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La última semana de enero fue el escenario en el que se conjugaron factores decisivos para la campaña electoral en la que la izquierda del presidente Gustavo Petro busca que se dé la reelección inmediata de su proyecto político y la oposición, aún dispersa, quiere recuperar parte del poder que perdió con la actual administración. Y tan convulsos fueron estos últimos cinco días que se comenzó a reconfigurar el mapa de alianzas y, de paso, se le dio un empujón adicional a la burocracia estatal para garantizar respaldo en urnas; todo se juntó.
Por un lado, como lo reveló El Espectador en diversas entregas, se ejecutó un sacudón contractual en varias entidades para garantizar que, vía contratos, el servicio público quede con más personas afines al progresismo y así garantizar que el epílogo de la actual administración pueda moverse en clave de comicios. Los casos fueron documentados en la Cancillería, la Unidad de Víctimas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Unidad Nacional de Protección y –entre otras– en Colpensiones y en los ministerios de Justicia, Comercio y de Trabajo.
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Los ajustes en tiempo récord de la nómina oficial coincidieron con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, con la cual, desde este 31 de enero, queda prohibida la contratación directa en el Estado (con ciertas salvedades) para evitar que, precisamente, el erario sea utilizado con fines proselitistas. Eso explica por qué, por ejemplo, en el Dapre se dieron solo en enero más de 300 procesos de contratación –en la misma entidad y el mismo mes de 2014 hubo 85– y en Colpensiones se les dio vida legal a unos 800 cargos.
Todas las entidades, incluyendo la Unidad de Víctimas, que en este primer mes del 2026 movió 442 cargos de prestación de servicios, han justificado los ajustes bajo el supuesto de la formalización de cargos y, según el presidente Petro, “no son nuevos contratos”. Pero lo que no queda claro es su justificación técnica y por qué, como pasó en la Cancillería, terminan arrinconando a los funcionarios de carrera.
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“La Casa de Nariño debe comprender que es doblemente extraño su discurso: primero, porque se queja de vacas flacas y aun así expandió la planta del Estado durante estos años de gobierno; segundo, porque sí hay nuevas contrataciones que se están haciendo de afán justo en un año electoral lleno de polarización y sospechas. El presidente Petro ha respondido en sus redes con su hostilidad habitual”, dijo El Espectador en su editorial del pasado jueves.
Y no es para menos, porque los reveses institucionales los enfrenta con llamados a movilizaciones callejeras y relatos en torno a asambleas constituyentes que deben defenderse desde el mismo Estado que ahora controla. Por la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional, pidió marchas; por la subida de tasas en el Banco de la República, hizo lo mismo; y con el Congreso se llegó casi que a un punto muerto por decisiones también contrarias al interés palaciego.
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Todo se conecta con la secuencia de movidas a nivel electoral que se dieron también en los últimos cinco días y que hacen que el mapa electoral esté en constante reorganización. La razón es que los movimientos de nómina direccionados por la administración del presidente Petro podrían ir en beneficio de quienes promueven la reelección de sus tesis –el músculo del erario en respaldo de unas tesis que se dirimirán en urnas–, como el candidato ungido por la izquierda, Iván Cepeda, y paralelamente a otros de esta orilla que buscan espacio en la consulta del Frente por la Vida: Roy Barreras y Camilo Romero. A esta coalición se sumó el viernes Juan Fernando Cristo.
De hecho, este sector está abocado a movilizar las bases petristas para que el 8 de marzo puedan entrar con fuerza en la disputa presidencial eligiendo a una sola ficha presidencial para impulsar. El tema ha estado tan fuerte que hasta pasó por el Consejo Nacional Electoral ante las dudas administrativas en torno a si Iván Cepeda podía o no entrar en esta disputa luego de haber estado en una consulta similar el pasado 26 de octubre.
