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La escena de una funcionaria escoltada saliendo hacia una capital departamental para preservar su vida y evitar que se repita una tragedia como la que algunas horas antes se registró en otro municipio, que dejó una persona muerta, prendió todas las alarmas por las posibles incitaciones a desmanes y líos de orden público por cuenta de los resultados que salieron de las urnas el pasado 29 de octubre. Y no es un tema sencillo de abordar, pues los riesgos son muy altos.
La persona fallecida es Duperly Arévalo, una funcionaria de la Registraduría de Gamarra (Cesar), quien perdió la vida tras un ataque criminal contra la sede de la entidad electoral en la que estaba. Murió incinerada el pasado sábado mientras se resguardaba de las llamas en un baño; hay una recompensa de $50 millones por información que permita la captura de los responsables. Y la mujer que logró huir de su lugar de trabajo tras una asonada estaba en Manaure (La Guajira) y fue trasladada hacia Riohacha.
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Se trata de Linelys Navarro, quien se encontraba en la sede de la Registraduría de Manaure cuando desconocidos atacaron ese lugar para mostrar su inconformidad por cuenta de los resultados que dejaron las urnas y que obligó a que el Esmad y otras autoridades, en la noche de este lunes -24 horas después de los comicios-, tuvieran que intervenir para evitar una tragedia igual a la de Gamarra.
Pero esos dos casos, registrados en las últimas 72 horas y que prendieron alarmas en varios estamentos judiciales y dentro de las mismas autoridades electorales, no son los únicos que se han presentado. De hecho, la seguidilla de intentos de asonadas y la posibilidad de que se registren más atentados tienen a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando de forma constante al Gobierno que, a través del Ministerio de Defensa, haga mayor presencia con Policía y/o Ejército en las 62 poblaciones en las que hay alertas por empates técnicos o resultados apretados tras las votaciones del domingo; entre estas al menos tres capitales departamentales.
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En efecto, las apretadas votaciones que se dieron en Santa Marta (Magdalena), Puerto Inírida (Guainía) y Cúcuta (Norte de Santander) tienen en análisis de las mesas escrutadoras si es o no necesario hacer algún tipo de conteo adicional, pero también a la Fuerza Pública atenta para evitar algún desmán. Lo que sí han advertido es que todo el material de votación ya fue digitalizado y subido a internet, por lo que los ataques a las edificaciones públicas no podrían cambiar los resultados.
El caso de Santa Marta es la disputa entre Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana (el partido de izquierda del renunciado exgobernador Carlos Caicedo), quien obtuvo 85.504 votos, y Carlos Pinedo, del movimiento Santa Marta Sí Puede (apoyado por sectores políticos tradicionales), cuya aspiración logró 85.222 sufragios. En Puerto Inírida la pelea es entre Arturo Alexander Sánchez, del movimiento Una Nueva Historia (respaldado por los partidos Cambio Radical, Liberal y Conservador), quien obtuvo 6.763 votos, y Edgar Antonio Murcia, también de Fuerza Ciudadana, candidatura que llegó a 6.710 sufragios.
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Y en Cúcuta el tema es más por el escrutinio tras la votación que se dio entre Jorge Enrique Acevedo, del movimiento Todos por Cúcuta, que llegó a 89.759 votos, y Jose Leonardo Jácome, del movimiento Cúcuta Avanza (respaldado por los partidos de la U, Liberal y Conservador, además del clan del condenado Ramiro Suárez Corzo), el cual se quedó con 87.445. Y hay un caso más que se registra, entre otros, en la Gobernación del Amazonas, de la cual el presidente Gustavo Petro ha querido sacar pecho; allí Óscar Sánchez (Pacto Histórico) logró 14.256 votos, mientras que su rival, Octavio Benjumea (La U), sumó 13.935 sufragios.
Situaciones similares hay en Cartago (Valle), Tiquisio (Bolívar), La Paz (Cesar), Balboa (Cauca) y, entre otros varios, en Facatativá (Cundinamarca). Además, se sabe que hay alertas en San José de Pare (Boyacá), Maní y Tauramena (Casanare), Tibú (Norte de Santander) y algunas otras regiones en las que la violencia se hace latente. Incluso, se sabe que es necesario mirar si en algunas de estas zonas hay o no presencia de grupos ilegales que estén sacando provecho de este inconformismo; o, incluso, si lo están promoviendo.
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“Todo esto es gravísimo, ya llevamos registrados varios hechos de violencia y al menos 40 son clarísimos contra el certamen electoral”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). Y agregó que “se tienen que dar todas las garantías y se deben hacer acordonamientos de la Policía a los lugares en los que se estén analizando los escrutinios, así como identificar a todo aquel que entra a estos procesos”.
Barrios también advirtió que es necesario que los jefes de los 35 partidos políticos que avalaron a alguno de los más de 128 mil candidatos que se presentaron en las urnas el pasado domingo emitan un comunicado contundente rechazando esta oleada de violencia.
Su llamado no es menor, pues desde que el registrador Nacional, Alexander Vega, anunció que hay empates técnicos en al menos 62 poblaciones y que eso podría derivar en ataques violentos, los voceros de las colectividades han permanecido, en su mayoría, en silencio. Esto, incluso, coincide con la alerta temprana que lanzó la Defensoría del Pueblo tres días antes de las elecciones, cuando advirtió que había al menos 123 municipios con alertas de asonadas tras las votaciones.
No obstante, el presidente Petro rechazó esas alertas y advirtió que, en algunos casos, lo que se buscaba era generar “burbujas” para direccionar votos, lo que le valió un enfrentamiento con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien lo acusó de “estar desconectado de la realidad”.
De hecho, según reportes de la Defensoría, hasta la tarde de este martes se habían registrado 98 eventos violentos de diversa índole en 86 municipios de 24 departamentos. No obstante, Petro no se ha pronunciado, ni siquiera en redes, para rechazar esta situación o llamar a la calma, aunque fuentes de la Casa de Nariño advirtieron que sí está analizando la situación para tomar medidas.
“Las principales motivaciones de los manifestantes fueron el desconocimiento de los resultados electorales, con un 42%, la mayoría de estos eventos debido a la escasa diferencia de votos entre uno y otro candidato; la denuncia de posibles irregularidades electorales, con un 29%, principalmente relacionadas de eventos de posible fraude electoral”, dijo la entidad en un informe remitido a varias entidades gubernamentales.
En medio de este panorama, según confirmó El Espectador, para este domingo 5 de noviembre se estará convocando a una elección complementaria en el municipio de Ricaurte (Nariño), pero solo para votar por concejo y alcaldía y únicamente en 38 mesas ubicadas en la cabecera urbana. En este municipio se suspendieron los comicios el pasado 29 de octubre por amenazas de disidencias contra un candidato y ahora solo falta que la Gobernación departamental emita el decreto para la nueva cita a urnas.
Y en Santiago (Putumayo) se presentaría una situación similar, pues en ese municipio se registró la quema de material electoral por inconformismo con los resultados y el señalamiento de que había tarjetones previamente marcados. Si se repiten o no los comicios es una decisión que se conocerá en las próximas horas.
Por ahora, se sabe que hay varias autoridades y entidades vigilando el desarrollo de estas acciones abiertamente ilegales, pues las amenazas son latentes y lo que se quiere evitar es que se registren más ataques y otras muertes producto del inconformismo electoral. Además, se espera un mensaje claro de la Casa de Nariño y del propio Petro, la cual aún, pese a estas 98 alteraciones documentadas de orden público, está pendiente de emitirse.
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