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A cuatro días de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, en varias entidades y organizaciones se encendieron nuevas alertas por posibles irregularidades en torno a los comicios. Las causas de las preocupaciones van desde la compra de votos en algunas regiones, pasando por los cuestionamientos a las votaciones en el exterior y hasta el constreñimiento de grupos armados en zonas apartadas del centro. Todo esto ocurre bajo una narrativa del Gobierno que cuestiona los sistemas del proceso mientras intenta plantar cara a los grupos armados en un pulso político marcado por varios hechos violentos.
El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que midió los reportes sobre irregularidades electorales en el desarrollo del proceso electoral a través de la herramienta Pilas con el Voto, recopiló 145 casos de irregularidades electorales: 131 reportes relacionados con la elección a Congreso y 14 reportes sobre Curules de Paz de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep). Estos casos van desde el 1 de enero hasta el 26 de febrero.
Dos tipos de irregularidades suman el 60 % de los reportes. La primera son las relacionadas con el voto libre, relacionadas con conductas de coacción laboral, proselitismo ilegal desde entidades públicas y educativas, manipulación del voto y control electoral o compra y trasteo de votos, que representan el 34 % de los casos.
Las denuncias sobre irregularidades en la función pública también entran en el panorama, pues se evidenció que un 24 % de estas son sobre participación indebida en política por parte de funcionarios públicos. Sobre este delito electoral, el procurador Gregorio Eljach aseguró tener 38 denuncias sobre servidores públicos que estarían participando en política en medio de las campañas a Congreso y presidenciales.
El subdirector de la MOE, Frey Muñoz, aseguró que la mayoría de los casos se localizaron en Bogotá (19), Tolima (15), Bolívar (10), Valle del Cauca (9), Meta (9) y Antioquia (8) y Risaralda (8).
En Barranquilla y San José del Guaviare hubo cinco reportes; se resaltan por su mismo número, pero difieren en el tamaño poblacional, pues la primera cuenta con 1,4 millones de habitantes, comparado con la segunda, que solo tiene 68.000 pobladores.
En este departamento en la región Amazonía, la Procuraduría advirtió sobre un posible riesgo de trashumancia relacionado con un traslado masivo de las inscripciones del sector urbano al rural. Además de un incremento significativo y atípico de inscripciones de cédulas en puestos de votación en el sector rural de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, de cara al proceso electoral de Citrep. Frente a este fenómeno, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, le dijo a El Espectador que el tribunal electoral está abordando estas investigaciones en la Sala Plena.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, advirtió el fin de semana sobre esta conducta en al menos tres departamentos del país (Meta, Norte de Santander y Vichada), pues allí se ha detectado un número inusualmente alto de inscripciones de cédulas para votar el 8 de marzo y el 31 de mayo. Por su parte, José Antonio de Gabriel, el jefe adjunto de la MOE de la Unión Europea, este fenómeno podría afectar más la elección de las curules de paz, pues “se eligen con muy poquitos votos. Entonces, un pequeño cambio en la cámara electoral […] pues puede suponer un cambio en la atribución de la curul”.
Camilo Mancera, asesor electoral de la Registraduría Nacional, le aseguró a este diario que los “delitos [electorales] que más se han denunciado históricamente son la corrupción de sufragante, el constreñimiento al sufragante, la trashumancia, así como presiones y amenazas para que voten en un determinado sentido, como de forma laboral”. Además, manifestó que la compra de votos es el delito que más se denuncia en elecciones de Congreso y Presidencia. Mientras que en las elecciones de autoridades locales es el trasteo de votos.
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Este delito ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas debido a la captura de Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza. En el operativo, que ocurrió en Hatonuevo (La Guajira), la Policía incautó COP 140 millones en efectivo, escondidos dentro del equipaje de un vehículo particular y repartidos en siete sobres, además de publicidad de la campaña del candidato al Senado por el partido Conservador, Daniel Restrepo. La colectividad rechazó estos hechos y anunció investigaciones.
