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Las cuatro semanas que vienen tendrán una alta carga electoral y todas las fuerzas políticas, en especial las de izquierda y de derecha que han tomado el protagonismo en la disputa por el poder en 2026, están en guardia por la agitación en torno a fechas definitivas que están por cumplirse y que pueden sacudir el tablero político.
Si bien las más inmediatas son la elección de los Consejos de Juventudes del próximo 19 de octubre, y la consulta de la izquierda ahora en vilo que busca decantarse por una sola ficha que enarbole la reelección del proyecto del presidente Gustavo Petro –prevista para ocho días después–, tras esas citas a urnas hay otros momentos determinantes por los que todas las colectividades hacen sumas y restas. Y plantean alianzas y buscan alternativas.
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En efecto, el próximo 1° de noviembre se levanta el veto para que el país pueda conocer públicamente sondeos de intención de voto, lo que tocará con especial fuerza las aspiraciones presidenciales que, sumando los que están buscando firmas y los de avales de partidos, dan más 100 personas abriéndose espacio para el tarjetón de 2026.
Casi todos los candidatos han pagado mediciones con diversas variaciones, muchas enfocadas en el alcance digital y en redes, pero son los grandes sondeos los que permiten determinar qué tanta aceptación tiene una candidatura, lo que de inmediato deriva en que se dé una depuración de ese abanico que supera el centenar de aspirantes.
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Lo que quedó establecido en una norma que entró a regir este año es que no se pueden divulgar encuestas sobre intención de voto hasta tres meses antes de que comiencen las inscripciones para una elección, lo que se traduce –en el caso de las presidenciales– que dentro de 18 días a partir de este martes ese veto queda levantado.
Eso hará salir de la carrera a las candidaturas que sencillamente no despegaron; se espera que las primeras de estas mediciones se comiencen a conocer a partir de la segunda semana del siguiente mes, lo que de inmediato repercutirá en materia de coaliciones y avales.
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Pero no es lo único. En la Casa de Nariño se impartió la instrucción de fondo para que se pueda mover con celeridad la mayor cantidad de contratación posible, para que el Estado no quede con las manos atadas luego de que entre en vigencia la Ley de Garantías.
Esa norma, que le pone freno al grueso de procesos contractuales, queda en firme el 8 de noviembre y –en plata blanca– ratifica límites a la contratación directa y a los convenios interadministrativos. De hecho, parte de ese acelerador lo reveló El Espectador en su edición dominical, cuando evidenció cómo se han movido cerca de COP 20.000 millones en los últimos meses para darle un último aire a la llamada paz total.
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En efecto, el pasado 25 de septiembre, una circular de 11 páginas de la Agencia de Contratación Pública, que llegó a todos los despachos de la Presidencia y varias oficinas más, motivó un acelerón en esas movidas. El documento les recordó a los funcionarios que la vigencia de la Ley de Garantías con motivo de las elecciones de 2026.
Como es natural, la información puso a correr a todas las entidades que quieren dejar contratos listos para no ver afectados su funcionamiento y programas. El Palacio presidencial no fue la excepción, particularmente la oficina de la Consejería Comisionada de Paz, a cargo de Otty Patiño. Esta dependencia, en el último mes, suscribió contratos por más de COP 16.000 millones enfocados en garantizar la logística y personal (negociadores y asesores) para que los diálogos de paz puedan continuar. A este monto se suman los cerca de COP 6.500 millones que se vienen ejecutando con la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde finales de junio para la seguridad de quienes participan en los procesos de negociación.
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“El torbellino político nos coge y nos arrasa. Entonces, estamos acelerando las cosas, no solamente por temas de Ley de Garantías, sino porque en este momento hay que darle un impulso a los procesos que ya tenemos en la mano”, le dijo Patiño a este diario. Ese mismo empujón contractual se está dando en varias dependencias.
A todo esto se le debe sumar que ya es un hecho que el 28 de noviembre, según lo acordaron los precandidatos del Centro Democrático, se dará a conocer quién enarbolará las banderas del partido del expresidente Álvaro Uribe para buscar cupo en la consulta amplia de la derecha, prevista para el 8 de marzo; ese día la izquierda hará lo propio y es cuando se elige a un nuevo Congreso.
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Lo que definieron María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño es que una firma extranjera hará una encuesta y ese último martes de noviembre se sabrá quién fue el ganador. Esa fecha también tiene el trasfondo de que el 8 de diciembre se cierran las inscripciones para candidatos al Congreso y varios de los aspirantes uribistas, al igual que de otras fuerzas políticas, terminarán entrando en estas listas.
Eso se junta con lo que pasará solo dos días después, el 30 de noviembre, cuando los exmandatarios locales que están buscando firmas a través de Fuerza de las Regiones se decanten por un solo aspirante. Los exgobernadores Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas dijeron que ese jueves revelarán al ungido; esta ficha también iría a otra consulta en marzo con sectores de centroderecha, por lo que hay diálogos con David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y otros aspirantes de esta parte del espectro electoral.
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Sobre todas estas fechas, en especial las más inmediatas –las del 19 y 26 de octubre próximos–, se ha pronunciado el presidente Petro, pues no solo tiene el deber como jefe de Estado de ser garante de que se den todos los procesos electorales, incluyendo los que se citan para elegir a su sucesor, sino por el interés de mostrar músculo en la consulta del progresismo.
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se medirían por ser alguno el ungido de la izquierda, pero de igual forma buscará cupo en la otra consulta de marzo que hará la centroizquierda, por lo que hay diálogos con Roy Barreras, Clara López, Carlos Caicedo y otros candidatos que están al lado del proyecto que actualmente regenta la Casa de Nariño. En todo caso, hay dudas sobre si se podrá materializar esa participación del Pacto Histórico teniendo en cuenta que, al ser un mecanismo interpartidista el que tendrá lugar este 26 de octubre, se ha hablado de la posibilidad de que se cierre esa puerta.
Pero en la madruga de este miércoles, y tras varias horas de reuniones con abogados y consultas a la misma Registraduría, Quintero renunció a seguir en esa consulta. Dijo que el CNE supuestamente frenó el Frente Amplio al no admitir que el Pacto tuviera personería y que los tarjetones están mal impresos.
“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma”, precisó Quintero, sacudido por escándalos de posible corrupción.
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Lo que falta por definir a si Cepeda también se bajará para ir a la cita de marzo o si como ya anunció Corcho se mantiene en una cita que costará cerca de COP 200.000 millones y que también servirá para definir aspirantes al Congreso.
Entre tanto, mientras se resuelve esta nueva polémica interna de la izquierda, la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, ya desplegó toda su capacidad para garantizar todas estas citas a urnas, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está finiquitando varios procesos administrativos pendientes que le darán otro aire a los comicios de 2026. La conformación del Pacto Histórico como una sola colectividad y la personería al movimiento Progresistas, entre otros asuntos, están en la agenda.
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En todo este escenario es que se mueven las siguientes semanas, pues habrá definiciones en varios frentes que sacudirán el ajedrez electoral e impactarán en las coaliciones y avales que tienen que definir los partidos de cara a 2026. La disputa en las urnas por el poder está calentándose.
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