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Los 41,4 millones de colombianos habilitados para votar este 31 de mayo no solo elegirán al próximo inquilino o inquilina de la Casa de Nariño, o a quienes se disputarán ese puesto en la segunda vuelta; decidirán si creen conveniente ponerle el pie en el acelerador a un modelo económico que habla de la redistribución de la riqueza y el fin de la industria extractiva o si, por el contrario, prefieren un timonazo completo. Y es que esa decisión también marcará el rumbo de todo el modelo de país para los próximos cuatro años, pues del manejo de los recursos dependen todos los programas y apuestas en materia social.
Quien resulte victorioso en la contienda recibirá una economía que en el primer trimestre este año creció al 2,2 % y una inflación del 5,68 %, aún lejos de la meta del 3 %, lo que llevó al Banco de la República a subir la tasa de interés hasta 11,25 % y, a su vez, desató una oleada de críticas del presidente Gustavo Petro contra el Emisor y otras instituciones. Pero más allá de los retos en materia de crecimiento y precios, el principal dolor de cabeza de la próxima administración será el déficit fiscal (6,4 % del PIB), una cifra técnica que, en pocas palabras, indica que el país está gastando por encima de sus posibilidades.
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Sin caja, con poco margen de maniobra y con los antecedentes de leyes de financiamiento hundidas en el Congreso y emergencias económicas descartadas por la Corte Constitucional, quienes aspiran a suceder a Petro hacen sus cuentas y promesas para intentar revertir los malos resultados y ahondar en los buenos. Los programas de gobierno de los cinco punteros de las encuestas demuestran que la economía tiene peso en sus visiones de gobierno, pero, ¿qué tan concretas son las propuestas? ¿Cuáles se podrán realizar en el corto y mediano plazo?
El Espectador le puso la lupa a estos planteamientos, puntualmente los relacionados con política fiscal, empresa privada y el sector de los hidrocarburos, y contrastó con varios expertos para conocer qué hay detrás de cada candidato y qué le espera a Colombia si en el poder se mantiene la izquierda, llega alguno de los dos candidatos de derecha o sorprende alguno del centro.
El laberinto fiscal que enfrentará el próximo gobierno
En todas las campañas saben que no es “sexy” hablar de más impuestos, de ahí que ninguno de los programas tenga menciones directas a aumentos de la carga tributaria; de hecho, algunos, como los de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, hablan de quitar tributos. Para los analistas consultados, esta es la primera alarma que encienden las propuestas, ya que la actual situación de las arcas públicas exige plantear opciones para aumentar el recaudo o las fuentes de ingreso.
“No es sorpresivo porque este es un tema impopular y ahora la tarea de los candidatos es entusiasmar a los votantes”, señaló José Ignacio López, presidente del centro de pensamiento económico Anif. Para él, además, las ideas que plantean los presidenciables son muy “preliminares” y no hacen una descripción precisa de cómo hacer un ajuste fiscal. En el caso del candidato Abelardo de la Espriella, por ejemplo, hay un énfasis en la reducción de gasto, pero este punto, según el experto, es en exceso ambicioso porque hay obligaciones de carácter legal y constitucional como, por ejemplo, las pensiones y las transferencias a las regiones.
En el caso de Paloma Valencia, la duda está en el elemento de los impuestos. La candidata habla de reducir tarifas a las empresas, eliminar el impuesto al patrimonio y reducir el predial, lo que no sería posible en el corto plazo con los condicionantes fiscales. Por otra parte, la visión de Iván Cepeda se centra en atacar la corrupción para recuperar el dinero y hacer inversión social, algo que, para López, “no se traduce en cifras palpables”, al menos en el programa.
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Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que los candidatos deberían estar dando debates sobre los bienes exentos del IVA o la ampliación de la base de contribuyentes. Así mismo, señala que la fórmula de bajar impuestos no está probada a nivel internacional como un catalizador del crecimiento económico. “De hecho, es una apuesta que ya se ha intentado en Colombia en el pasado y no ha funcionado”, agrega.
Lo cierto es que el próximo gobierno, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, tendrá que hacer un ajuste de alrededor de 4 % del PIB, lo que para el presidente de esa entidad, Juan Carlos Ramírez, será “inconmensurable”, ya que en períodos anteriores los ajustes no han llegado al 1 %. Según Ramírez, el camino para lograrlo incluye mayores ingresos, menores gastos y una reducción en la carga del servicio de la deuda con un plan fiscal que sea “factible, real y que convenza a los inversionistas”.
El factor de la deuda no puede saltarse tan rápido. Según el Observatorio Fiscal, se proyecta que en 2027 ese rubro será el más grande del presupuesto, solo por debajo de educación. Frente a este desafío, candidatos como Valencia, De la Espriella y Fajardo hablan de refinanciación mediante una gestión activa de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos o de pactar créditos a largo plazo con organismos multilaterales.
Salazar coincide en que la única forma de poder recuperar el rumbo sería algún tipo de renegociación, sumado a las señales claras de austeridad fiscal. “Casi que no es una propuesta, sino una necesidad, incluso este gobierno desplegó una estrategia de canje de deuda. Si no se hace de forma decidida y de frente desde el principio, vamos a pagar mayores intereses o, eventualmente, algunos mercados internacionales no nos van a prestar más dinero”, explica.
