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A la llegada del presidente Gustavo Petro a Egipto, en la fila de funcionarios que lo recibieron estuvo Luz Elena Martínez Kasab, una de las 46 personas que lideran misiones de Colombia en el exterior y que no hacen parte de una carrera diplomática que el autodenominado “Gobierno del cambio” prometió potenciar. Esa escena se vivió el viernes, exactamente dos días después de que en Arabia Saudita fuera Rayan El Barkachi Abou Trabi, otro embajador de esa lista, quien hiciera lo mismo.
Esos dos nombres, que jugaron un papel protagónico durante el paso de Petro por tres países árabes –este fin de semana también llegó a Catar en medio de sus más de 70 salidas al exterior en sus tres años de mandato–, son parte de los nombramientos de los que ha echado mano el Ejecutivo para darles representatividad a las fuerzas que lo acompañan, una práctica natural de cualquier administración. Sin embargo, hay un dato no menor detrás de todas estas designaciones.
El Espectador accedió a reportes de la Cancillería en los que se confirma que Colombia tiene 90 personas reconocidas como embajadores dentro de la carrera diplomática y que, en ese sentido, hay 73 embajadas y seis delegaciones que podrían estar liderando. No obstante, solo 26 tiene posesión actualmente de esos cargos.
Eso quiere decir —descontando las que no tienen una cabeza oficialmente al mando— que el servicio exterior del presidente Petro está liderado en un 58 % por personas que no son de la carrera que prometió fortalecer para darle protagonismo precisamente en estos cargos. De acuerdo con los reportes en poder de este diario, Colombia sí tiene líderes diplomáticos certificados para encabezar la totalidad de sus misiones en el globo, pero la designación con carga partidista sigue priorizada.
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Esos 46 nombramientos —entre los que están políticos que respaldan el proyecto progresista como la excanciller Laura Sarabia (Reino Unido), el exministro de Transporte Guillermo Reyes (Suecia) y el exministro del Interior Alfonso Prada (Francia)— generan erogaciones mensuales de USD 596.850. Sus salarios se pagan en dólares, que al precio promedio actual equivalen a unos COP 2.300 millones.
Pero la radiografía política de la diplomacia actual es más amplia. En efecto, hay embajadas en las que la nómina incluye a dos embajadores —hay casos en los que este número es más grande—, pese a que solo uno ejerce formalmente ese cargo. Por ejemplo, la sede diplomática de España es liderada por Eduardo Ávila Navarrete, quien apoyó a Petro desde el momento cero de su campaña en 2022, y a su lado tiene a cuatro personas, estas sí de carrera, que tienen rango y sueldo de embajador y que deben desempeñar roles de menor escalafón.
Un caso similar se presenta en Venezuela, país liderado por el régimen de Nicolás Maduro y con el que el jefe de Estado restableció relaciones tras su llegada al poder. Allí oficia como embajador Milton Rengifo, un politólogo que entre otras cosas trabajó con Petro durante su paso por la alcaldía de Bogotá; a su lado hay una persona de la carrera diplomática con rango y salario de embajador, pero que se desempeña como cónsul general.
Y, según un decreto que se firmó esta semana, a Caracas también llegará a trabajar Yoynel Moya, quien ofició como mano derecha del polémico pastor Alfredo Saade cuando estuvo como jefe de Despacho de la Casa de Nariño.
En esos mismos documentos a los que tuvo acceso este diario, el Ministerio de Exteriores deja claro que “todos los embajadores de carrera diplomática y consular se encuentran nombrados en empleos del nivel directo, en la planta de cargos” de esa cartera y, en caso de no estar liderando misiones diplomáticas, están como ministros plenipotenciarios o cónsules centrales generales, que son, en todo caso, rangos menores. Si bien está permitido por la ley que puedan ocupar esos puestos y esa práctica ha sido usada para completar puestos vacíos y son esenciales para el servicio, no pasa de agache que haya personas competentes para ocupar puestos de embajadores y no lo estén haciendo.
