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Acaba de cumplirse un año desde la entrada en vigencia de la ley que busca regular la violencia ejercida contra las mujeres en política y los protocolos que debían ser modificados en el Congreso, según la normativa, aún no están actualizados de acuerdo con lo indicado. Aunque la norma busca blindar este tipo de agresiones, son varias las alertas en los puntos en los que no se están cumpliendo los aspectos dispuestos.
Tras las elecciones legislativas, el Congreso renovó a sus miembros y en el camino las posibilidades para las mujeres parecen estancarse. De 102 curules en el Senado (sin contar la de oposición), nada más 32 son ocupadas por mujeres; y de las 181 de la Cámara, solo 50. Es decir que, de los 283 espacios políticos del Capitolio, 82 los copan mujeres, de acuerdo con un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Desde diferentes frentes, entre los que se incluye la Misión Observación Electoral (MOE), la Defensoría e incluso a las mismas congresistas, se vienen haciendo llamados por la situación a la que se enfrentan las mujeres en medio de la contienda política. Sin embargo, desde el Gobierno se asegura que las cifras son más positivas, pues se vio un mayor número de candidaturas femeninas en las elecciones del 8 de marzo.
Según datos entregados por el Ministerio del Interior, las mujeres abarcaron el 40 % de las candidaturas, lo que presenta un aumento respecto a años anteriores y roza con la paridad de género. No obstante, de 1.285 candidatas solo quedaron las 82 ya mencionadas y los hombres se llevaron el grueso de la representación superando de lejos el 50 %.
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Además, desde la MOE, Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad, aseguró que de no ser porque el Pacto Histórico llevaba una lista cremallera, la representatividad de las mujeres en el Senado hubiese sido mucho menor. “Las mujeres del Pacto Histórico son alrededor del 40 % total de las mujeres en el Senado. Si no hubiera pasado la elección del Pacto Histórico, los porcentajes de elección de mujeres hubieran sido mucho menores”, precisó.
En medio del nuevo mapa del Congreso, y teniendo en cuenta que, aunque las mujeres ocupan el 52 % de la población no logran ni el 35 % de la representatividad política, entra en juego la Ley 2453 de 2025, que, si bien en el papel brinda herramientas para la defensa de las mujeres en la política, en la cotidianidad no logra implementarse de manera óptima.
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Según la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), quien fue ponente del proyecto de autoría de la senadora María José Pizarro, “todavía nos falta mucho en lo que tiene que ver con la implementación de estas leyes. En Colombia en particular el papel aguanta muchas cosas, pero a la hora de la implementación es cuando empezamos a ver la misma resistencia institucional en las entidades que son las encargadas de implementar estas leyes”.
En esta misma línea, desde la MOE, Sepúlveda aseguró que es muy poco lo que se ha hecho realmente en el seguimiento de esta normativa, que la información está fragmentada y el sistema de registro URIEL, en el que se suben los datos relacionados con violencias contra mujeres en política, no ha logrado fortalecerse. “Hasta ahora se están haciendo las adecuaciones, estableciendo los canales para que esa información pueda llegar a la URIEL”, agregó.
Además, en junio de 2025 se actualizó el protocolo de género del Congreso, pero de acuerdo con todas las voces aún está incompleta su aplicación. Pero desde el Legislativo se reiteró que sí hay voluntad, aunque su implementación depende de las direcciones administrativas de Senado y Cámara; no fue posible establecer contacto con estas oficinas para consultar qué hace falta para subsanar las falencias que se han alertado. Sumado a esto, tras las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia el pasado 12 de abril, la Defensoría precisó que debe haber un refuerzo del “Estado para promover la participación de las mujeres en la política y prevenir los hechos de violencia en este contexto”.
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No obstante, en medio de los ruidos respecto al cumplimiento de la ley, el Ministerio del Interior tiene listo un proyecto de decreto que busca crear una nueva Subcomisión de Vigilancia, Control y Seguimiento de la Violencia Contra la Mujer en la Política. “Siguen existiendo barreras reales: hostigamientos, difamación, violencia física y violencia digital, entre otras, que impiden o afectan el ejercicio efectivo y seguro de la participación política de las mujeres. Por eso, el Estado no se quedaría solo en el reconocimiento de derechos, sino que crea una estructura institucional para prevenir, vigilar y hacer seguimiento”, se lee en el documento oficial.
Vea el decreto completo:
Sin embargo, las barreras contra las mujeres en la vida política se incrementan cuando a la ecuación se suman procedencias étnicas, orientaciones sexuales diversas y desigualdades económicas y sociales. Según la Defensoría, en estas elecciones –donde hubo un total de 19,7 millones de votos válidos– se redujo en un 42,9 % la representatividad de mujeres indígenas, afrodescendientes y otras condiciones étnicas en el Congreso: de siete curules ocupadas por mujeres dentro de estos grupos en 2022, el pasado 8 de marzo solo se eligieron cuatro.
En relación con esta problemática, el Ministerio del Interior también tiene listo otro proyecto de decreto con el que busca consolidar “un marco normativo con enfoque de género, diferencial, territorial e interseccional para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad” a las mujeres y lideresas y defensoras de derechos humanos en los territorios, “así como su participación libre y segura en el ejercicio de su liderazgo”.
Vea el decreto completo:
Es tan compleja la situación que hace menos de un mes en el Congreso, precisamente el 25 de marzo, cuando se hizo la sesión para analizar y profundizar sobre los derechos de las mujeres, se evidenció que, además del proyecto aprobado contra la ablación femenina, no hubo mayores avances de peso en esta materia.
En medio de este panorama, el próximo 20 de julio se posesiona un nuevo Congreso y, a partir del 7 de agosto siguiente, el o la próxima presidenta. Mientras tanto, en la contienda presidencial –de acuerdo con la MOE y la Defensoría– hay un déficit de liderazgos femeninos, pues solo hay tres candidatas, se siguen presentando casos de violencia desde los mismos congresistas hacia sus pares, las brechas parecen no dar tregua y se está a la espera de que se implemente de manera completa una ley que ya lleva un año en funcionamiento.
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Por Luna Mejía Farías
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