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Según su experiencia, ¿las campañas electorales en Colombia, en los últimos tiempos, han sido tan duras, insultantes y con tanta polarización de los seguidores de cada candidato como esta o la actual es la más complicada?
La contienda electoral es, en principio, una lucha por el acceso al poder político que trae consigo una fuerte confrontación de las campañas. En tal sentido, la confrontación es propia de las contiendas presidenciales. Lo novedoso, en esta oportunidad, fue que el enfrentamiento entre candidatos empezó muy temprano por las consultas interpartidistas. Y con ese enfrentamiento, también se adelantó la campaña negativa que, por regla general, es una estrategia de la segunda vuelta en la que hay dos aspirantes y muy poca diferencia numérica entre ellos. Esa campaña negativa desnuda la tensión actual en el país: hay dos Colombias que no quieren comprenderse ni reconciliarse, dos Colombias que tienen miedo a continuar con las mismas políticas públicas de hace veinte años o cambiar por algo desconocido.
¿Ese miedo es un sentimiento siempre destructivo o puede convertirse en positivo?
El miedo es siempre negativo, lo que les impone a los candidatos la reconducción de sus campañas para llevarlas a una temática de esperanza. Pero están exacerbando ese sentimiento a falta de propuestas y se quedan en frases como la del “salto al vacío”. ¿Qué proponen unas y otras campañas en materia de educación, de economía, de salud, de derechos? Hasta ahora, hemos escuchado poco sobre esos temas. Hay que exigirles a los candidatos que se centren en las materias de fondo, pero no solo a ellos: también a los medios de comunicación durante sus debates, a la academia, a las organizaciones que los invitan, etc. No deberíamos permitir que se limiten a las frases efectistas.
¿Cree que el hecho protuberante de que un candidato que, sin pertenecer a las clases sociales o políticas tradicionales, es el favorito en las encuestas ha alterado los ánimos hasta llegar a una situación de riesgo institucional?
Sí se han alterado los ánimos: la irrupción de personas distintas a las que tradicionalmente han estado en el circuito de la representación pública y la alta probabilidad de que esas personas ganen la elección ha movido los cimientos de la clase política tradicional, porque esta y la sociedad, en general, no están acostumbradas a tener en la contienda a quienes no encajan en los círculos de las familias, los clubes y el linaje tradicionales. En la historia colombiana del poder no hemos contado con una verdadera alternancia: del Frente Nacional pasamos a la atomización de los partidos y, después, llevamos veinte años con formas de gobierno similares. Pero no creo que se presente una situación de riesgo; al contrario, el hecho de que estén surgiendo nuevos liderazgos es un buen síntoma.
Esta campaña también es diferente por la presencia disruptiva, si se puede llamar así, de una mujer afrodescendiente y de la periferia social y geográfica (Francia Márquez) en una posición destacada de la contienda. ¿Las élites colombianas tienen cultura democrática de acatamiento ante un eventual triunfo electoral de alguien como ella para ocupar la Vicepresidencia de la República?
Estoy convencida de que sí. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares que realizó el DANE, el 14,3 % de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP) accede a la educación superior, lo que significa que se encuentra 4,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional; la tasa de desempleo de la población afrodescendiente, en 2019, era de 12, 5%, o sea, dos puntos porcentuales por encima del total nacional; y la tasa de desempleo de las mujeres afros alcanzó, ese mismo año, el 17,4 %; es decir, 8,8 puntos porcentuales por encima de la de los hombres de su etnia. Por estas realidades, la presencia de una mujer afrocolombiana, campesina, líder social en temas ambientales, inteligente y que habla claro y fuerte es claramente disruptiva.
Pero le insisto, ¿será aceptada en todas las capas sociales, en su opinión?
