Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La millonaria pelea entre la Cancillería y la empresa Thomas Greg & Sons, por la licitación de pasaportes, ya escaló a instancias judiciales y disciplinarias. Aunque es una discusión técnica y jurídica, lo cierto es que la postura del Gobierno frente a la negativa de permitir que licitaciones con un solo oferente ganen los proyectos, ya ha tomado tintes políticos.
Lea: Cancillería vs. Thomas Greg: la pelea jurídica que comenzó por la licitación de pasaportes.
El canciller Álvaro Leyva, a través de su cuenta de X, se refirió a la empresa como un “cartel de pasaportes”. Y dijo, seguro de su decisión de no conciliar, que el Estado ganaría en los tribunales. Aunque esa primera afirmación no ha sido cuestionada por la empresa, podría acarrear nuevos procesos penales para el funcionario.
Hasta ahora el proceso entre el Gobierno y Thomas Greg es únicamente administrativo. De hecho, la Contraloría advirtió este miércoles que, en caso de perder el juicio, esta entidad tendría que abrir procesos por responsabilidad fiscal. El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, aclaró que lo que sucedería sería embargar las cuentas y los bienes de quienes se encuentren responsables en el proceso, es decir, en caso de que el Estado pierda el pleito, uno de los sancionados podría ser el canciller Álvaro Leyva, independientemente de si para el momento de la decisión sigue en el cargo diplomático.
Sin embargo, la figura de Leyva en el Gobierno no está del todo sólida. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño le dijeron a este diario que para después del 15 de enero el presidente Gustavo Petro estaría pensando en hacer nuevos relevos en el gabinete. Y entre los nombres de quienes podrían salir de los ministerios está, justamente, el de Leyva. Desde hace seis meses uno de los que suenan para reemplazarlo sería el hoy embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Aunque por ahora solo son sonajeros.
Lea también: Gobierno Petro ha adquirido más de 5.000 hectáreas para excombatientes de FARC.
Expertos señalan que, como mínimo, los primeros resultados del pleito en el caso se podrían dar en cinco o seis años. Hasta ahora las sanciones serían únicamente económicas; sin embargo, en caso de que se abran expedientes penales por el caso, Leyva no podría pagar cárcel intramural porque la medida no aplica para personas mayores de 80 años. Lo que sí podría suceder es que, si determinan que hubo faltas disciplinarias, podrían destituir y suspender a las personas responsables de sus cargos públicos.
Por eso, algunos expertos concluyen que una de las medidas que debe tomar el Gobierno en este caso es, por lo menos, nombrar a un canciller ad-hoc para el relacionamiento con Thomas Greg & Sons. Los abogados David Vargas y Hernando Cortés le dijeron a este diario que la empresa podría comenzar un proceso formal para recusar a Leyva, “alegando las causales que establece la ley y que, por tanto, el canciller sea apartado del asunto de la licitación”. Aclararon que quien decidiría sobre esa decisión, en caso de que la empresa lo recuse, es el consejo de ministros en pleno.
Más allá de los líos jurídicos que deberá asumir el Estado ahora, en el interior de la Cancillería todavía hay varias contradicciones por el proceso. El recién nombrado abogado apoderado de la entidad, Ernesto Matallana, hace apenas 20 días había compartido la posición de la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, cuando afirmó que la mejor posición para el país era conciliar.
Puede interesarle: El enredo de las personerías jurídicas: 37 partidos y una reforma política pendiente.
En su momento escribió en su cuenta de X: “Comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato. Se debe revocar la declaratoria de desierta y adjudicar para reducir el riesgo de demanda”.
No obstante, esa posición cambió después de haber sido nombrado como defensor de la Cancillería en este caso. De hecho, recientemente le dijo a este diario que en el pleito defendería la posición de que “se vulneró el principio de selección objetiva cuando se hizo el pliego de condiciones, que debería de haber más participantes y que no se respetaron las reglas de igualdad y competencia. Si se hubiese adjudicado el contrato a TGS, cualquier hubiera podido demandar señalando este mismo escenario, es irse por el proceso penal”, afirmó.
Thomas Greg, por su parte, se va a amparar en la Ley 80 para argumentar que en Colombia no son ilegales los procesos licitatorios con un solo oferente, siempre y cuando, este cumpla con las condiciones solicitadas. Es el caso de la firma que viene siendo el operador para la elaboración de los pasaportes en los últimos 17 años, y que para este nuevo contrato obtuvo 1.000 puntos sobre 1.000 posibles en la calificación.
Aunque Thomas Greg & Sons demandó por $117 mil millones por las utilidades que esperaba recibir por la ejecución del contrato (que estaba previsto para que costara $600 mil millones), el mismo exabogado de la Cancillería, Germán Calderón España, habló de que la sanción del Estado, en caso de salir responsable, podría ser de hasta $300 mil millones. El proceso, en todo caso, apenas comienza.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
Por Valentina Parada Lugo
Conoce más