conforme a la ley.
Además, son postulados por las organizaciones políticas, que en la actualidad ascienden a 29; los movimientos significativos de ciudadanos; e incluso sectores privados. En estimaciones de los dos organismos electorales, y teniendo en cuenta que se desplegarán 13.746 puestos de votación y se habilitarán 125.259 mesas a nivel nacional e internacional, se podría llegar casi a los seis millones de testigos electorales, incluyendo los de las fuerzas que rodean a Petro.
Dentro de sus funciones está la identificación de los jurados, la vigilancia en la clasificación de los votos y que todo quede registrado en los formularios. Además, pueden tomar registros audiovisuales que, en caso de reclamaciones, se pueden remitir al CNE a través de un software contratado por este organismo y los cuales llegarán directamente a los partidos que representan; todo con el fin de que se puedan hacer las reclamaciones.
Fueron, de hecho, más de 34.000 testigos los que se acreditaron hace cuatro años desde el Pacto Histórico en las elecciones a Congreso y quienes dieron sustento a una reclamación que sumó cerca de cinco curules en el Senado a esa colectividad. A la fecha, solamente han sido postulados cerca de 6.000 personas para esos fines desde todos los partidos, pero, también desde el oficialismo, han puesto en duda el software de acreditación.
En diálogo con El Espectador, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, advirtió que ese proceso también está blindado y que “esa es la plataforma más importante que tenemos. Los partidos pueden acceder a una información que, en últimas, resulta siendo pública. ¿Por qué? Porque ese es el listado de los testigos electorales que la ciudadanía conocerá con nombre propio en aras de brindar mucha más transparencia. Ha habido reuniones para mostrar el blindaje que tienen los datos y la misma plataforma. O sea, acceder a esa información no significa que no estén dadas todas las garantías”.
Invierno y otros escenarios
Pero los señalamientos desde el Gobierno no solo pasan por el proceso en las urnas y que se llevará a cabo, en su primera instancia, el próximo 8 de marzo. Observadores nacionales e internacionales y las propias organizaciones políticas han advertido sobre los riesgos para hacer proselitismo en el país. Esto se debe, en estas semanas, a dos factores: el frente frío que afectó a Córdoba y la proliferación de grupos criminales.
Ese primer caso afectó a más de 120.000 personas y obligó a que la Registraduría –en coordinación con la gobernación y las alcaldías municipales de Montería, Cereté, Lorica y Tierralta– trasladara 22 puestos de votación, 19 de ellos en la capital. Esos movimientos comprometen a 312 mesas de votación, pero garantizarán la participación de los habitantes de esa región.
En cuanto a la ola de violencia, los entes que más participación han tenido son los de índole nacional. En las comisiones de garantías electorales se han emitido numerosas alertas que han sido escuchadas por los ministerios del Interior (Armando Benedetti) y de Defensa (Pedro Sánchez), especialmente, pero con participación de otras carteras como Justicia (Jorge Cuervo) e incluso la Cancillería. Además, juega un papel importante la Unidad Nacional de Protección (UNP), ente a la cabeza de Augusto Rodríguez, quien sin embargo ha señalado que las capacidades de esta oficina no son suficientes para la protección de los 3.144 candidatos al Congreso y los cerca de 30 aspirantes a la Casa de Nariño.
Ese flagelo ha afectado a todos los sectores políticos. Tan solo en una semana se han denunciado ataques a las sedes de los partidos Centro Democrático en Neiva (Huila) y del Pacto Histórico en Yumbo (Valle). Además, la bancada uribista también denunció las limitaciones para hacer eventos de campaña en Cauca por constantes amenazas de las disidencias. Así mismo, en medio del proceso electoral se presentaron atentados contra los congresistas Jairo Castellanos (ASI), Temístocles Ortega (Cambio Radical) y el secuestro exprés de Aida Quilcué (MAIS). De ellos, Castellanos busca su reelección.
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“Frente a la violencia, los grupos armados organizados y carteles del narcotráfico viven del crimen y tienen capacidad para generar actos violentos. La clave para neutralizar estas amenazas es la inteligencia y la acción decidida de la Fuerza Pública”, dijo recientemente el ministro Sánchez, quien además confirmó un fuerte despliegue de las Fuerzas Armadas (al menos 246.000 uniformados) para garantizar la jornada electoral del 8 de marzo.
En todo este blindaje electoral, la Procuraduría y la Contraloría también están jugando un rol clave en la observación y acompañamiento de los procesos. Además de sus verificaciones, la participación en los espacios en los que han recogido las alertas de los organismos, también han robustecido sus medidas para evitar delitos, entre otros, como la indebida participación en política de funcionarios públicos en activo.
El reto está en que todas esas medidas funcionen para garantizar la transparencia de los resultados que reclama el presidente Petro, incluso en discursos de plaza pública que rayan en la participación indebida en política, así como para que la oposición vea que su disputa por recuperar el poder a través de urnas no termine ensombrecida por señalamientos oficialistas. Incluso, hay expectativa por la cita que el jefe de Estado dijo que sostendrá con el registrador Penagos para hablar de estos asuntos. La dura polarización de la campaña es otro escollo a superar.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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