Ella representa un mensaje de esperanza en un país en donde se está rompiendo el molde. Guardadas las proporciones y en distintos contextos, cuando Barack Obama fue elegido candidato demócrata en la campaña de Estados Unidos, muchos medios de comunicación y varias estrategas electorales centraron la discusión en su condición afroamericana con el fin de crear miedo y tensión. Al final se impuso el cambio y el país no se resquebrajó. Tengo la esperanza de que contemos con suficiente cultura política para aceptar el cambio, si esa es la decisión de la mayoría de los ciudadanos.
Pero los ataques insultantes contra ella han sido de una dimensión sorprendente, aun estando en un país tan desigual y clasista como Colombia. ¿No es este un anticipo de que lo que sucedería si Márquez llegara a triunfar?
Esos insultos están enmarcados en estereotipos de discriminación, puesto que a las personas con las características sociales de Francia Márquez se las ubica —en el imaginario social— en otros escenarios y se parte de la base de que no ocupan puestos de decisión. En este caso, ella no solo está rompiendo los estereotipos, sino que lo hace, como ya dije, hablando duro y claro. Además, se trata de una mujer inteligente que ha logrado despertar en los votantes que participan en las elecciones por primera o segunda vez una chispa de confianza en el circuito de la contienda y en la posibilidad de que gente como ella logre ascender en la escala social y, sobre todo, pueda acceder a altos cargos de dirección.
¿Las incitaciones al odio de las que han sido víctimas varios candidatos y particularmente ella, además de ser un delito que se penaliza en Colombia, constituyen, para usted, expresiones de discriminación por cuál razón: clase social, género, racismo, extremismo ideológico, temor o por otras emociones y cuáles?
Es un caso claro de discriminación por todo lo que usted señala. La ley sobre la materia establece que constituyen actos de hostigamiento aquellos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad. Ahora, específicamente ¿qué se considera acto discriminatorio? La Corte Constitucional (T-335/19) establece que es “la conducta, actitud o trato del que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o colectivo con fundamento en estereotipos o prejuicios sociales o individuales, ajenos a la voluntad del afectado”. En la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez confluyen distintas categorías sospechosas de discriminación, y reitero: mujer, negra, campesina y líder social.
Esta campaña también parece caracterizarse por el repentismo y la superficialidad de los mensajes si no de todos, sí de unos candidatos con buena favorabilidad en las encuestas. ¿Así son las campañas modernas o la de Colombia es una excepción?
Al contrario: en las campañas, en todas partes y por regla general, aparecen narrativas específicas y proyectos de país. Reitero que la campaña negativa se inició muy temprano y no se centró en propuestas trascendentes sino en la exacerbación de sentimientos, de apoyo emocional a un candidato o en contra de otro candidato. El discurso predominante ha tenido como eje el miedo, como hemos dicho, y el temor al cambio. Pero eso no es lo deseable ni lo mejor para Colombia.
Hablando de propuestas, una que se tomó el debate público, recientemente, fue la que se redujo, sin mucha explicación, al término “perdón social”, entendido como una especie de amnistía a los condenados por cualquier delito. ¿Cuál fibra emocional nacional tocó esa posibilidad para crear el escándalo que produjo?
Con ese término apareció el fantasma del perdón generalizado a quienes infringen las normas y cometen delitos sin que haya una sanción, una reparación o alguna contraprestación. No se conceden perdones sociales abiertos, porque nadie tiene la representación total de la comunidad. El denominado “perdón social” revivió las tensiones del proceso de paz, en cuanto a que, para los ciudadanos, es complejo entender que se concedan beneficios a quienes han cometido delitos con el agravante de que, en este caso, no se habló de ninguna renuncia, aceptación de culpas ni reparación del daño. Además, dejó la impresión de que se trataba de un pacto oculto.
¿En derecho constitucional existen pactos colectivos de perdón que se puedan considerar éticos, por ejemplo, el Acuerdo de Paz de Colombia, o nunca las sociedades se pueden reconciliar de esa manera, sino que deben someterse a la imposición de un sector sobre el otro?