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El propio Petro entró en el debate y argumentó, vía redes, que los derechos políticos no pueden cercenarse y que, de pasar algo en esa línea, se debería acudir a la justicia internacional. Antes, por supuesto, hay caminos.
Por los lados de la derecha también se dieron movimientos encaminados a fortalecer los apoyos para las consultas de marzo. En efecto, el expresidente Álvaro Uribe tensó las riendas del Centro Democrático para rodear la aspiración de Paloma Valencia y superar los ruidos que se desataron tras el intento de montar disidencia que desplegó la pareja que conforman la senadora María Fernanda Cabal y el dirigente ganadero José Félix Lafaurie.
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La situación se abordó en diálogos programáticos que se dieron a mediados de semana y, si bien no genera mucha preocupación por la base dura que sigue al expresidente Uribe y vota en línea con sus parámetros, tiene como colofón de fondo que la aspiración de Valencia se vea fuerte; e incluso moderada.
La misma senadora y candidata se los dijo a reporteros de este diario, aunque con ciertos matices. “La escisión está por fuera de cualquier consideración; nosotros tenemos un partido unido, sólido y estamos convencidos de que todos entienden que el propósito es defender a Colombia, ganar las elecciones y volver a poner este país en el rumbo del clima económico y las posibilidades reales de desarrollo que necesita”.
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Claro que el alejamiento de Cabal, quien se siente más cercana a lo que plantea Abelardo de la Espriella, le permite a Valencia anclarse en la centro-derecha y esquivar los relatos de los extremos. Eso lo saben los demás integrantes de la Gran Consulta –Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y David Luna–, por lo que han evitado las referencias públicas a la situación interna en la base principal del uribismo.
Y en lo referente al denominado centro, que aún no encuentra caminos de unidad, hay expectativa por los resultados que arrojen los diálogos que también comenzaron esta semana entre Sergio Fajardo y Claudia López. La intención es que se dé una tercera consulta, pero los puntos de acuerdo aún son efímeros.
Mientras todo esto pasa, tres de las colectividades tradicionales que no tienen candidato presidencial fijo están mirando cómo se acomodan de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Este diario confirmó una serie de reuniones, la más reciente el jueves pasado en Bogotá, entre delegados de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical para mirar cómo se mueven hacia aspiraciones que tengan fuerza en las urnas.
De hecho, puede que no canten ningún respaldo para las consultas del 8 de marzo y que, tras lo que suceda ese día, ahí sí se enfoquen hacia una campaña que tenga viabilidad de disputar la Casa de Nariño; todos aceptaron en esa última reunión que hay escasez de liderazgos.
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En paralelo a cómo se reacomodan los tableros electorales, todas las fuerzas apuntan a lograr mayorías en el Congreso e impulsan sus propias listas, por lo que la semana cerró con recorridos por varias regiones con el fin de asegurar los votos necesarios para hacer presencia en el Capitolio a partir del 20 de julio próximo.
Pero entre esos ajustes, diálogos y miradas de las agendas locales e internacionales –hay expectativa por la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump prevista para este 3 de febrero en Washington–, la Casa de Nariño apuntala movidas de cara a la promoción de la asamblea constituyente con la que quiere contrarrestar las derrotas en los poderes Judicial y Legislativo. En efecto, el viernes se confirmó desde la Registraduría que el comité que conformó el Gobierno para ese propósito tiene viabilidad para salir a recoger firmas; y, ese mismo 30 de enero, se dio un relevo en la cartera de Justicia –se va Andrés Idárraga y llega Jorge Iván Cuervo– para llenar el círculo de confianza del jefe de Estado con personas más afines a su proyecto.
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Todo esto, al final, vuelve y se entrelaza con la sacudida a la nómina oficial, porque los relatos ante las bases que irán a urnas deben revestirse de recursos para que haya alcance en el mensaje. Por eso, el propio presidente Petro se declaró desde el viernes en movilización permanente y ahí, desde el Estado, habrá un motor potente impulsando este propósito en pleno año de definiciones electorales.
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