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La estrategia está definida y va más allá de las actuales elecciones presidenciales. El objetivo también y pasa por hacer una cirugía profunda al Estado que desde 1991 se rige con los parámetros de la Constitución. ¿Y el camino? Ya se trazó desde la Casa de Nariño, es objeto de debate en la campaña que busca la reelección de la izquierda y en las calles cuenta con varios frentes de acción para ganar adeptos. Todo, por supuesto, con un tablero de polarización que crece en medio de decisiones que se encaminan a pavimentar el propósito final.
Ese cuadro con varias escenas resume lo que está pasando con la propuesta de convocar a una asamblea constituyente y cuyo origen está en la saliente administración de la Casa de Nariño. El proyecto no ha parado en ningún momento y, si bien se fue de los reflectores por las elecciones de Congreso y las consultas del pasado 8 de marzo, hay varios movimientos consolidando lo que no pocas personas del progresismo ven como el culmen de la apuesta política del presidente Gustavo Petro: reajustar el modelo de país desde su visión de Estado.
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Es por eso que más allá de las votaciones del 31 de mayo y del 21 de junio próximos —cuando se definen primera y segunda vuelta presidencial— hay un asunto de fondo que en varios escenarios públicos el presidente Petro ya planteó y que sus fichas potencian desde las regiones, el gabinete y en los debates digitales. Son varios los hilos que se mueven en el agitado escenario electoral actual.
En efecto, el comité que está recolectando las firmas necesarias para que formalmente ande el proyecto constituyente está en varias zonas haciendo pedagogía de por qué desde su óptica sí se requiere reajustar el Estado. Lo integran nueve personas y su cabeza, Armando Custodio Wouriyú, le confirmó a este diario que el despliegue también tiene alcances internacionales.
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Lo que advirtió el vocero de esta iniciativa es que tienen desplegados satélites de la organización proconstituyente en Madrid (España), Bruselas (Bélgica), Londres (Inglaterra), París (Francia) y, entre otras ciudades, Toronto (Canadá). Y si bien dijo que aún no han hecho la contabilidad de cuántas rúbricas se han recolectado, dejó en claro que la campaña presidencial también es un escenario en el que se están moviendo.
“Estamos en un proceso de autofinanciación para garantizar que los formularios lleguen a los lugares en donde nos los piden y en paralelo hacemos reuniones en territorio cuyo objetivo está en socializar este proceso”, le confirmó Wouriyú a El Espectador. Y agregó que eso incluye las filas que rodean la aspiración presidencial del senador Iván Cepeda.
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Este punto es clave, porque la confirmación de que los eventos de campaña del progresismo sí son usados para promover la constituyente aclara un aspecto que ha generado debate y que de paso genera ruidos internos entre las vertientes de izquierda que hay en estas toldas. Los petristas purasangre que están en los cuadros directivos exigen seguir adelante con todo y condicionar apoyos al respaldo de esta propuesta, mientras que los más moderados piden meter esta discusión en el congelador y evitar que el relato de radicalismo que se le quiere imprimir desde la derecha gane terreno y ausente a sectores de centro que serían determinantes en urnas.
Ese es el caso del exministro Juan Fernando Cristo, quien en una reciente entrevista con este diario aseguró que “no habrá constituyente, y yo creo que hay que dejar claro que la prioridad de la campaña y del gobierno de Cepeda será la convocatoria a un acuerdo nacional para tramitar reformas sustanciales que están esperando los colombianos”. Eso, como queda en evidencia, contrasta con lo que dicen los organizadores del comité.
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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, una de las personas que con más vehemencia ha defendido el camino constituyente desde el gabinete y quien de hecho estuvo en la Registraduría cuando hace algunos meses se pidió la viabilidad legal para salir por las firmas, impulsó este debate a través de decisiones económicas que no casan con los planes oficialistas.
Es lo que en sectores de oposición e incluso del mismo progresismo que terminaron alejados del proyecto de Petro han calificado como una forma de cambiar las reglas cuando los lineamientos constitucionales y legales se vuelven incómodos para gobernar; es la intención de tener una suerte suprainstitucionalidad que valide solo una visión de Estado. “Es una línea política que considera que los pesos y contrapesos institucionales son formas de bloque institucional”, aseguró Alejandro Gaviria, el primer ministro de Educación que tuvo esta administración.