Todo esto hace parte de un ajedrez diplomático que está siendo sacudido por la dura tensión que hay entre Colombia y Estados Unidos, por cuenta de las diferencias ideológicas y de visión de Estado que tienen los presidentes Petro y Donald Trump, la cual escaló al punto de dejar al jefe de Estado como el primer mandatario en ejercicio en estar incluido en la llamada lista Clinton por supuestamente beneficiar con sus políticas públicas a sectores narcotraficantes. Esto, por supuesto, lo rechaza el mandatario y lo justifica en su rechazo a varias de las acciones desplegadas por la Oficina Oval que lidera el magnate republicano.
Además, se registra en momentos en que el propio presidente le ordenó a su canciller Rosa Villavicencio, actualmente sin visa por la pelea entre Bogotá y Washington, hacer una cirugía a fondo al servicio a exterior para modificar requisitos y otros ítems que den acceso a embajadas y a la propia carrera diplomática. El argumento del mandatario es abrir el espectro a otros sectores que, desde su visión, no han tenido acceso a ese tipo de espacios.
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Y la pelea es frontal. Tanto en sus redes como en declaraciones públicas, el mandatario pasó de asegurar que le daría preferencia a la carrera diplomática a señalar a sus integrantes de no estar alineados con su proyecto político. De hecho, el debate ya trascendió a lo normativo: con la resolución 10142 del 9 de agosto de 2025 —hoy demandada por asociaciones y sindicatos de la Cancillería—, se redujeron los requisitos para llegar al cargo de embajador y se abrió la puerta para facilitar los nombramientos políticos, que ahora no tendrían siquiera que cumplir con la cuota de un segundo idioma acreditado diplomáticamente.
Incluso, ha tocado lo judicial, pues 45 de estas designaciones han sido demandadas y anuladas en tribunales, incluyendo puestos de cónsules. A la fecha, la Cancillería reconoce únicamente entre los embajadores caídos en estrados a Álvaro Moisés Ninco Daza, un activista del Pacto Histórico del que El Espectador reveló hace más de un año el uso posiblemente irregular de la embajada en México que en ese momento lideraba.
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Pero los otros casos están en una fase distinta. El embajador en Suecia y exministro de Transporte, Guillermo Reyes (Partido Conservador), quien tuvo una decisión adversa en el Tribunal Superior de Cundinamarca en abril de este año por no contar ni con la experiencia profesional ni con un segundo idioma acreditado, se mantiene en el cargo por una apelación que suspendió la nulidad y ahora tiene el cargo en manos del Consejo de Estado.
Esta es la demanda que se presentó contra Reyes:
“Tumben los que nos tumben en las cortes se reemplazan por las personas que siguen la línea del presidente en materia internacional, porque soy, por Constitución, el director de las relaciones exteriores de Colombia”, aseguró el presidente en el consejo de ministros del pasado 29 de septiembre.
Es una afirmación que está inscrita en el artículo 189 de la Carta Política, pero desde las asociaciones y sindicatos reclaman que no se trata de un “cheque en blanco”. Esos nombramientos han tocado —tal y como los de sus antecesores— a misiones diplomáticas con relaciones difíciles de manejar. Un ejemplo es la de Estados Unidos, que nunca ha tenido en este gobierno, ni en varios de los anteriores, un diplomático de carrera. Actualmente, está a la cabeza Daniel García-Peña, viejo conocido del mandatario, excónsul general en París de 2012 a 2015, y quien tiene la tarea de sobrellevar las tensiones crecientes con la administración Trump.
En 2022, cuando era candidato, Petro dirigió no pocas críticas a la administración de Iván Duque por ese mismo tema. Este diario se dio a la tarea de revisar las designaciones con nexos políticos hechas en la diplomacia colombiana entre el 7 de agosto de 2018 y esa misma fecha en 2022: se emitieron 76 decretos con nombramientos de embajadores que no eran de la carrera diplomática y que incluyeron a figuras como el hoy candidato presidencial por Verde Oxígeno y exministro, Juan Carlos Pinzón, y el exvicepresidente Francisco Santos Calderón como cabezas de la delegación en Washington.
