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En cuestión de un mes y dos semanas, el país asistirá a las urnas para elegir a 284 congresistas que tendrán en sus manos el futuro de varios cambios que la ciudadanía reclama desde hace varios años. La cita también será la verdadera primera vuelta de las presidenciales, pues además de dejar claro qué fuerzas políticas controlan los votos y tendrán mayorías en el Legislativo, seleccionará el ramillete de candidatos a la Presidencia con las consultas interpartidistas.
Con las últimas movidas de esta semana, quedó claro que un sector de la derecha, bajo la sombrilla de la “Gran Consulta”, buscará un solo candidato entre nueve aspirantes que alzan las banderas contra el oficialismo, el cual, precisamente, responderá con otra consulta en la que, hasta el momento, están Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y Camilo Romero. Y mientras los partidos y coaliciones mueven sus fichas y pactan alianzas, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzan en una billonaria operación para asegurar el proceso.
La apuesta inició a finales de 2024, cuando ambas entidades se movieron ante el Gobierno y el Congreso para garantizar sus presupuestos de 2025. Al final, tras varios meses de conversaciones y en medio de la tensión que generó la negativa del Legislativo a aprobar el monto que planteó la Casa de Nariño, la Registraduría quedó con COP 3,2 billones y el CNE con un rubro histórico de COP 1,06 billones, pero de los cuales se aplazaron COP 600.000 millones.
Con estas cuentas claras, ambos despachos desplegaron una estrategia para adquirir los servicios requeridos para las elecciones presidenciales y legislativas. Según encontró El Espectador, en lo que va corrido del año, puntualmente en los últimos ocho meses, ambas han suscrito convenios por un total de COP 2,7 billones, una cifra mayúscula que, por ejemplo, duplica lo que al año manejan entidades como el Congreso o el Ministerio de la Igualdad.
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La mayor parte de los recursos está destinada a la logística, como la inscripción de cédulas, la revisión de firmas y la digitalización de las actas. Pero también se han contratado servicios de transporte, la divulgación de los resultados de los comicios, el alquiler de Corferias para la jornada en Bogotá, la seguridad informática, la pauta en medios y varios puntos más.
A la hora de revisar los procesos, lo primero que salta a la vista es que los contratistas que se llevaron la mayor cantidad de recursos son viejos conocidos de estos procesos y que, por la misma razón, se han desatado fuertes choques con poderes políticos que han puesto a andar narrativas de desinformación sobre presuntos fraudes en las votaciones.
Los contratos de la Registraduría para las elecciones 2026
La entidad que dirige Hernán Penagos empezó a contratar los recursos para las elecciones a finales de abril de 2025, con un convenio de COP 5.860 millones con la empresa JE TOURS para el traslado de servidores públicos y contratistas que participan en los procesos electorales. Esta compañía ha contratado en otras oportunidades como la Registraduría y entidades como la Aerocivil, la Rama Judicial, entre otras.
A mediados de este año se adjudicó el contrato considerado la joya de la corona de las elecciones, esto debido a su valor que asciende a COP 2,1 billones, monto para cubrir la mayoría de aspectos logísticos de las votaciones. La ganadora de la licitación fue Thomas Greg & Sons, multinacional a la que el presidente Gustavo Petro le quitó el proceso de expedición de pasaportes y la misma por la que este año dijo que “desconfía” de la transparencia de las elecciones del 2026.
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Según el presidente, además de una posible opacidad en el software de escrutinio, el hecho de que Thomas Greg maneje los kits electorales implica que todas las elecciones están en sus manos. Sin embargo, lo cierto es que, además de que el software ahora es propiedad del Estado, los procesos están divididos y requieren la contratación de otras firmas.
Según las autoridades electorales, el conteo de los votos, la clave de todo el proceso, no está a cargo de ningún privado, sino de los jurados y luego de los jueces en la etapa del escrutinio. Eso sí, durante el proceso de selección de contratista, lo que generó ruido fueron los comentarios de otras firmas interesadas que señalaron que las condiciones hacían casi imposible competir con una empresa que lleva casi 20 años ganando contratos electorales. Al final, la Registraduría no encontró méritos en esos reclamos y Thomas Greg fue el único proponente.
Otro de los contratos jugosos para el 2026 es el de los servicios para la consolidación y divulgación de las votaciones. Como lo anticipó este diario, la favorita para quedarse con este proceso de COP 47.900 millones era la firma española Indra, pues, al igual que sucede con Thomas, ha sido la que en los últimos años ha controlado dicha etapa de los comicios. El proceso contratado consiste en verificar y consolidar los datos electorales obtenidos del procesamiento electrónico del preconteo para su posterior publicación en la página web de la entidad.
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Indra ha participado, entre otras, en las territoriales de 2011, 2015, 2019 y 2023, las legislativas y presidenciales de 2014, 2018 y 2022, el plebiscito por la paz de 2016 y la consulta anticorrupción de 2018. Además, fue la encargada de diseñar el software o “solución informática” para el escrutinio electoral, que, como ya se indicó, fue comprado por la Registraduría y entregado al CNE. Precisamente, este año también se ganó otro contrato, por COP 7.100 millones, para la actualización y mantenimiento del sistema.
Como lo reveló El Espectador, tres grandes ejecutivos de Indra visitaron la Casa de Nariño a finales de 2024, lo que llamó la atención debido a la relación de esta empresa con las elecciones y otros grandes contratos con el Estado. La firma le dijo a este medio que la reunión se llevó a cabo con un asesor de Palacio y que fue exclusivamente para tratar temas de una alianza en temas de seguridad. Sin embargo, un documento de la Presidencia señala que tres directivos “ingresaron a la Casa de Nariño para reunión con el señor presidente Gustavo Petro”.