El Acuerdo de Paz constituyó la reconciliación de la sociedad colombiana mediante muchos procesos complejos y con la creación de herramientas fuertes. Por eso no se puede asimilar a lo que implicaría un perdón social generalizado que, en todo caso, es un concepto muy gaseoso que no ha sido explicado y que, tal como pareciera ser, no cumple con el estándar internacional de derechos humanos.
El autor de la propuesta del “perdón social” (Petro) representa un sector ideológico contrario al otro autor influyente de la política nacional (Uribe), que también hizo una propuesta similar, pero bajo otro nombre: “Amnistía o borrón y cuenta nueva”. ¿Por qué cree que la primera produjo escándalo y la segunda no, pese a que son similares?
Por la forma: la propuesta de amnistía e indulto sucedió en el marco de una reunión informal con algunos miembros de la Comisión de la Verdad y, la del perdón social, en el entorno de la campaña negativa de esta contienda electoral. Sea como sea, el sentimiento de impunidad produce gran malestar en la ciudadanía.
De otro lado, en esta campaña parecen haberse borrado las fronteras institucionales y los límites constitucionales y legales; por ejemplo, con la eliminación de una porción de la Ley de Garantías electorales y la violación abierta de la prohibición de participación en política por parte de altos funcionarios públicos. Para usted, ¿esta violación de normas incide en los resultados?
Aprobar reformas que son abruptamente contrarias al texto constitucional no es respetuoso con el ordenamiento jurídico. Es una mala práctica. El Gobierno y el Congreso de la República aprobaron esa reforma (a la Ley de Garantías) a sabiendas de que violaba la reserva de ley estatutaria contemplada en la Constitución. Esa medida desequilibró la contienda porque hizo coincidir la ejecución de convenios interadministrativos con la campaña. En cuanto a la participación en política de los miembros del Gobierno como ministros o consejeros presidenciales, esta crea un desbalance y viola la regla de neutralidad del Gobierno en tiempos de campañas, lo que pone el poder que ejerce como autoridad al servicio de uno de los contendores.
¿Está de acuerdo en que tal conducta se repite por todas partes, ya sin disimulo, por la falta de independencia de las cabezas de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones?
La participación en política se produce, en primer término, porque quienes se encuentran en los más importantes cargos del Ejecutivo no parecen tener claro su papel ni tienen la altura que requieren los estadistas. La relevancia del cargo no la otorga el vehículo en que se movilizan ni los escoltas que tengan los servidores públicos, sino la dimensión política de quien ostenta esa posición de liderazgo y, por supuesto, su propia conducta. Y a esta situación se suma, en segundo lugar, que los organismos de control no actúan.
En concreto, el presidente Duque ha intervenido en la campaña controvirtiendo las propuestas de uno de los candidatos. Ante las críticas que ha recibido, ha contestado que “seguirá opinando por el derecho a la libre expresión” que tiene y lo hará “en contra del populismo, la posverdad y la polarización”. ¿Cuál es su opinión sobre el comportamiento del jefe de Estado en este campo?
El presidente simboliza la unidad nacional y está obligado a cumplir rigurosamente el ordenamiento jurídico y a promover el interés general y el bien común. Él tiene un poder-deber de comunicarse con la ciudadanía, pero es diferente a la libertad de expresión que se les reconoce a los ciudadanos comunes. La Corte (T-1191/04) dijo que “el poder-deber del presidente difiere sustancialmente de la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, y más bien constituye (…) un mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e informada”. Y en otra sentencia (T-1062/05), la Corte expuso que “las alocuciones públicas del presidente no son absolutamente libres (…)”. El jefe de Estado no puede participar en política, no puede tomar parte en las controversias políticas ni puede referirse a las propuestas que expongan los candidatos. Constituye causal de mala conducta y podría conducir a la presentación de una queja contra él ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por indignidad y mala conducta.
Tal vez pocos lo denuncian porque saben que la Comisión de Acusaciones no lo investigará. Aun sabiéndolo, ¿cree que se debería hacer ese ejercicio?