¿Cómo encaja en esto Sanguino? La Semana Santa de este 2026 arrancó con el capítulo más ácido en la pelea que le casó Petro al Banco de la República por las medidas que adopta frente a las tasas de interés para controlar los impactos inflacionarios del actual modelo económico. Ante la nueva subida, la Casa de Nariño rompió con la junta y acusó a su mayoría de supuestamente ser “uribista” (hay fichas oficialistas allí), lo que se consolidó con la salida abrupta del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la más reciente cita de este organismo. El Gobierno defendió su paso, pero el grueso de la institucionalidad alertó por la forma en que eso erosiona la independencia constitucional.
Ante todo eso fue que el ministro de Trabajo dejó claro que el modelo normativo con el que se rige el emisor puede ser objeto, precisamente, del debate proconstituyente y que así debe abordarse en la esfera pública en estos meses de efervescencia electoral.
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“Claramente no debe contemplarse la revocatoria del Congreso de la República elegido el 8 de marzo, ni la modificación de las altas cortes, en especial la Corte Constitucional, en una asamblea constituyente; así está aclarado en el proyecto de ley de iniciativa popular con el que se está recolectando firmas para convocarla. Mientras que la autonomía y funciones del Banco de la República sí merecen una gran discusión y revisión. ¿Los recientes acontecimientos no lo justifican? ¿Qué les parece?”, fueron las palabras de Sanguino.
Lo que dice el proyecto que se radicó ante la Registraduría el 26 de diciembre y que recibió aval el 30 de enero es que la constituyente no debe tocar temas ya delineados, entre otros ítems, por los “tratados internacionales” y los derechos logrados por diversas poblaciones y minorías. Lo demás, por el tiempo que dure el proceso y que de paso le quita facultades a otras ramas del poder, entre ellas al Congreso, puede ser objeto de la cirugía estatal que promueve con esta iniciativa la izquierda.
En este punto aparece otro que se conecta con las movidas electorales de Cepeda y que va más allá de que sus actos públicos también sirvan de escenario para recoger firmas, así se marque la distancia de que son procesos individuales y que no están directamente relacionados con la campaña. En la página 136 un documento titulado “El poder de la verdad: programa de gobierno 2026-2030”, en el cual se recogen los lineamientos de su modelo de país y varios de los discursos que ha hecho, el tema constituyente se toca en clave de opción para concretar acuerdos.
Lo que dice ese documento, con base en una intervención que Cepeda realizó en Bogotá y está recogida bajo el lema de “la revolución política y democrática”, es que de llegar al poder lo primero que haría es convocar a todas las fuerzas para instalar una mesa de diálogo que desemboque en un acuerdo nacional que recoja lo que este sector ideológico considera son las necesidades de transformación que requiere Colombia y que incluyen las reformas a la salud, laboral, pensional y otras que impulsó con niveles de éxito diferentes el presidente Petro.
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“Uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una asamblea nacional constituyente, o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita”, plantea el programa de gobierno de Cepeda para aterrizar la cirugía estatal. Y en un diálogo reciente con El País, de España, matizó que “no soy un partidario a ultranza de la constituyente; es una posibilidad, pero para mí lo que se requiere es un diálogo que nos lleve a un acuerdo nacional que puede tener en su ruta reformas constitucionales”.
El otro punto de conexión de esta campaña con la constituyente, así no sea como canal oficial, está en las organizaciones sindicales que apoyan al actual Gobierno y que ya se sumaron a la aspiración oficialista. Tanto desde Fecode como la CUT le aseguraron a El Espectador que sus afiliados apoyan a Cepeda y de paso ayudan a recoger firmas para la constituyente, lo cual —dejaron en claro desde ambas fuerzas— no implica aún un aval directo del candidato.
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“Hay sectores de la campaña que coinciden plenamente con la actividad de la convocatoria a la constituyente”, precisó Fabio Arias, de la CUT. Domingo Ayala, de Fecode, corroboró este mismo proceso. Aquí es clave que la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, la senadora y lideresa indígena Aída Quilcué, ha dicho que la convocatoria a una asamblea de esta naturaleza tampoco está entre sus prioridades, pero que se acoge a los designios mayoritarios que se den en el transcurso de las semanas por venir.
Es cierto que la Constitución de 1991 se ha modificado más de medio centenar de veces desde su promulgación, y que todos los gobiernos desde ese año hasta la fecha le han introducido ajustes. Incluso, la reforma reeleccionista de 2005 dejó varios expedientes penales andando y con un entonces presidente Álvaro Uribe cuestionado por las formas que utilizó para aprobar el denominado “articulito” que le dio cuatro años más de poder; en el 2009 se intentó una jugada similar, pero la Corte Constitucional puso el freno y la institucionalidad de entonces lo acató.
