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Con el resultado de la revisión de más de 3.500 expedientes de posibles inhabilidades para aspirar a alguno de los cargos de elección popular que están en juego en las regionales del 29 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desató una tormenta política que puso de forma directa los reflectores sobre su funcionamiento y la independencia política que pueden tener quienes conformar este tribunal.
El que los 8 magistrados actuales del CNE, el noveno fue hace poco suspendido por posibles inconsistencias en su hoja de vida, tengan origen partidario y que varios de ellos sean ‘quemados’ de las anteriores elecciones a Congreso, tiene a sectores políticos antagónicos poniéndose de acuerdo en cómo buscar una reforma de fondo a su operatividad o, incluso, analizando la viabilidad de acabarlo.
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En efecto, lo que ha venido ocurriendo en los últimos cinco días en esa instancia, que incluye eliminación del tarjetón de candidatos fuertes en varias regiones, llevó a que el mismo presidente Gustavo Petro, junto a fuertes opositores suyos como integrantes de Cambio Radical y del Centro Democrático, coincidieran en que se debe buscar una alternativa. Es claro que por ley el CNE puede borrar de un plumazo una aspiración, pero es precisamente el contexto electoral lo que tiene los dardos de diversos sectores dirigidos contra sus decisiones.
Y todo porque en varias regiones sacaron de la carrera a actores de diversa índole anulándonos de los tarjetones –vía administrativa–. Por fuera quedaron desde cuestionados de la talla del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, quien buscaba por firmas la alcaldía de Maicao (La Guajira), hasta herederos de clanes como Patricia Caicedo, aspirante a la alcaldía de Santa Marta y hermana del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.
Además, de forma colateral, terminaron por fuera empresarios como Tulio Gómez, accionista del América de Cali y candidato a la Gobernación del Valle, y políticos tradicionales como el excandidato presidencial e imputado por corrupción, Rodolfo Hernández, quien quería llegar a la Gobernación de Santander.
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“Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo. Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”, advirtió Petro, quien incluso se refirió de forma directa al caso de Hernández para rechazar la anulación de su inscripción.
El actual presidente del CNE es Alfonso Campo Martínez (Partido Conservador) y está acompañado en el liderazgo de la entidad por Maritza Martínez (Partido de ‘la U’). Además de ellos, quienes vienen modificando vía administrativa los tarjetones del 29 de octubre son César Lourduy (Cambio Radical), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Cristian Quiroz (Alianza Verde), Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Pablo Julio Cruz (Comunes, con voz, pero sin voto).
(“Han sido golpeadas las alternativas políticas”: Petro vuelve a criticar al CNE)
Ese origen partidario –que hoy los tiene enfrentando una nueva oleada de dardos y polémicas– ha sido, precisamente, la génesis de cuestionadas decisiones en el pasado. Por ejemplo, cuando el actual registrador Nacional, Alexander Vega, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, oficiaban como magistrados del CNE se dieron los cierres de las investigaciones contras las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Ambos casos estaban conectados por el escándalo de corrupción de Odebrecth.
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Si bien Camargo como Vega coincidieron en su momento en que no existían nexos con la corrupta constructora brasileña, autoridades de distinta índole han dicho que sí hubo ingreso de dineros posiblemente irregulares a esas campañas presidenciales.
Pero querer acabar con el CNE o al menos modificar su origen no un tema nuevo. Se viene intentando desde los dos gobiernos del expresidente Santos, pasando por el de Iván Duque y ahora en el de Petro; aunque no necesariamente con el apoyo de los mandatarios de turno. Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de reforma política que, entre otros aspectos, propone modificar su operatividad.
Uno de sus autores, el senador Humberto de la Calle, quien le dijo recientemente a El Espectador que “el hecho de que los magistrados sean postulados por los partidos ha profundizado su grado de incidencia en las autoridades electorales y en las decisiones que deberían tener independencia”. Otra de las propuestas es crear una corte electoral, pero tampoco cuajó en el Legislativo.
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En todo caso, los magistrados del CNE siempre han defendido su idoneidad para cumplir las funciones que les dio la ley, muy parecida a las que ejecuta la Sección Quinta del Consejo de Estado –que resuelve asuntos electorales–, pero la intervención directa sobre las próximas regionales los tiene en medio de discusiones que este viernes incluyó un capítulo internacional.
La razón es que la candidata a la Gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, quien resultó beneficiada por la caída de la aspiración de Tulio Gómez precisamente por el CNE, advirtió que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar garantías, ya que, a su juicio, los dardos de Petro a las decisiones del Consejo Electoral ponen en riesgo la estabilidad institucional del país.
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