Es un deber formular la queja. Se sabe que la Comisión de Acusaciones no funciona generalmente, pero, al final del día, hay que reconocer que ha tomado algunas decisiones; es decir, que ha respondido a su función. Recuerde los expedientes Pretelt, Malo y Bustos, entre otros.
¿Por qué el centro, la posición que se identifica con la moderación política, se encuentra tan desprestigiado en Colombia?
Se debe a que el proyecto de centro no ha logrado emocionar a los electores, tal vez, porque no ha divulgado propuestas convincentes.
Pero, al menos en teoría, el centro político es recomendable precisamente para alejar los extremismos y sus presuntas intenciones de “exterminar” al contrario, pero aquí se le desprecia…
Las posturas ideológicas de izquierda y derecha son notorias y claras. Pero el centro, aunque tiene espacio, no parece haber definido posiciones en temas claves de economía, derechos, justicia y otros; y, ante todo, no ha transmitido con eficacia las razones por las que valdría la pena apoyarlo.
Se siguen presentando objeciones sobre el desempeño profesional del registrador Vega y persisten las voces que piden suspenderlo o nombrar un registrador “ad hoc”. Para acabar de completar la incertidumbre, la Corte Constitucional acaba de tumbar la reforma electoral. ¿Cómo salir de este embrollo sin quebrantar el orden legal?
El funcionamiento de la organización electoral aguanta, incluso, una crisis como la actual por la solidez que tiene como institución. Cambiar las reglas de juego, en este momento, puede producir un efecto más negativo y no va a solucionar nada. Hay que respetar las reglas y subir los controles, pero no romper el orden. La caída del Código Electoral es irrelevante, porque esa reforma no se podía aplicar en estas elecciones.
“Un escenario de cambio no sería una luna de miel pero puede funcionar”
Usted quiere ser optimista pero el contexto político que estamos presenciando es preocupante ¿Por qué espera que las personas que han ejercido tradicionalmente el poder, algunas de ellas, de escasa elaboración intelectual, acatarían el resultado en las urnas si es favorable a quienes tienen orígenes culturales diferentes?
Creo que este momento obliga a que seamos cautelosos en los mensajes. Obviamente, un escenario de cambio como el que comentamos, si llegara a presentarse, no sería una luna de miel pero, insisto, Colombia cuenta con historial de respeto por los resultados electorales y por eso no creo que lleguemos a rupturas institucionales. Tendríamos que construir una relación compleja y difícil. Sin embargo, al final, podría funcionar. Ya sucedió con algunos mandatarios en las alcaldías (de Bogotá, Cali. etc.) que no hacían parte de las clases tradicionales de poder y no llegamos a situaciones de ruptura total. El fenómeno que está sucediendo en la actual contienda debería emocionarnos positivamente por la posibilidad de que haya nuevos escenarios públicos y nuevos actores en esos escenarios.
“El proceso electoral tiene muchos controles”
A las situaciones de tensión que rodean esta campaña electoral, se suma el mal desempeño del registrador Álex Vega que ha dejado gran desconfianza en los resultados ¿Usted cree que la débil democracia resistirá las dudas en el proceso debido a la pobre gestión de liderazgo en esa entidad que arbitra las elecciones?
Las elecciones tienen diferentes instrumentos de control y existen distintas instancias: comisiones escrutadoras municipales y departamentales conformadas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos; también cuenta con mecanismos de reclamación y difícilmente se puede orquestar un fraude con tantos actores. El proceso de escrutinio es escalonado, con revisiones y controles por parte de autoridades administrativas, municipales, distritales y departamentales. Y, por último, está el Consejo Nacional Electoral. Además, existen los controles judiciales de la jurisdicción contenciosa administrativa, como la acción de nulidad. Sin lugar a dudas, todo modelo es susceptible de mejoría y Colombia necesita un cambio. Sin embargo, el actual diseño ha permitido que se desarrollen las elecciones del Congreso y presidenciales con tranquilidad y seguridad.
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