Además de estos procesos, la Registraduría ha contratado el alquiler de Corferias (COP 7.600 millones), un paquete de seguridad informática (COP 41.000 millones con UNE-EPM) y ha destinado cerca de COP 36.000 millones para pautar en medios públicos y privados y fomentar la participación ciudadana. A la lista se suma un convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por COP 25.000 millones, para realizar una auditoría externa a los procesos electorales y a los sistemas involucrados. Así las cosas, en esta entidad se han firmado 27 contratos.
Las movidas del CNE para los comicios
La contratación de la máxima autoridad electoral enfocada en 2026 viene de la mano con su empoderamiento como una entidad que pasó de ser una extensión de la Registraduría a tener una casilla propia en el Presupuesto General de la Nación. Luego de que el gobierno Petro incluyera un artículo al respecto en su Plan de Desarrollo, el CNE se transformó en un organismo autónomo e independiente.
Como ya se indicó, además de manejar su propia plata, se trata de un monto abultado, como el de COP 1 billón para este año. De hecho, la semana anterior el CNE demostró esa fuerza de caja y firmó un contrato por COP 384.000 millones para adquirir servicios de tecnología para la postulación y acreditación de testigos electorales, observadores y auditores de sistemas para las elecciones de Congreso, consultas interpartidistas y presidenciales. Se trata del segundo convenio más caro para las próximas elecciones.
La empresa ganadora fue LinkTic S.A.S., que ha llamado la atención porque en el último año ha tenido un “boom” de contratación con el CNE, pues ha firmado cuatro acuerdos que suman COP 54.000 millones, todos destinados al mismo tema: brindar una solución integral tecnológica, informática y de servicios para la acreditación de testigos o el desarrollo de funciones de inspección y vigilancia de la entidad.
En varios de estos procesos, según conoció este diario, se presentaron observaciones de otros proponentes señalando que podría existir un favorecimiento a LinkTic. “Diferentes empresas interesadas manifestaron el favorecimiento al contratista actual de la entidad, al incluir una prueba de concepto de la solución completamente desarrollada y al solicitar certificados de experiencia en desarrollo de un software con igual alcance. Se entiende que la entidad debe garantizar la idoneidad de la empresa a contratar para propender que los servicios sean ejecutados a cabalidad y cumpliendo todas las especificaciones y funcionalidades requeridas, pero lo que no se entiende es que se desconozcan los tiempos de desarrollo requeridos para una solución como esta”, se lee en uno de los comentarios sobre un contrato de COP 15.000 millones.
El CNE respondió que el objeto del proceso es una prestación de servicios integrales y no un desarrollo de software, “por lo que no resulta acertada la afirmación: ‘lo que no se entiende es que se desconozcan los tiempos de desarrollo requeridos para una solución como esta’”.
Para las elecciones de 2026, el tribunal electoral también contrató por COP 26.000 a la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán para implementar una solución tecnológica para la relatoría de la corporación, y firmó justo en la semana de Navidad otro por 34.000 para hacer auditoría de los componentes tecnológicos y logísticos contratados para la cita a urnas de 2026. De esta manera, por este lado de la organización electoral se han destinado COP 445.000 millones en la materia.
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Estas billonarias inversiones son un eje más de todo el proceso electoral, pues, más allá de los 30 contratos mencionados, en medio de la creciente ola de violencia en varias regiones, la fuerza pública, la Unidad Nacional de Protección y otras entidades han desplegado sus recursos para intentar “blindar” el llamado a urnas. La UNP, por ejemplo, ya destinó COP 30.000 millones para garantizar vehículos blindados a los candidatos. Este contrato lo ganó la empresa GMW Security Rent a Car, que aparece en la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por supuesta cartelización de las camionetas blindadas. La entidad intentó firmar dos contratos similares, uno por COP 12.000 millones y otro por COP 18.000 millones, pero fueron declarados desiertos porque los proveedores no cumplieron con todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros.
Toda esta movida contractual se da en medio de los problemas de caja del Gobierno para enviarles los recursos a las entidades. De hecho, en diálogo con El Espectador, el registrador Penagos dijo que en diciembre no se le pudo girar a varios proveedores, pero que espera que desde este mes se normalicen los pagos. Eso sí, el funcionario aclaró que no cree que haya riesgo para los comicios. “Ya está contratado todo, pero la caja no deja de ser un tema en el que los proveedores están permanentemente escribiendo, exigiendo y solicitando lo que tienen que tener para su pago. Pero de ahí a decir que ponga en riesgo el proceso electoral, para nada”, explicó. A comienzos de este año, además, deberán enviarle desde la entidad al Ministerio de Hacienda la solicitud de recursos para las consultas que se realizarán en la misma fecha de las legislativas.
El factor fiscal también tiene al Gobierno de pelea con el poder regional, pues esta semana los gobernadores se rebelaron contra su emergencia económica y plantearon echar mano de la figura de excepción de inconstitucionalidad para frenar los nuevos impuestos con los que el Ejecutivo busca fondear sus arcas. El presidente Petro y sus ministros ya analizan cómo responder en este frente de batalla, esto sin perder de vista el objetivo de reelegir a su proyecto, con mayorías en el Congreso y con un presidente que mantenga la línea petrista en la Casa de Nariño.
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Por David Efrén Ortega
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