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Las últimas 24 horas fueron turbulentas en el seno de los organismos electorales por cuenta de una decisión judicial que impactó sobre las consultas que se tienen previstas para el próximo 26 de octubre. Tal fue el cimbronazo de un fallo de tutela que terminó adverso a los intereses del Pacto Histórico, que hasta el presidente Gustavo Petro tomó partido y dio instrucciones de defender esa cita a urnas; y al final, tras varios análisis técnicos, ese proceso quedó en firme.
Los análisis jurídicos que de igual forma tienen alta carga política comenzaron desde muy temprano en la Registraduría, pues el cuerpo técnico de esta entidad debía analizar si la tutela que dijo que no se violentó ningún derecho sobre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero –y menos sobre el Pacto en su intención de recibir a otras colectividades tras un proceso de fusión– tumbaba o no la consulta. No obstante, la cita a urnas se mantiene.
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Entrada la noche de este miércoles, según le confirmó a El Espectador el registrador para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, lo que se mantuvo es que los tres partidos que pidieron cupo para hacer una consulta –Polo, Unión Patriótica y Comunista– tiene personería jurídica y pueden avalar a cualquiera de los tres candidatos que quieren el guiño de la izquierda para buscar la continuidad de la administración del presidente Gustavo Petro.
“La consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos”, enfatizó Suárez.
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Lo que ahora sigue es que Cepeda, Corcho y Quintero definan si aspirarán por alguna de esas tres colectividades o si lo harán con el coaval de todas, lo cual no es un tema menor. La razón es que si se dividen en cuanto a la fuerza que los apoye podría derivar en una especie de consulta interpartidista, porque tienen personería independiente, lo cual los inhabilitaría para ir a una medición más alta el 8 de marzo próximo cuando se elige Congreso y todos los espectros buscan decantar sus aspiraciones presidenciales.
“La Registraduría dio vía libre a la consulta. Me parece una buena noticia: todo lo que se haga por la democracia, por consultar al pueblo, es lo que realmente se debe hacer. Ahí lo que había era que subsanar realmente las inscripciones y ya todo está listo para la consulta”, precisó el ministro del Interior, Armando Benedetti, ratificando el interés del Gobierno en que ese proceso no se cayera.
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Reporteros de este diario, precisamente, establecieron que todo este tema se tocó durante a la cita que el martes, antes de iniciar su periplo número 72 al exterior, citó el presidente Petro en la Casa de Nariño con los tres precandidatos del progresismo y con varios legisladores de sus fuerzas afines.
Y si bien de ahí salió una línea de acción política, pues no se conocía la decisión técnica de la Registraduría, lo cierto es que la instrucción del jefe de Estado es que se ejecuten los COP 193.000 millones de la cita a urnas del 26 de octubre y que luego se determine el paso a seguir con una carta presidencial ya fija.
De todo esto, y con la mira puesta en mantener la neutralidad de su entidad ante la tormenta política que se desató, estuvo atento el registrador nacional, Hernán Penagos, quien en todo caso confirmó que sus equipos jurídicos ya trabajaban en un análisis de fondo.
Pero mientras todo esto se agitaba desde que 24 horas antes se conoció el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que levantó las medidas cautelares a favor del Pacto y respaldó al Consejo Nacional Electoral en ponerle bemoles a la fusión del Pacto, precisamente en este último organismo también se dieron varias movidas sigilosas.
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Aunque la sala plena extraordinaria que estaba prevista para este miércoles al final no se realizó, los magistrados del CNE no dejaron de lado las decisiones de fondo que se deben tomar y que, en todo caso, terminarán impactando sobre el mismo Pacto y en colectividades de oposición.
En el CNE los togados analizaron de forma individual si se admitirá o no avanzar con celeridad en la discusión sobre la personería jurídica del Pacto Histórico a través de la fusión de varios partidos, la cual está enredada por cuenta de que Colombia Humana, el propio Pacto y otras fuerzas que pidieron pista para formar una sola colectividad tienen pendientes expedientes administrativos que deben resolver antes de que se les avale dar ese paso.
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En efecto, ese organismo aprobó la fusión de las colectividades afines al petrismo —Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista—, pero dejó por fuera a Colombia Humana. El argumento del CNE fue que no cumplió con el quórum que sus mismos estatutos establecían para poder aprobar un proceso de unidad.
Sumado a eso, tampoco se permitió la entrada de Progresistas, el partido del que hacen parte la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landínez. En este caso, la escisión de Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) fue supeditada a la finalización del proceso sancionatorio en el que se encuentra esa colectividad en particular. Es decir, el partido de Pizarro todavía no podría adherirse al Pacto Histórico como tal.
Y todo esto, además, se mueve sobre el expediente madre que es el que se le sigue a la campaña de 2022 del ahora presidente Petro por presunta violación de topes, pues ahí es que aparecen los partidos que no han podido pasar a la etapa formal de fusión.
La ponencia se radicó desde el pasado 18 de septiembre y la proyectaron los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), pero la sala plena no ha pasado a la fase de votación. Eso sí, como lo dijo este diario en su momento, lo que se pide es sancionar a la campaña administrativamente e investigar, entre otros, al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien en ese entonces gerenció el proceso petrista.
En todo este escenario están los análisis que hacen Ortiz y Prada, además de los otros integrantes de la sala plena: Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto; Altus Baquero (Partido Liberal); Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres); Cristian Quiroz (Alianza Verde); y Alfonso Campo (Partido Conservador).
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Lo cierto es que en la izquierda hay expectativa por lo que pase en estos dos organismos, que también han sido objeto de varios dardos del presidente Petro y que, además, están enfocados en que todo el proceso electoral de 2026 se mantenga en firme.
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