Empadronamiento en el Código Electoral

Como se sabe, fue el expresidente Álvaro Uribe quien en su fallido estatuto antiterrorista de 2003, que tumbó la Corte Constitucional, intentó establecer dicha figura, consistente en que todos los ciudadanos deberían tener un registro domiciliario e informativo, lo que en su momento fue calificado como una violación a los derechos fundamentales de la intimidad y la libertad. La idea de Uribe era autorizar el censo de poblaciones que se encontraban en zonas afectadas por la violencia para facilitar a las autoridades el control de infiltrados y evitar la operación de grupos de apoyo urbano a la guerrilla o los paramilitares.

Y, siendo rigurosos, la figura podría ser revivida por el gobierno Santos en el título II del nuevo Código Electoral, que habla del “registro electoral” y en su artículo 13 plantea que se obtendrán los siguientes datos: “Los nombres, apellidos de los ciudadanos, fecha y lugar de nacimiento, tipo sanguíneo, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, lugar de residencia permanente, el número de cédula de ciudadanía, número de pasaporte, día de la muerte y lugar, pérdida o suspensión de los derechos políticos”.

Pero el meollo del asunto es que toda esa información podrá ser utilizada por el Estado y los organismos de investigación, gracias al artículo 23 de la misma iniciativa, el cual se refiere a la reserva de los datos personales que aparecen en el registro electoral y plantea que “la información (…) tiene el carácter de reservado y únicamente podrá ser suministrada a las autoridades competentes para que obren en investigaciones judiciales”. Es decir, las autoridades, tal como lo planteaba el estatuto antiterrorista, podrán acceder a los datos personales de los ciudadanos contenida en el código de barras que maneja la Registraduría Nacional.

El mismo ministro del Interior, Germán Vargas Lleras —quien fuera ponente de la iniciativa de Uribe—, reconoció la posibilidad de que estos datos sean empleados por autoridades diferentes a las electorales, al manifestar que “el registro electoral, que se mantendrá actualizado, tiene como fin evitar el transfuguismo, pero también es una información que puede ser tenida en cuenta para otros propósitos. Esta es un figura que permitiría a las autoridades ejercer un mejor control”.

El tema no es del todo novedoso. Hace pocos días, el representante a la Cámara conservador y ponente de la reforma la justicia Heriberto Sanabria había planteado la posibilidad de incluir el empadronamiento en el articulado de dicha iniciativa, posibilidad que fue descartada por Vargas Lleras, ya que viciaría su trámite al no haber sido debatida en el Senado. En su momento, Sanabria propuso que “las autoridades locales, en coordinación con la Fuerza Pública, pudieran adelantar el tema del empadronamiento, porque las personas de bien en Colombia no tienen por qué vivir con temor de registrarse, o vivir escondidas, como muchos bandidos lo hacen”.

Frente a la posibilidad de revivir esta polémica figura en el Código Electoral, el senador liberal Juan Manuel Galán, coordinador ponente, manifestó que “el empadronamiento fue polémico en el pasado porque hizo parte de una legislación que tenía como intención combatir el terrorismo. Acá no tiene nada que ver con seguridad, sino con asuntos netamente electorales. Además, está regido por el habeas data, que es la ley marco en materia de acceso a la información personal y reservada de los ciudadanos”.

El debate en firme del proyecto quedó para el próximo martes y a él están invitadas todas las principales autoridades en materia electoral. Desde ya se espera que el ‘reencauche’ del empadronamiento sea un tema prioritario y que se establezca un marco legal para proteger la información personal de los ciudadanos, para evitar violaciones a la intimidad de parte de las agencias de investigación del Estado.