El Espectador pudo confirmar que los sobres estaban marcados con los nombres de Débora Barros, ‘Beba’ Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Christian Bermúdez. Varios de ellos están relacionados con la política local desde hace varios años. Cabe resaltar que el secretario Lacouture es cercano a los sectores conservadores de La Guajira —de donde es oriundo—; así como del actual senador Carlos Trujillo, quien impulsa la candidatura de Restrepo.
El presidente Gustavo Petro se manifestó en sus redes sociales frente al arresto del escolta en La Guajira y afirmó que “la Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio”.
Al llamado del mandatario se sumó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien denunció en su cuenta de X un presunto incidente de compra de votos en la consulta para rector de la Universidad Popular del Cesar en la sede de Aguachica, en ese departamento. A su vez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas de hasta 50 millones a quienes denuncien compra de votos a través de la línea 157.
Estos no son los únicos incidentes de posible compra de votos que se denunciaron en los últimos días. La FM compartió una serie de audios sobre la presunta compra de votos en Montelíbano (Córdoba) para favorecer a Camilo Torres, candidato al Senado por el Partido Liberal y sobrino de Euclides Torres. La presunta acción la estaría impulsando la familia Calle, cercana al expresidente de la Cámara Andrés Calle, preso por el escándalo de la Ungrd, con promesas de beneficios a los votantes como mejoramiento de vivienda.
Las votaciones en el exterior también han generado ruidos. El jefe de Estado cuestionó un cartel que se observa en una de las embajadas autorizadas tras la apertura de las urnas el pasado lunes; en este se leía: “En la consulta de precandidatos a la presidencia, no marques más de una casilla. Si lo hace, su voto se anula”. El mandatario calificó esto como una “propaganda exagerada de la Registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas”.
La Registraduría envió un comunicado defendiendo los carteles y asegurando que “es un simple instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo, ya que todas están en un mismo tarjetón. Hace 4 años se anularon más de 260.000 votos. La información está en el cubículo de votación y no en las mesas de votación. Es decir, cuando la persona ya decidió si votar la consulta o no”.
A estos ruidos se sumó el comunicado del Partido Mira, que alertó sobre posibles actos de proselitismo, falta de jurados e injerencia en los votos por parte de funcionarios. Señalan por lo menos seis puntos de alerta en estos comicios, focalizados en Europa y los Estados Unidos.
A esto se suman las condiciones de seguridad electoral en el país que en los últimos meses dejaron un intento de secuestro a una congresista, dos candidatos al Congreso que desaparecieron un par de horas y múltiples amenazas a los aspirantes a la presidencia. Esto llevó al despliegue de estrategias para robustecer la seguridad en medio de las elecciones por parte del Gobierno Nacional.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, en el último Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE) antes de los comicios, aseguró que se robustecieron las medidas de seguridad para más de 500 candidatos que buscan llegar a la Presidencia o el Congreso.
Agregó que en estos operativos en coordinación con las Fuerzas Militares se desplegaron, solo para 64 aspirantes a la Presidencia, cerca de 400 vehículos blindados y las debidas medidas de protección a más de 4.000 eventos proselitistas a lo largo del territorio nacional. Advirtió que conoció información de la Defensoría del Pueblo y la Policía, donde identificaron al menos 108 municipios con alertas de seguridad o delitos electorales como trashumancia electoral.
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Estas alertas aparecen en medio de la narrativa del presidente Gustavo Petro sobre irregularidades en la elección por parte de los entes electorales al cuestionar el código fuente de los softwares electorales. Un hecho que llevó al Registrador Hernán Penagos y al Procurador Gregorio Eljach a responderle al mandatario y llamar a la tranquilidad sobre la jornada electoral del 8 de marzo.
Frente a esto, De Gabriel le dijo a El Espectador que considera que “el sistema colombiano tiene unas características muy fuertes de transparencia, trazabilidad y apertura, en el sentido de que todos y cada uno de los pasos del proceso de consolidación de resultados […] se hacen físicamente en presencia de personas de testigo”.
A días de la cita en las urnas, estas alertas sobre irregularidades en la elección serán parte de los hechos que marcarán los resultados el 8 de marzo cuando se elija un nuevo Congreso. Además, estos trazarán el camino para los próximos comicios del 31 de mayo y 21 de junio, cuando el país escoja a su nuevo presidente.
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Por Nicolás Torres García
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