A su llegada al poder, uno de los primeros ministros que nombró Petro fue Álvaro Leyva —hoy enemigo del mandatario— y lo hizo en la cartera de Exteriores. Durante el inicio de su gestión aseguró que se le daría “preferencia a la carrera diplomática” y que por eso dijo haber logrado un 40 % de designaciones de funcionarios de carrera.
Ahora, tres años después y cuando la actual administración entró en su ocaso en medio de una polarizada campaña electoral, esas intenciones parecen haberse olvidado. Y no solo por la radiografía que ahora revela este diario, sino por lo que advirtió Julián Silva, presidente de Asodiplo (una de las tres organizaciones de trabajadores que tiene la Cancillería).
“Hay algunos embajadores, por ejemplo, que están en escritorios. Tener una persona de 25 años de experiencia haciendo lo que hace un tercer secretario es un poco complicado. Nosotros tenemos más de 90 embajadores, entonces, el hecho de que haya embajadores que no están nombrados ni como embajador, ni como cónsul general, ni dentro de cargos directivos, es una discrepancia”, enfatizó Silva.
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A lo que se refirió el agremiado toca al erario. Cuando una persona es designada como embajadora, siendo de libre nombramiento y remoción, recibe el pago que indica la ley: un sueldo básico de USD 4.528, una prima especial de USD 8.447 y una suma adicional correspondiente al costo de vida, cuyo monto es fijado trimestralmente. Además, tiquetes y viáticos son pagados para asegurar la llegada de esos funcionarios y de sus familias al lugar de la misión diplomática.
Para la carrera diplomática, el salario no depende del puesto, sino del escalafón que haya logrado. Para ser embajador, una persona tendría que tener décadas de experiencia en el servicio diplomático e, incluso si está fungiendo como cónsul o un cargo menor, recibe el mismo monto que un embajador político, al que se le añade un adicional por el beneficio de vivienda.
“Estamos hablando de que hay una erogación presupuestal mensual de casi USD 40.000 en dos personas, sabiendo que en muchos casos un embajador político no dura mucho tiempo. Si estamos hablando de que el presidente Petro quiere nombrar embajadores ahora mismo, van a durar hasta el 7 de agosto de 2026, por lo que muy probablemente no van siquiera a completar el año”, agregó Camilo Vizcaya, presidente de Unidiplo (otra de las agremiaciones).
Aunque este diario consultó a la Cancillería sobre toda esta polémica, desde el equipo de la ministra Villavicencio se limitaron a responder que la jefa de la diplomacia colombiana “está en Egipto” y que por ahora le es “imposible responder” a estos temas. En todo caso, hay situaciones similares y no exentas de debate en las misiones diplomáticas de Panamá, Argentina, Italia, Alemania, Austria, Perú, Países Bajos, las Antillas Holandesas, Paraguay, Suecia, Corea del Sur, China, Bélgica, Suiza e Irlanda del Norte: son lugares donde hay al menos un funcionario de carrera que podría desempeñarse como embajador y no lo hace.
Desde sindicatos y asociaciones han hecho públicas sus críticas contra este tipo de nombramientos y han buscado diálogos con todos los cancilleres que han llegado al “Gobierno del cambio”. De acuerdo con los representantes de estas organizaciones, esperan reuniones en las próximas semanas y Villavicencio ha estado abierta al diálogo.
A otro con el que buscan dialogar es el actual director de la Academia Diplomática, Harol González Duque, profesional en estudios políticos y relaciones internacionales, quien llegó a reemplazar a una funcionaria de carrera en el puesto y viene de ser el vicepresidente de Asuntos Internacionales en la Colombia Humana, el partido que fundó Petro. El Espectador también lo contactó para conocer de su trabajo en ese despacho, pero hasta la fecha de publicación no contestó.
Así las cosas, las promesas hechas a la carrera diplomática parece que fueron incumplidas, aunque le quedan nueve meses a la primera administración de izquierda pura en el poder y no serán menores los movimientos que ocurran en el servicio diplomático en pleno el año electoral. Incluso, no se descarta un quinto ajuste en la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Por María José Barrios Figueroa
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