Por eso ahora, que el país vuelve sobre un debate similar con candidatos de oposición y de centro —como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López y entre otros Sergio Fajardo— alertando que la constituyente derivaría en un debilitamiento democrático de largo plazo similar a los de Venezuela, Nicaragua o El Salvador, es clave lo que viene haciendo la Casa de Nariño.
Se han dado reuniones privadas, diálogos en diferentes frentes y promociones de debates que debajo potencian el discurso constituyente. Por un lado, está el relato de que el Congreso y las altas cortes supuestamente bloquean al Gobierno por hacer uso de su independencia constitucional, y por el otro el empujón a centros de pensamiento progresista relativos a asuntos políticos o económicos. Incluso, luego de todo el debate por lo que pasó con el Banco de la República, este diario estableció que es cuestión de semanas para que se convoque a una reunión de miradas de izquierda que promueven cambios en las políticas monetarias; algunos de sus promotores son contratistas actuales del Estado.
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Y las políticas para el fin de la guerra y el combate al narcotráfico, como el mismo jefe de Estado ha dicho, son fundamentales en esta propuesta. Y no solo ante el evidente estancamiento de la denominada “paz total”, sino por la necesidad de robustecer de “pueblo” las apuestas de desarme con narcobandas que siguen delinquiendo en todo el territorio, coaccionando poblaciones para dirigir sus votos (hay alertas en más de 170 municipios) y por las cuales aliados extranjeros, entre ellos Estados Unidos, alertan por los visos de “impunidad” que surgen. Aquí encajan en la discusión los más de 60 cambios que ha tenido el generalato en los últimos tres años.
El propio presidente Petro dijo –en uno de los tres plazoletazos que lleva en Bogotá en lo que va del 2026– que el próximo 7 de agosto quiere dejar el poder rodeado de sus bases, por lo que convocó a una concentración precisamente para ese día y así salir escoltado de gente de la Casa de Nariño. Esto, según fuentes de su entorno político, no es gratuito.
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En efecto, el mandatario ya dijo que no es adicto al poder y que no se siente cómodo despachando desde Palacio, algo que en la oposición matizan advirtiendo que supuestamente lo que no le gusta al presidente es que haya contrapesos institucionales. Eso, sumado a que en repetidas ocasiones ha precisado que no busca extender su mandato presidencial pese a que si hubiese reelección inmediata se lanzaría y ganaría, trae detrás otro mensaje que pasó algo desapercibido.
Las primeras palabras salieron el año pasado cuando dijo que si sus adeptos le dan forma al proceso él podría presidir una asamblea constituyente; esto fue ratificado a comienzos de este 2026 en una intervención en la que desde Bogotá señaló que “yo no seré presidente, porque cumplí mi palabra, siempre hay que cumplir la palabra, pero de pronto sí soy constituyente”.
El proyecto es a mediano y largo plazo, por lo que independiente de quién gane la Presidencia es casi un hecho que Petro mantendrá la convocatoria constituyente después del 7 de agosto, cuando sale de la Casa de Nariño. Incluso, un grupo de congresistas que estuvo en la reunión que lideró en Palacio con las bancadas electas y salientes del Pacto Histórico hace tan solo tres semanas, confirmó que el mandatario sí se ve como un reformista de fondo y que tras pasar por los palacios de Liévano y de Nariño su objetivo sí es sentar las bases para hacerle una cirugía a profundidad al Estado para dejarlo encaminado hacia los modelos progresistas o de izquierda.
Eso en democracia es válido, como lo reconoce hasta la oposición, por lo que la inquietud que ahora se plantean en varios escenarios es qué tan dispuesto está Petro a jalar la pita de la institucionalidad para lograr su propósito final; las calles, como en la campaña de 2022 posterior al llamado estallido social, volverán a ser definitivas en ese relato proconstituyente. Hay expectativa de cómo toda esta radiografía que recoge este diario impactará en el país que seguirá después del primer mandato de izquierda pura en más de 200 años de historia republicana. La disputa en urnas marcará un inicio, pero por lo planteado dentro del petrismo no será un punto de llegada; ¿el grueso de la ciudadanía quiere remodelar al Estado?
Vea aquí cómo, según la Defensoría, le fue a la oposición política en 2025:
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