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Si en algo coinciden las tres últimas alertas que igual número de entidades han lanzado por posible riesgo de acciones violentas y de la ejecución de delitos electorales, de cara a los comicios regionales del 29 de octubre próximo, es que son tres los departamentos que concentran el mayor número de municipios sobre los cuales ronda con fuerza la sombra de intereses ilegales y opacos que quieren incidir sobre la forma de votar de sus habitantes.
En efecto, de acuerdo con lo registrado por la Defensoría del Pueblo, la Registraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE), el azote de la violencia puede repercutir con mordacidad en Cauca, Valle y Nariño, regiones que –dependiendo del reporte– han sido escenarios de acciones que prendieron las alarmas en cuanto a orden público y garantías electorales. Eso sí, no necesariamente en cada documento aparecen como los de mayor riesgo.
De acuerdo con la Defensoría, y según lo consignó en la alerta temprana 030 sobre el contexto electoral, solo en 60 días se documentaron 204 acciones violentas de grupos armados ilegales en varias regiones del país, lo que se traduce en que, diariamente, hubo un promedio de 3,4 hechos ilícitos. El reporte cobija todo lo sucedido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre pasados.
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Al desmenuzar esa radiografía, en las que se responsabiliza a las disidencias, al Clan del Golfo y al ELN –con dos de esas organizaciones ilegales hay andando acercamientos de paz con la administración de Gustavo Petro–, se detectó que los departamentos con la mayor afectación fueron Norte de Santander, con 20 hechos; Arauca, con 15; Nariño, con 12; Bolívar, con 9; Cauca, Antioquia, Guaviare, Huila y Valle; con 3; y les siguen Chocó, con dos; y Putumayo, con una.
Este asunto motivó que se exigieran acciones urgentes en estas regiones, pues cuando se comparó esa cifra de 204 hechos contra la jornada electoral perpetrados solo dos meses, con lo ocurrido entre el 1 de enero y el 31 de julio, se evidenció un preocupante aumento de la violencia. En este último periodo mencionado se registraron, en total, 173 de estas conductas.
“Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Incluso, advirtió que las acciones hasta ahora desplegadas por el Gobierno para prevenir estas situaciones negativas “son insuficientes”.
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Pero no solo de ahí se desprenden las alertas. Al ponerle la lupa al reporte que, en el mismo sentido realizó la Registraduría, quedó establecido que hay 143 municipios en riesgo y que están ubicados –en su mayoría– en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Meta.
“Las Fuerzas Militares y de Policía van a desplegar allí mayor pie de fuerza, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad en este proceso electoral”, aseguró el registrador Nacional, Alexander Vega.
A la estrategia de seguridad que se refiere, que se bautizó como “Plan Democracia 2023″, que implica el despliegue de al menos 150.000 uniformados de todas las fuerzas para que protejan las 119.875 mesas de votación que se desplegarán el 29 de octubre próximo. El movimiento de tropas, precisamente, comenzó este jueves.
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A todo esto se le suma, lo cual coincide de alguna manera con los dos documentos anteriormente mencionados, que el trabajo que viene realizando la MOE en territorio sirvió para alertar que durante los primeros 11 meses de este 2023 –con corte al 29 de septiembre–, se detectaron 653 hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales.
De acuerdo con los registros de la MOE, la mayoría de esos ataques se han perpetrado contra liderazgos políticos (436), lo que implica un incremento del 92% respecto al mismo periodo en 2019.
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“Es de destacarse que 179 acciones violentas han sido dirigidas a personas candidatas a las elecciones locales, 30 de las cuales corresponden a violencia letal, con 22 atentados y 8 asesinatos. Territorialmente, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Santander concentran el 33,5% de estos hechos violentos y el 56,7% de la violencia letal contra candidaturas”, enfatizó la MOE en su documento.
En todo caso, la coincidencia de departamentos en los tres informes, que también aparecen en los documentos internos que tiene el Ministerio de Defensa sobre riesgo electoral, prendió todas las alarmas de seguridad para que los 38,9 millones de ciudadanos que hacen parte del censo electoral, incluyendo a 4.301 extranjeros, puedan ejercer su derecho al sufragio en los comicios que modificarán el mapa político regional.
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