La otra vía de respuesta, la de la austeridad, la abordan todos los candidatos. Cepeda habla de reducir salarios, De la Espriella de un recorte de la cuarta parte del Estado y Valencia de fusionar entidades. Sergio Fajardo también apuesta por la revisión de cada programa para ahorrar gastos innecesarios, al igual que López, quien incluso apunta a la unión del polémico Ministerio de la Igualdad con Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ahora bien, además de la preocupación que genera ver a algunos candidatos limitarse a la reducción del Estado como única medida para atacar el problema fiscal, llama la atención que ninguno toma en cuenta los límites constitucionales. “Somos un Estado social de derecho y para garantizar derechos sociales se necesita infraestructura, inversión e institucionalidad”, dice Alejandra Trujillo, abogada y coordinadora de proyectos de Fescol. La experta resalta que no se puede hablar de eliminar programas sin tener en cuenta que el presupuesto es inflexible en muchos rubros por mandato constitucional, esto además de los retos administrativos que exigen modificar leyes y en algunos casos la misma carta política.
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Los destinos opuestos de los candidatos presidenciales
La discusión sobre modelos de país en juego queda expuesta de mejor manera a la hora de comparar lo que proponen los aspirantes para el sector minero energético. De acuerdo con Iván Cepeda, su apuesta es convertir a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria; es decir, que el campo sea el motor de la economía nacional. Esa visión se traduce, incluso según su mismo programa, en la protección de la riqueza natural conjugada con la transición energética y la explotación solo de ciertos recursos y con ciertos parámetros.
En la otra orilla política está lo que plantean De la Espriella y Valencia, quienes señalan directamente al gobierno Petro de haber afectado al sector. Ambos reclaman la bandera de la recuperación de la exploración y producción de petróleo y gas; incluso el abogado habla de acelerar la producción en campos de gas descubiertos, proyectos costa afuera y de evaluar con rigor los yacimientos no convencionales, es decir, la implementación de “fracking”. Valencia asegura que la crisis energética es una de las “bombas a desactivar” y agrega su interés en la promoción de las hidroeléctricas y las energías alternativas. Con algunos matices, López y Fajardo también señalan al Ejecutivo por el marchitamiento de esta industria e incluso le abren la puerta a los pilotos de fracking.
Para Alejandra Trujillo, es importante reconocer el avance en la ruta de la transformación de la matriz energética y de una economía más sostenible. Así mismo, pide tener en cuenta que los candidatos que hablan de hacer fracking, al menos en los programas, no consideran las conflictividades socioambientales.
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Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, señala que no se puede perder de vista la dependencia que tiene el país de este sector, ya que cerca del 15 % de los ingresos de la Nación vienen de esta fuente, sin contar el impacto regional de las regalías. Esos datos contrastan con el hecho de que Colombia tiene reservas probadas de petróleo para siete años, que hay un riesgo de déficit de gas hacia 2028 y que en los últimos cuatro años la inversión exploratoria cayó 42 %.
“Los votantes aquí tienen un contraste muy claro. Por un lado está la apuesta de continuismo, de seguir apagando los hidrocarburos, y por el otro, la de revivir el sector. Desde el punto de vista fiscal, hay que decirlo, no continuar con el respaldo a esta economía va a ser muy costoso”, opina José Ignacio López. Mauricio Salazar agrega que, en el caso del gas, Colombia está importando más del 20 % de lo que consume, cuando antes se producía localmente. “Diría yo que es una hipocresía no producir, pero sí importar y además a precios más caros”.
Al análisis económico se debe sumar el factor productividad. Para Marcela Eslava, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, se trata de un motor de crecimiento y no todos los programas de gobierno lo reconocen y en algunos casos son contrarios a fomentar una transformación productiva.
“Algunos programas se enfocan únicamente en desregulación o recorte de cargas, desconociendo que el talento humano es una capacidad fundamental para que el crecimiento sea inclusivo y que hoy ese es el segmento de mayor vulnerabilidad económica. Y en otros, las propuestas no reconocen que ese crecimiento no depende de una sola dimensión de la política pública, sino del entramado que fomenta los esfuerzos públicos y privados para crear nuevas capacidades y mejorar las existentes: educación, innovación, salud”, dice.
Más allá de los asuntos macroeconómicos, en los candidatos y sus propuestas hay virtudes y vacíos en materia laboral, de emprendimiento, agro, descentralización, finanzas de la salud y otros temas que merecen capítulos aparte. Queda claro que en juego están el modelo económico y el de país, que en otras palabras sería la ruta financiera para hacer realidad apuestas como la transformación de las regiones, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la educación y tantas promesas más consignadas en los programas, discursos y hasta los cientos de trinos de los protagonistas de la contienda.
Mientras el candidato Cepeda, puntero en todas las encuestas, insiste en que no quiere estatizar la economía, sino en fomentar la economía social, con participación del sector privado, el emprendimiento y el campo como vehículo para el resto de reformas sociales de la administración Petro, sus contrincantes cuestionan cada cifra del Gobierno y prometen ordenar las cuentas, reducir el gasto, pagar la deuda y recuperar varios sectores. Los colombianos tendrán la última palabra, empezando este domingo 31 de mayo.
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